Blanca Estrada, de 73 años, es investigada por su posible vínculo con la pérdida de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
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Foto: Redes Sociales
Luego de adquirir nueve camionetas de lujo con un valor de 1.7 millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que no usarán las unidades y que buscarán devolver la flotilla que suma un gasto superior a 15 millones de pesos.
En su momento, la adquisición fue defendida como una medida preventiva ante los riesgos que enfrentan los ministros; sin embargo, el anuncio generó críticas por contradecir el discurso de “austeridad republicana” que el propio Poder Judicial ha sostenido.
En conferencia de prensa, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, informó que las unidades no serán utilizadas y que intentarán devolverlas; en caso de no ser posible, se reasignarán a las personas juzgadoras que “realmente las necesiten” por motivos de seguridad.
Sostuvo que “la austeridad no es un acto simbólico” y que buscará un equilibrio entre seguridad y uso responsable de los recursos públicos.
Aguilar detalló que desde 2010 se establecieron esquemas de seguridad para los ministros, que incluyen el uso de vehículos blindados, y que hasta 2025 se habían adquirido 43 unidades, algunas de las cuales fueron heredadas por administraciones anteriores como parte de sus haberes de retiro. No obstante, reconoció que la reciente compra provocó inconformidad social, motivo por el cual se inició un proceso para desincorporar las nuevas camionetas.
Finalmente, el presidente de la Corte aseguró que los principios de “austeridad” seguirán vigentes y que estos ajustes no afectarán el funcionamiento del Poder Judicial; aunque en redes sociales, los usuarios dejaron claro que, al menos esta vez, después del escándalo, la austeridad tuvo que corregirse.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.