La reducción a las semanas de cotización y el incremento del monto de la pensión garantizada son medidas indispensables y urgentes. Sin embargo, esta reforma resulta insuficiente, pues deja fuera a la mayoría de la población que, pese a estar trabajando carece de seguridad social y, por tanto, no cotiza en las AFORES ni tendrá derecho a jubilación en este nuevo sistema de pensiones.

El problema no es menor. La mayoría de las personas que trabajan están excluidas. Aún antes de la pandemia del Covid-19, el 60 por ciento de la población económicamente activa carecía de afiliación a la seguridad social y al sistema de ahorro para el retiro (SAR). Además, también quedan fuera del sistema de pensiones quienes están desempleados, así como millones de mujeres que realizan trabajos no remunerados de cuidados y domésticos, pero no tienen participación laboral.

La semana pasada, el Gobierno federal y empresarios firmaron la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México. El titular de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que el objetivo de la iniciativa es mejorar el bienestar económico de la población. Así, se busca reducir las semanas de cotización de los trabajadores, de mil 250 a 750; aumentar la aportación patronal, de 5.15 a 13.87 por ciento

Al dar a conocer los resultados del 6º reporte del Observatorio de Trabajo Digno, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, evidenció la magnitud de la exclusión que es producida por la dualidad formal/informal que estructura el sistema laboral en México. Además de la carencia de seguridad social que constituye la “marca distintiva” de un sistema laboral excluyente, los datos muestran que la mayoría trabaja sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, es decir, para mantenerse a sí mismas y a otra persona más.

Y entre quienes tienen un empleo asalariado y subordinado, la mayoría carece de contratación estable y de organización sindical para la defensa y negociación colectiva. “Tenemos un sistema laboral excluyente que produce pobreza y desigualdad” afirma Frente a la Pobreza.

“El reto es que la dualidad formal/informal que excluye a la mayoría no se va a resolver con esta reforma al sistema de pensiones. Por el contrario, las tendencias del mundo del trabajo van en sentido opuesto. Muchos de los nuevos trabajos, ya no están basados en la relación obrero-patronal tradicional, sino en plataformas tecnológicas y en diversas formas de trabajo independiente.  Esta tendencia global implica en la práctica trabajar sin seguridad social, sin prestaciones y sin afiliación sindical”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Para la mayoría de las personas jóvenes y también para las mujeres, un trabajo con flexibilidad de horario o que permite trabajar al menos unas horas desde casa, es mucho más valorado. Las prestaciones de ley, la seguridad social o el ahorro para el retiro, están fuera del horizonte mental pero también de ser una posibilidad real para millones de personas, especialmente para jóvenes”, añade María Ayala, responsable del Observatorio de Trabajo Digno de “Frente a la Pobreza”.

La dualidad ‘formal/informal’ produce también otro tipo de problemas igual de graves como lo ha mostrado la pandemia del Covid-19, pues el acceso a servicios de salud depende del trabajo. “Esta emergencia sanitaria es buen momento para asumir cabalmente que la salud es un derecho humano, y que por tanto no puede seguir amarrada al contrato laboral como si fuera una prestación, porque hay millones de personas que trabajan y carecen de seguridad social, urge romper esa cadena y crear un sistema de salud universal, sin segregación” añade Gómez Hermosillo.