Con esta reforma, producida al modo y estilo de Morena, los mexicanos quedarán indefensos frente a los abusos y las actitudes indolentes de las autoridades.
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De acuerdo con el portal informativo www.ambito.com, el Vaticano, todavía con el Papa Francisco, encomendó al economista Joseph Stiglitz, premiado por el Banco de Suecia, y a Martín Guzmán, exministro de Economía argentino, encabezar una comisión con aproximadamente 30 especialistas para escribir un documento en el que se analizaran y propusieran “medidas urgentes y cambios estructurales en las finanzas internacionales” para aliviar la deuda pública mundial; el informe fue presentado el 20 de junio y ahora está respaldado por el Papa León XIV.
Según la información pública, el endeudamiento de los países dependientes, pobres y algunos emergentes, se profundizó considerablemente durante los últimos 10 años y al menos tres mil 300 millones de personas, es decir, 30 o 35 por ciento de la humanidad, vive en naciones donde se gasta más en servicios de deuda que en salud; y hay “54 países que destinan 10 por ciento de sus ingresos fiscales al pago de intereses”.
La buena intención del Vaticano que alerta, sugiere y promueve medidas urgentes y cambios estructurales para las economías mundiales, las cuales incluyen condonaciones o reformas en las legislaciones, encontrará serias limitantes debido a los intereses sociopolíticos en cada país, porque no se resuelven contundentemente las causas del magno endeudamiento actual; algunas de las crisis obedecen a la pandemia de Covid-19, al aumento en las tasas de interés (aspecto dominante del documento citado); pero, sobre todo, se debe a las dificultades político-económicas derivadas de los malos gobiernos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que ahora la deuda resulta más elevada y se incrementa rápidamente al 80 por ciento de la economía mundial; incluso se plantea que, si las tendencias actuales de endeudamiento no se detienen, la deuda pública global alcanzaría 100 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para 2030. “La carga de la deuda pública de más de dos tercios de las 175 economías es mayor que antes de la propagación del Covid en 2020”, publicó en mayo el Monitor Fiscal respecto a una relación entre la deuda pública y el PIB globales.
Los resultados del informe Stiglitz-Guzmán encargado por el Vaticano se debatirán en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo a efectuarse en Sevilla, España, del 30 de junio al tres de julio; se llevarán también a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante septiembre, en Nueva York, y a la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que se realizará durante noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica; tres son las propuestas fundamentales del informe: limitar “la capacidad de los fondos-buitre de recuperar ganancias extraordinarias de la deuda en dificultades”; reducir la tasa de interés previa al juicio que rige desde 1981 en Nueva York y que está fijada en nueve por ciento anual, ya que “beneficia principalmente a los acreedores litigantes e infla el valor de sus reclamaciones cuanto más tiempo permanece un caso sin resolver”; y aplicar “topes de recuperación” para los acreedores privados mediante condiciones de reestructuración aceptadas por acreedores oficiales de los países respectivos.
Sobre esto último, la comisión editora del documento, avalada por el Vaticano, llama al FMI y a los bancos multilaterales a eliminar políticas de rescate de facto para los acreedores privados ante las crisis en la balanza de pagos de los países deudores y a no imponer “políticas de austeridad asfixiantes”.
Hoy, cuando la tensión política mundial ha subido de tono tras los feroces ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, la incertidumbre sobre la deuda pública será mayor y se requerirán verdaderos cambios en las políticas fiscales; pero sobre todo, y sería definitivo, que los gobiernos nacionales tengan finanzas sanas y no endeudarse más; que implementen acciones para recaudar impuestos justamente, es decir, que se cobre más a los que pueden pagar más y, sobre todo, se gaste e invierta en lo que verdaderamente es necesario para la población: salud, educación, vivienda, empleos bien pagados y se gaste en infraestructura social.
Por lo pronto, el incremento de la deuda mundial está exhibiendo a malos y peores gobernantes de diversos países. Y debemos estar de acuerdo con Martín Guzmán cuando afirma que “una coalición decidida debe actuar para resolver las crisis de deuda y desarrollo o, de lo contrario, aumentará la desigualdad de oportunidades y se agravará la inestabilidad, con consecuencias desestabilizadoras a mediano plazo a escala mundial”. Por el momento, amigo lector, es todo.
Con esta reforma, producida al modo y estilo de Morena, los mexicanos quedarán indefensos frente a los abusos y las actitudes indolentes de las autoridades.
En el primer trienio de Berenice Hernández (2022-2024) en Tláhuac, la incidencia delictiva aumentó 20 por ciento respecto al mismo año de su antecesor Raymundo Martínez.
De los 615 municipios evaluados, 14 están bajo observación.
Aunque Hacienda proyecta un nivel de deuda de 52.3 por ciento del PIB, persisten riesgos por pasivos crecientes y menor espacio fiscal.
Con al menos un mes de anticipación, estudiantes de Oaxaca anunciaron que el pasado 23 de septiembre se manifestarían ante la conferencia “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Gobierno Federal consume alrededor del 17 por ciento de sus ingresos únicamente en pagos de intereses.
Desde que llegó Morena al gobierno la deuda en México se duplicó, asegura la oposición.
Los testimonios difundidos por los propios padres de familia son muy claros cuando se refieren a que destinan el recurso a la compra de alimentos porque los ingresos al hogar resultan insuficientes debido a los elevados costos de los productos.
Con pasivos laborales incluidos, la deuda total de la petrolera asciende a 150 mil millones de dólares, lo que equivale a más de dos billones de pesos.
México Evalúa alertó que el costo de los pasivos limita la inversión en sectores estratégicos como salud y educación.
Inicialmente debemos señalar que resulta preocupante la sostenibilidad de las finanzas, porque la recaudación en México es baja, igual que el aumento en diversos gastos; además, se invierte poco en educación, salud e infraestructura.
Edgar Amador señala que los vencimientos concentrados en 2025 y 2026 aumentan la carga sobre las finanzas públicas de México.
El PEF 2026 no prioriza la inversión, no fortalece los derechos sociales ni responde con realismo a las condiciones económicas del país.
Alcaldesa de Tláhuac niega vivienda a los pobres, pero autoriza zonas residenciales.
Los indicadores son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y “evalúan” 18 criterios; pero sólo son seis los encontrados por encima del promedio general.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).