Aprovechaban la información para representar a un grupo de víctimas, orientando sus casos a obtener la reparación de daños y pactaban “honorarios” de hasta una cuarta parte del monto.
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En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) denunciaron una creciente campaña de persecución, violencia e intimidación en contra de estudiantes en el estado de Oaxaca, particularmente contra quienes habitan en albergues estudiantiles.
Los estudiantes exigieron justicia, paz y orden; asimismo, demandaron que cesen los ataques, el hostigamiento y el despojo de espacios educativos. Advirtieron que, de persistir la omisión del gobernador Salomón Jara Cruz, escalarán sus movilizaciones a nivel nacional con el respaldo del Movimiento Antorchista.
“Si el gobernador de Oaxaca sigue ignorando estas agresiones, llevaremos esta lucha a todo el país. No pedimos privilegios, exigimos justicia”, sentenció Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista.
Los dirigentes estudiantiles denunciaron que este año han sido víctimas de tres ataques violentos en sus albergues. El primero ocurrió el 23 de enero, cuando un grupo armado con palos, piedras y armas de fuego irrumpieron en el albergue estudiantil Villas de Monte Albán, donde desalojaron y golpearon a un grupo de estudiantes.
El segundo ocurrió 26 de abril en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde entró la policía municipal ordenada por el presidente municipal César Figueroa para tomar el albergue Juan Manuel Celis Ponce, sin notificación ni aviso, bajo el argumento de que ese predio les corresponde; sin embargo, el terreno contaba con un convenio de comodato y le fueron liberados recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alrededor de 38 millones de pesos, para su construcción.
“De esos 38 millones de pesos se emplearon cerca de tres millones, pero, después se detuvo la edificación de la obra y ahora ya no encuentran esos 35 millones restantes. Contamos con las escrituras y documentos legales que comprueban que los estudiantes no son ningunos invasores”, comentó.
El tercero, el más reciente, ocurrió el 5 de agosto alrededor de las 21:00 horas, cuando sujetos armados a bordo de camionetas de lujo y sin placas irrumpieron por segunda ocasión en el albergue estudiantil Villas de Monte Albán, donde desalojaron violentamente a los jóvenes residentes dejando un claro mensaje: “sigan con su lucha y esto es lo que va a volver a pasar”.
Durante la conferencia, se detalló que, pese a que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ni la Policía Estatal ni los agentes de investigación acudieron al lugar para resguardar la integridad de los estudiantes o asegurar la escena del crimen. A la fecha, no hay detenidos ni acciones legales emprendidas por parte de las autoridades correspondientes.
El ingeniero Juan Celis, dirigente del Movimiento Antorchista en la región centro-sur, acudió a respaldar públicamente a la FENERRR, junto a otros líderes estatales y aseguró: “venimos a refrendar nuestro apoyo total a los estudiantes. La situación en Oaxaca es alarmante. Se están violando derechos humanos, se están robando recursos públicos y el gobierno pretende silenciar a los que luchan”.
También participó la representante estatal de la FNERRR, Isolda Morán, y el responsable de organización en Oaxaca, Rolando Reyes, quienes llamaron a otras organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de derechos humanos a sumarse a la exigencia por el cese de agresiones y la restitución inmediata de los albergues.
Con más de 80 mil estudiantes adheridos a la FNERRR en todo el país, la organización anunció que ya se preparan acciones de protesta en otras entidades y una jornada nacional de denuncia para visibilizar la crisis en Oaxaca.
No buscamos confrontación. Queremos estudiar, vivir en paz y tener una oportunidad. Pero si nos siguen ignorando, no nos quedaremos callados, de esta manera concluyó la conferencia de prensa y la comisión se dirigió al Palacio de Gobierno de Oaxaca en búsqueda de una audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz.
Aprovechaban la información para representar a un grupo de víctimas, orientando sus casos a obtener la reparación de daños y pactaban “honorarios” de hasta una cuarta parte del monto.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.