El pueblo de México pagará las consecuencias negativas de la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promueve en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la producción de este energético y que recientemente recibió el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros de la Corte otorgaron un respiro al Presidente para que su iniciativa de reforma eléctrica sea aprobada en la Cámara de Diputados y “sepulte” en septiembre la de 2013, que logró establecer el expresidente Enrique Peña Nieto. A juicio del actual mandatario, la LIE vigente privilegia a los empresarios privados en detrimento del “pueblo”, propicia la corrupción y el saqueo; y asegura que su propuesta, en cambio, sí beneficiará a los mexicanos.

Los partidos políticos de oposición y los especialistas en energéticos aseguran, sin embargo, que la reforma de AMLO pondrá en manos de la CFE la producción monopólica de la electricidad –además de la comercialización, que ya posee– a pesar de carecer de la infraestructura para generar el volumen necesario y satisfacer íntegramente la demanda nacional.

Cuestionan también los críticos, entre quienes se hallan empresarios nacionales e internacionales, la reforma energética porque, en la producción adicional de electricidad, la CFE está recurriendo al uso de combustibles fósiles como carbón y combustóleo, con lo que aumenta la contaminación ambiental en varias regiones del país, mientras se desplaza la producción de energías limpias.

La actual LIE da prioridad a las inversiones de empresas productoras de energía limpia, como la solar y la eólica, que resultan más baratas y menos contaminantes; pero la reforma propuesta por AMLO ordena que en la producción de electricidad se priorice el consumo de los citados combustibles fósiles debido a que el principal proveedor de combustóleo es Petróleos Mexicanos (Pemex) y el carbón mineral es extraído por varios empresarios cercanos a su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena); entre éstos el senador morenista Armando Guadiana.

A todo esto hay que sumar que la CFE se encuentra en virtual quiebra debido a varios factores, entre los que destacan su política de subsidios al consumo, su mala administración y al presupuesto insuficiente para cubrir sus necesidades de gasto. En 2021, la paraestatal perdió 95 mil 371 millones de pesos (mdp), pero su actual director general, Manuel Bartlett Díaz, atribuyó tales pérdidas al Covid-19.

Entre las consecuencias más negativas de la cancelación de la reforma eléctrica de 2013 se encuentra la inminente presentación de decenas de amparos por parte de empresas mexicanas y trasnacionales que han invertido en la producción de energías limpias y que hoy enfrentan la posibilidad de perderlas con la aprobación de la LIE obradorista.

Además, especialistas consultados por buzos pronostican que la CFE terminará comprando energía mucho más cara, incluso a un costo mayor a los mil 600 pesos, con los que produce el megawatt-hora, que es costo cuatro veces superior al promedio de 385 pesos con el que las empresas privadas generan esa misma cantidad de energía.

Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, organización civil orientada a la aplicación de ideas y estrategias para acelerar la transición energética sustentable en México– reveló a este semanario que “parte del problema de la CFE y parte de lo irracional de esta decisión –de cerrar las puertas a las energías renovables– es que no hay dinero en el Estado. El gobierno no tiene dinero para sus proyectos y no permite invertir a los privados y va más allá: los quiere frenar a toda costa”.

Portazo a la inversión privada

En febrero del año pasado, la mayoría de Morena aprobó, en la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica del Presidente y la turnó al Senado. Lo hizo con 304 votos a favor y 179 en contra por los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (PMC) y Verde Ecologista de México (PVEM), y cuatro abstenciones. La iniciativa había sido enviada el 30 de septiembre de 2020.

La reforma fue impugnada, además, por una demanda de inconstitucionalidad interpuesta ante la SCJN, cuya resolución fue emitida la semana pasada y declaró válidos los artículos más importantes de la reforma a la LIE. Fue así como los legisladores reintegraron a la CFE las atribuciones de un organismo de Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la responsabilidad de controlar, planear y regular el sistema eléctrico nacional.

La nueva legislación prevé reducir la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica del 62 por ciento, que actualmente tiene, al 46 por ciento. Es decir, la CFE debe producir el 54 por ciento de la energía que se consuma en México.

La reforma de AMLO propone la modificación de los Artículos 25°, 27° y 28° de la Constitución e incluye varios Artículos transitorios. La modificación del Artículo 25° establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, “las tareas estratégicas que se señalan en el Artículo 28°” concernientes a materiales radioactivos, litio y otros minerales estratégicos; así como la generación de energía nuclear, electricidad, y la exploración y extracción del petróleo. Aclara, además, que esta exclusividad no podrá ser considerada como una práctica monopólica.

