Los recientes y lamentables asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor, se suman a los altos índices de inseguridad y violencia que diariamente sufre la CDMX y gran parte de la República Mexicana, donde diariamente se registran 76 homicidios: uno cada 19 minutos. En el primer semestre del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, la cifra de crímenes fue de 17 mil 365, por lo que resulta inevitable suponer que la crisis delictiva se mantiene y escala.

La gran metrópoli del Valle de México, con 22 millones de habitantes, es la séptima zona más poblada del mundo; la primera es Shanghái (China), la segunda Nueva Delhi (India) y la tercera Tokio (Japón). Una mayor densidad poblacional podría mostrar como “natural” el aumento de la incidencia criminal y demás problemas, pero ésta no necesariamente debería ser una regla.

 En el Informe de incidencia delictiva del fuero común se revela que, hasta el 30 de abril de 2025, la CDMX ocupaba el segundo lugar de las ciudades mexicanas, con mayor incidencia delictiva correspondientes a 17 mil 689 presuntos delitos; el primer lugar fue para el Estado de México (Edomex), con 30 mil 501; y el tercero para Guanajuato, con 14 mil delitos.

El índice de Paz México 2025 reportó que siete de cada 10 personas (76.1 por ciento de las consultadas) no se sienten seguras en la capital de la República; y los homicidios dolosos aumentaron 5.8 por ciento en el último año, alcanzando una tasa de 11 por cada 100 mil habitantes.

La percepción de temor a la violencia de los citadinos alerta a las autoridades tanto de la CDMX como del Edomex; en ambas gobierna Morena. En la capital del país, el gobierno ha implementado algunas “novedosas” estrategias de seguridad, pero sus resultados no son alentadores. 

Por ejemplo, el jueves 27 de febrero fue considerado el “día más violento” en muchos años; ese día se registraron 14 asesinatos dolosos. Desde el inicio del mandato de Clara Brugada, las balaceras han sido una constante en las delegaciones Tlalpan, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. 

El lamentable suceso en el que perdieran la vida los dos funcionarios cercanos a la actual Jefa de Gobierno tiene su raíz en otros males que agobian a los capitalinos y a todos los mexicanos: el desempleo, los bajos salarios, la falta de viviendas populares y los deficientes servicios urbanos, de salud y educación. 

En otras palabras, las raíces económicas y sociales de la inseguridad y la violencia delictiva son la desigualdad, la pobreza, la marginación; grandes problemas nacionales que los actuales gobernantes de Morena, al igual que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no han podido resolver.

Resulta innegable el incremento de este año en la violencia generada por el crimen organizado; aumento que no sólo se advierte en el número de muertes vinculadas al narcotráfico, sino en las víctimas de la violencia política, las desapariciones, secuestros y extorsiones y cobros de piso a pequeños y medianos empresarios. 

Ahora no sólo hay masacres o enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas policiacas o militares, también ha crecido la cifra de asesinatos de activistas sociales, personajes políticos (alcaldes, regidores, candidatos, etc.) y funcionarios públicos, como el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz.

La CDMX y el país entero se desangran como nunca antes en la historia nacional. Si la presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quisieran acabar con esta crisis de inseguridad, deberían primero utilizar políticas sociales y económicas para atacar problemas como la pobreza y la desigualdad. 

Quizás medio año es poco tiempo para ver mejores resultados; pero se vislumbra difícil que éstos provengan de gobernantes “cortados con la misma tijera” y que sólo aplican políticas públicas que pueden calificarse de “mejoralitos” sociales. El tiempo lo dirá. Por el momento, amigo lector, es todo.