En Colombia, el gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro ha anunciado que está en marcha una reforma agraria en beneficio de los campesinos colombianos y que ésta es uno de los ejes de su jefatura. Una reforma agraria implica una serie de medidas y políticas legales, económicas y sociales a fin de modificar la tenencia y el uso de la tierra; implica, pues, volver a repartir la propiedad de la tierra, quitársela a los que la tienen y entregarla a la población, en este caso a los campesinos. Además, destaca el presidente Petro, esta reforma constituye el primer punto de acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El gobierno de Petro ha denunciado la altísima concentración de la propiedad de la tierra en su país. Hoy por hoy, dice, el uno por ciento de los propietarios de tierra en Colombia posee 65 por ciento de los suelos fértiles; buena parte de éstos (30 millones de hectáreas) es usada para la explotación ganadera que tiene un hato estimado de 30 millones; es decir, que en promedio cada cabeza de ganado tiene acceso a una hectárea de tierra. Esto es una aberración en un país en el que 1.8 millones de hogares campesinos poseen menos de una hectárea de tierra para trabajar. Los mismos reportes estiman que el potencial agrícola de Colombia es de 11 millones de hectáreas; pero que, actualmente, sólo se explotan cinco millones; esto es, menos de la mitad. De esta suerte, la reforma agraria resultará muy beneficiosa para detonar la producción agrícola y el empleo en un país en el que la concentración de la tierra ha provocado que buena parte de su riqueza natural esté ociosa.

Con lo dicho hasta acá, no cabe duda del compromiso del presidente Petro con su pueblo y de sus buenas intenciones. Desde su gobierno se está tratando de hacer una redistribución de los recursos que beneficie a los campesinos más pobres en un país en el que las élites no han escatimado el uso de la violencia física y el abuso de la ley para arrebatar cobardemente sus medios de trabajo a los productores; particularmente, para despojar de la tierra a los campesinos. Por eso, una reforma agraria que restituya a los campesinos sus medios de trabajo es una medida de necesaria y urgente justicia.

Para tener tierra que repartir, el gobierno considera dos vías: comprar la tierra, por un lado; y por otro, expropiar, mediante procesos judiciales, la propiedad que sea fruto de despojo o de compras con dinero de actividades ilegales. Por estos medios, y aun sumando donaciones que se han hecho de propietarios, en tres de los cuatro años de su periodo presidencial se han repartido 570 mil hectáreas, 20 por ciento de los tres millones de hectáreas que se comprometieron a repartir en los acuerdos de paz.

La reforma agraria colombiana, así como se plantea, tiene las uñas y los colmillos mellados y, como muestran sus resultados, no logrará sino arañar la superficie de la concentración de tierras y el empobrecimiento de los campesinos colombianos.

El presidente Petro llegó a la jefatura del gobierno colombiano con amplio respaldo popular y por medio de una mezcla de organizaciones políticas de ideología y propósitos heterogéneos. No obstante, tanto el apoyo popular como el de las organizaciones era fundamentalmente electoral. Esto es, no estaba amalgamado en torno a una visión común sobre los cambios que requiere la sociedad colombiana y del futuro de ésta. Un apoyo así es susceptible de dispersarse a las primeras de cambio. América Latina ha experimentado reiteradamente políticas y políticos que oscilan entre favorables a las masas de trabajadores y favorables al gran capital. No será así como el pueblo se libere; ésa tendrá que ser obra de los mismos trabajadores, de su organización y claridad de los objetivos y medios de su lucha.