La iniciativa energética ha sido proclamada por el gobierno morenista como una acción política de Estado para contrarrestar los abusos y las rapiñas que el modelo económico neoliberal ha practicado mediante la explotación de los recursos naturales en México, lo que en el discurso suena bien; pero que no parece compatible con la realidad actual, según los especialistas y los políticos.

Uno de los primeros argumentos contrarios con los que se topó la propuesta presidencial radica en la falta de capacidad de la CFE para producir la electricidad que requieren los 46.2 millones de usuarios en México, insuficiencia que los pondrá en riesgo de apagones, a decir de los críticos del proyecto.

Con la legislación impulsada en 2013 por Enrique Peña Nieto, el 62 por ciento de la electricidad consumida en el país provenía del sector privado y la CFE producía solo el 38 por ciento. Lo anterior era resultado de su reducida capacidad para producir energía y de la falta de inversión en el sector, situación que tampoco será superada; porque la actual reforma no contempla mayor inversión estatal para potencializar la producción de energía eléctrica.

Esta posibilidad solo existe en el discurso, como es el caso de la reciente aseveración de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien declaró que la reforma busca la “auténtica competencia justa de pareja, reconociendo los costos de producción para mantener una armonía en el mercado”.

Sin embargo, datos de la CFE advierten lo contrario, ya que de las 191 centrales con que cuenta la paraestatal, solo opera el 55 por ciento y el otro 45 por ciento está fuera de operación. Pero lo peor de ello es que la reforma no aclara cómo se resarcirá esta falta de operatividad en las plantas, ni cómo se garantizará el 65 por ciento de la electricidad que debe proveer.

Aunado a esto, el Gobierno de México incumplirá sus compromisos –asumidos en encuentros y organismos internacionales– de generar el 35 por ciento de su consumo eléctrico con energías limpias. Hasta 2013, el Estado mexicano no había contemplado generar electricidad con tecnología eólica y solar, y únicamente algunas empresas privadas lo realizaban desde varios años atrás.

Con respecto a este problema, la secretaria de Energía ha anunciado que el Estado impulsará la generación de energías limpias a través de 60 centrales hidroeléctricas con las que cuenta la CFE; pero esas generadoras solo aportan el nueve por ciento de la energía que se consume en el país. Obviando estos datos, la secretaria Nahle aseguró: “La CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales que México ha firmado, que el 35 por ciento de la electricidad sea limpia en 2024”.

Sin embargo, la analista en asuntos energéticos Rosanety Barrios explicó que “la única forma de que la CFE cubra dicho diferencial de demanda es haciendo uso de sus plantas térmicas; es decir, de aquellas que utilizan combustibles fósiles, lo que implica un incremento en las emisiones a la atmósfera, además de incrementar los costos de producción”.

En una colaboración con la organización no gubernamental (ONG) México Cómo Vamos, Barrios reveló que el país necesita de la libre competencia en el sector energético para que las inversiones privadas atiendan las áreas que la empresa del Estado no puede atender.

“Las plantas de generación de energía limpia de la CFE representan solo el 33 por ciento de toda su capacidad; mientras que las plantas que generan energía con combustibles fósiles equivalen a dos tercios de la capacidad total (…). Durante septiembre, la CFE inyectó en el sistema el 54 por ciento de la energía limpia; sin embargo, lo que nos debe interesar es si en un futuro esto podrá mantenerse. Como vimos en noviembre, con las hidroeléctricas sería imposible, ya que el porcentaje de demanda que se busca cubrir solo podría atenderse con las plantas termoeléctricas que dejaron de servir…”, detalló la especialista.

En su estudio, Rosanety Barrios señala que la CFE proyecta incrementar su capacidad productiva en un 12.5 por ciento; pero aclaró que el 78 por ciento de la nueva producción provendría de plantas de ciclo combinado y solo el 22 por ciento sería aportado por medio de energía limpia (hidro y solar). “Al hacerlo así, la proporción de capacidad de energía limpia/energía fósil, queda prácticamente igual que la actual; de hecho, la limpia pierde un punto porcentual en la integración total”.

¿Conflicto de interés en la SCJN?

Cuando la SCJN designó a la ministra Loretta Ortiz Ahlf como ponente del proyecto para analizar la constitucionalidad de la LIE, voces autorizadas se declararon en contra y advirtieron que podía incurrir en una acción de conflicto de interés, debido a que la ministra es militante del Partido del Trabajo (PT), aliado incondicional de Morena.

Ortiz llegó a la SCJN recientemente, el pasado 11 de diciembre, promovida por AMLO y avalada por el Senado de la República en sustitución del ministro José Fernando Franco González Salas. Fue diputada del PT en el periodo 2012-2015 y desde entonces se mostró afín a las ideas del hoy Presidente.

