Especialistas advierten falta de liderazgos consolidados.
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Pese a una suspensión provisional de un juez federal de Colima que frenaba la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto el domingo para hacer ley su propuesta que fue impulsada por Morena y aprobada por el Congreso de la Unión y Congresos locales.
En calidad de “testigo” y acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario dijo que el objetivo es “mejorar el Poder Judicial” y calificó al 15 de septiembre de 2024 como “día histórico”.
La reforma judicial de AMLO propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso electoral extraordinario previsto en dos etapas, el primero para 2025. El organismo con la responsabilidad de realizarlo será el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque los tiempos y costos del ejercicio son desconocidos.
De acuerdo con cálculos de especialistas, la elección de los juzgadores para el próximo año será de entre 10 mil 815 candidatos para seleccionar mil 481 cargos. Para 2027, se prevé elegir a cinco mil 229 entre 31 mil 345 postulados. Es decir, la reforma plantea una elección de seis mil 710 jueces, magistrados y ministros entre 42 mil 160 candidatos.
Entre los candidatos, los mexicanos tendrán que elegir a las cinco personas que integrarán el Tribunal de Disciplina, el órgano regulador del nuevo Poder Judicial.
Aunque el INE, a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el instituto cuenta con la capacidad para realizar el proceso electoral, el Consejo General no ha evaluado las formas y el presupuesto a requerir para hacerlo.
Especialistas advierten falta de liderazgos consolidados.
México necesita un partido del pueblo que busque cambiar la propiedad privada de los medios de producción y la injusta producción de la sociedad capitalista.
El órgano electoral rechazó registrar como partido a la organización ligada a exmorenistas por irregularidades en fiscalización y afiliaciones; sólo PAZ y Somos México podrán competir como nuevas fuerzas políticas en 2027.
Somos México y PAZ accederán a financiamiento público desde julio; el gasto total para partidos en 2026 asciende a siete mil 737 millones de pesos rumbo a las elecciones federales de 2027.
El documento de la UIF podría volver a generar debate durante la sesión. Si contiene observaciones sobre presuntas irregularidades financieras, algún registro aún podría ser rechazado.
El caso enfrenta dos controversias: determinar si Somos México violó la ley al afiliar a personas vinculadas con cultos religiosos y esclarecer si el INE protegió adecuadamente los datos personales de quienes buscan formar un nuevo partido político.
Es claro que dicha reforma refleja la preocupación de una intervención, sobre todo estadounidense.
El pueblo de México está mayoritariamente desorganizado y puede ser víctima de los discursos simplistas de la derecha.
El INE deberá resolver antes del 25 de junio las solicitudes de registro; la disputa por afiliaciones definirá quiénes podrán aparecer en la boleta de 2027.
El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
México se prepara para la elección concurrente más grande de su historia, con 18 mil 930 cargos de elección popular en disputa y 17 gubernaturas en juego.
México cosecha sólo 44 por ciento de los granos que consume.
Una investigación periodística señala que Impresores en Offset y Serigrafía ha recibido contratos de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias federales.
El regulador detectó serias deficiencias operativas, riesgos en el retiro de efectivo y omisiones contables.
El Estado redujo su papel como garante directo y la pensión pasó a depender cada vez más del ahorro individual y del negocio financiero.
Escrito por Redacción