El derecho a aprender de 30 millones de estudiantes se vio “duramente comprometido” en el último ciclo escolar (2023-2024) del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a los cambios en el modelo educativo, la introducción de nuevos libros de texto y la opacidad de la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes, advirtió la organización Mexicanos Primero.

A esta situación, añadió, se sumó una reducida inversión (96 pesos al año por docente) para la formación continua de docentes y afectaciones climáticas que resintieron los planteles por la precaria infraestructura escolar.

Destacó que oficialmente, las clases terminan en tres semanas y se desconoce el resultado de la evaluación diagnóstica que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) aplicó al inicio del ciclo escolar y que permite detectar áreas de oportunidad y mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

De igual modo, persiste la incertidumbre respecto a la participación de México en PISA 2025, para lo cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe realizar la prueba piloto antes de concluir este ciclo escolar.

“No hay información sobre estrategias o acciones de mejora de los aprendizajes, derivadas de los resultados de PISA 2022 que se presentaron en diciembre pasado”, también destacó la organización no gubernamental.

Aprender es vital y un derecho de todas y todos; para lograrlo se necesita que niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en la escuela. Hoy lo básico para que esto suceda no está garantizado en miles de planteles en México.

Recordó que la polémica generada por los libros de texto gratuitos provocó que miles de estudiantes iniciaran el ciclo escolar sin libros.

Mexicanos Primeros recordó un ejemplo de ello fue el caso del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes donde hubo retrasos en la entrega de entre 1 mes y hasta 5 meses que incluso motivó la recomendación de la CNDH 21/2024 para Coahuila y Chihuahua.

Adicionalmente, la mayoría de los docentes conocieron el contenido de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana al inicio de las clases.

A esto se agrega que, en el último ciclo escolar del sexenio, hubo paro de maestros de casi 4 semanas, en mayo que dejó sin clases a los estudiantes de Oaxaca, Chiapas, Baja California y Yucatán. Por otro lado, la temporada de calor evidenció la precaria infraestructura escolar y de servicios básicos en 25 por ciento de las entidades del país que tuvieron que adelantar el cierre del ciclo escolar, establecieron la modalidad a distancia o modificaron el horario escolar por falta de agua o energía eléctrica como ocurrió en Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango y Guanajuato.

De acuerdo a datos de Mejoredu, de 238 mil escuelas de educación básica y media superior, 26 mil 463 no cuentan con servicio de electricidad, 56 mil 109 operan sin agua, 43 mil 558 no tienen lavamanos y hay 5 mil 950 planteles sin sanitarios.

En suma, del total de escuelas, 4 de cada 10 carecen de los 4 servicios básicos completos.

Mayor Inversión

En ese sentido, “Mexicanos Primero estima que para que los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior estén en escuelas con condiciones mínimas en infraestructura y servicios se requiere una inversión de 51 mil 932 millones de pesos, inversión que equivale al 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, además señaló que “hemos insistido en que las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes, que les permita estar, aprender y participar en la escuela”.

Para lograrlo, las autoridades deberán destinar los recursos suficientes que garanticen planteles con infraestructura y servicios básicos, maestras y maestros en cada grupo durante todo el ciclo escolar, tecnología adecuada y sistemas de información y evaluación para identificar los avances en el aprendizaje de las y los estudiantes”, indicó en un comunicado.

En México, 1 de cada 3 habitantes está en edad de cursar la educación básica y media superior; sus opciones de futuro dependen de la calidad de la educación que se les ofrezca hoy, por lo que es indispensable que las políticas educativas prioricen el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, finalizó la organización.