En su ponencia, la ministra concluyó que la reforma a la LIE no vulnera la libre competencia en materia de producción de energía eléctrica en el país; tal posición fue rechazada por la mayoría de los ministros de la Corte.

Sin embargo, después de la reciente aprobación por el pleno de la SCJN, trascendió que tanto los senadores como los diputados de oposición y las empresas privadas solicitarán amparos, e incluso recurrirán a tribunales internacionales para cuestionar esa resolución.

Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la propia Loretta Ortiz Ahlf avalaron integralmente el proyecto, cuya principal defensa se basó en que las reformas impugnadas no eran violatorias del contenido de los Artículos 14°,16°, 25°, 26°, 27° y 28° de la Constitución.

La ministra Norma Lucía Piña fue la única que votó abiertamente en contra del proyecto. El resto de los ministros, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron en favor de algunos Artículos y en contra de otros.

Fue así como el pleno de la Corte aprobó algunos de los artículos y que se mantenga vigente el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas de la CFE y que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) le dé prioridad mediante la siguiente distribución: hidroeléctricas, centrales de la CFE, energía eólica y solar de particulares y, finalmente, centrales de ciclo combinado.

De esta forma, la CFE se mantendrá por encima de la producción de energías limpias provenientes de empresas privadas; pues según el proyecto, no pueden satisfacer la demanda.

Oposición rechaza la reforma

Desde un inicio, los principales partidos de oposición rechazaron la reforma constitucional en materia eléctrica por considerarla “retrógrada” y anunciaron que no la aprobarán en la Cámara de Diputados si antes no se consideran sus propuestas. Morena y sus partidos aliados (PT y PVEM) no disponen de los votos para aprobar; ahora, el Presidente busca negociar con algunos legisladores de oposición.

En la alianza denominada Va por México, los partidos políticos difundieron una iniciativa de reforma común. Marko Cortés, presidente nacional del PAN, propuso a Morena y al Presidente que la consideraran, e indicó que ella también “busca que la gente pague menos en su luz”; pero insistió en que plantea que se autorice la instalación de “paneles solares para la generación de energía para consumo en casa-habitación” porque con ello “estaremos privilegiando el uso de energías limpias, que se corrijan los errores del pasado y se dé certeza a la inversión”.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, se inconformó con la propuesta presidencial porque considera que no se incluyó una sola de las muchas propuestas emitidas por especialistas, políticos y empresarios durante los 26 foros del Parlamento Abierto realizado durante tres meses.

“No vamos a acompañar una reforma que sea demagógica. No incluyeron nada de los foros que hicimos. El dictamen que se presenta es el de Palacio Nacional”, puntualizó el perredista. A esta posición se sumó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

La iniciativa de los partidos de oposición propone que el acceso a la energía eléctrica sea un derecho humano, que los ciudadanos puedan generar la energía que necesitan o comprarla a los precios más bajos y estables posibles, y no necesariamente adquirirla de la CFE.

Es decir, da oportunidad a las empresas más pequeñas para que puedan acceder al mercado eléctrico. También otorga autonomía presupuestaria y de gestión a la CFE para que opere fuera de los presupuestos de Egresos e Ingresos de la Federación, disponga de un órgano de gobierno independiente y profesionales como los corporativos privados, pero conserve su obligación de rendir cuentas como organismo público del Estado mexicano.

También propone que el litio sea considerado propiedad del Estado y que su aprovechamiento siga las mismas reglas del petróleo.

La especialista en políticas públicas Viridiana Ríos comentó que la reforma eléctrica del Presidente deja fuera las grandes necesidades de inversión que hoy requiere la CFE. “Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), tan solo sustituir la inversión y producción que actualmente realizan los privados y continuar con los subsidios eléctricos aumentaría en 67 mil mdp al año el presupuesto necesario para la CFE. Esto equivale a aumentar en 47 por ciento el gasto para la operación y mantenimiento de todas las centrales generadoras de energía y los subsidios a las tarifas eléctricas. Sin reforma fiscal, pagar la reforma eléctrica de Morena requeriría desaparecer partidas completas de gasto”, escribió en el diario Milenio.

Con respecto a este importante asunto, resaltó que los partidos políticos tampoco hacen énfasis en la inversión necesaria para la CFE, con lo que permiten que “Morena se salga con la suya… pero sin recursos, la única alternativa real para la CFE son la simulación, los apagones o el endeudamiento desbocado. Ello llevará pronto a otra contrarreforma. También apuestan a que el tema llegue a tribunales internacionales y a que, con las adiciones de los 12 puntos en materia de derechos humanos, la Corte se decante en favor de la producción privada”.