Con el pre-registro en línea, los ciudadanos podrán enviar documentación de manera remota, lo que reducirá tiempos de espera.
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Pese a una suspensión provisional de un juez federal de Colima que frenaba la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto el domingo para hacer ley su propuesta que fue impulsada por Morena y aprobada por el Congreso de la Unión y Congresos locales.
En calidad de “testigo” y acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario dijo que el objetivo es “mejorar el Poder Judicial” y calificó al 15 de septiembre de 2024 como “día histórico”.
La reforma judicial de AMLO propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso electoral extraordinario previsto en dos etapas, el primero para 2025. El organismo con la responsabilidad de realizarlo será el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque los tiempos y costos del ejercicio son desconocidos.
De acuerdo con cálculos de especialistas, la elección de los juzgadores para el próximo año será de entre 10 mil 815 candidatos para seleccionar mil 481 cargos. Para 2027, se prevé elegir a cinco mil 229 entre 31 mil 345 postulados. Es decir, la reforma plantea una elección de seis mil 710 jueces, magistrados y ministros entre 42 mil 160 candidatos.
Entre los candidatos, los mexicanos tendrán que elegir a las cinco personas que integrarán el Tribunal de Disciplina, el órgano regulador del nuevo Poder Judicial.
Aunque el INE, a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el instituto cuenta con la capacidad para realizar el proceso electoral, el Consejo General no ha evaluado las formas y el presupuesto a requerir para hacerlo.
Con el pre-registro en línea, los ciudadanos podrán enviar documentación de manera remota, lo que reducirá tiempos de espera.
Las renuncias se han registrado en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Altamira, El Mante, Matamoros y Reynosa.
El recurso fue promovido por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y registrado bajo el expediente 2098/2025 en el portal del CJF.
El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.
La figura permite que un órgano administrativo decida en qué casos un juez podrá ocultar su identidad.
La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
Morena recibirá la mayor cantidad, con dos mil 615 millones 798 mil 382 pesos.
De acuerdo con Ignacio Mier, senador morenista, la presidencia debe recaer en una mujer, alternando el cargo por género cada año.
Acusó estrategia coordinada con financiamiento ilícito, injerencia de partidos y violaciones graves a la equidad y legalidad del proceso.
El INE se unió con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral para hacer frete a la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo argumentó que Bravo Olivas, quien se postuló como candidato a una magistratura de circuito, carece de interés legítimo para controvertir dicha elección.
El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
El "Plan C" de reforma electoral impulsado por el gobierno federal representa un ataque a la democracia
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
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Escrito por Redacción