Además del incremento salarial, la negociación incluyó compromisos para atender las condiciones de las instalaciones, con prioridad en sanitarios, accesos, materiales de limpieza, papelería y vigilancia.
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Pese a una suspensión provisional de un juez federal de Colima que frenaba la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto el domingo para hacer ley su propuesta que fue impulsada por Morena y aprobada por el Congreso de la Unión y Congresos locales.
En calidad de “testigo” y acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario dijo que el objetivo es “mejorar el Poder Judicial” y calificó al 15 de septiembre de 2024 como “día histórico”.
La reforma judicial de AMLO propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso electoral extraordinario previsto en dos etapas, el primero para 2025. El organismo con la responsabilidad de realizarlo será el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque los tiempos y costos del ejercicio son desconocidos.
De acuerdo con cálculos de especialistas, la elección de los juzgadores para el próximo año será de entre 10 mil 815 candidatos para seleccionar mil 481 cargos. Para 2027, se prevé elegir a cinco mil 229 entre 31 mil 345 postulados. Es decir, la reforma plantea una elección de seis mil 710 jueces, magistrados y ministros entre 42 mil 160 candidatos.
Entre los candidatos, los mexicanos tendrán que elegir a las cinco personas que integrarán el Tribunal de Disciplina, el órgano regulador del nuevo Poder Judicial.
Aunque el INE, a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el instituto cuenta con la capacidad para realizar el proceso electoral, el Consejo General no ha evaluado las formas y el presupuesto a requerir para hacerlo.
Además del incremento salarial, la negociación incluyó compromisos para atender las condiciones de las instalaciones, con prioridad en sanitarios, accesos, materiales de limpieza, papelería y vigilancia.
Los fondos serán reasignados a programas de diversas secretarías.
Los empleados rechazan evaluaciones y exigen modificar acuerdo del Órgano de Administración Judicial.
Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
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La mandataria promete cambios económicos y políticos, pero no fija plazos para la restitución de bienes ni para las elecciones.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que se revisarán las áreas directivas y los procedimientos de contratación.
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La Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación investigan presuntas irregularidades por más de 514 millones de pesos, posibles conflictos de interés y simulación de competencia en licitaciones; Taddei niega favoritismos.
El órgano fiscalizador reporta indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos; la investigación incluye a proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con los hechos.
La plataforma “INE. Siempre a la vista” permitirá consultar contrataciones, procedimientos, contratos, avances y pagos del Instituto en un solo sitio.
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Si ganan en 2027, la forma de administrar será la misma: gobernar con tarjetitas y comprar las conciencias de los mexicanos.
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Escrito por Redacción