Las administradoras de fondos para el retiro acumularon plusvalías por más de 700 mil millones de pesos en lo que va de 2026.
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Se acabó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que en su gobierno se construirá el segundo piso de la 4T, que daría continuidad a las políticas del primero. Como no podía ser de otra manera, el fin del sexenio ha estado acompañado por el análisis de los cambios ocurridos y su trascendencia en el rumbo de nuestra sociedad, mucho más en tiempos en los que la palabra transformación se repite cada dos por tres y en los que hasta el último día se ha intentado modificar uno de los pilares de la organización política mediante la reforma al Poder Judicial.
Son innegables los cambios en la esfera política del país. La gestión gubernamental se ha concentrado en manos del Poder Ejecutivo en detrimento de los otros poderes y este cambio ha debilitado también la capacidad para atender demandas de los gobiernos de los otros niveles, estatal y municipal, así como de los diputados. Ahora bien, los cambios en la forma en que se ejerce el poder del gobierno históricamente no constituyen por sí mismos una revolución social, una transformación honda de la sociedad. Son, en general, una manifestación de los cambios ocurridos en la organización de la producción y, sobre todo, en la forma y monto de la distribución del producto social entre los sectores que conforman la sociedad.
En los meses recientes, de acuerdo con las estadísticas y criterios oficiales, se ha repetido que uno de los principales resultados del sexenio encabezado por AMLO fue la reducción de la pobreza. Según las estimaciones, cerca de cinco millones de mexicanos que antes vivían en condiciones de pobreza, ahora ya no la padecen, lo que califican como una reducción histórica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta población ahora tiene ingresos para garantizar la adquisición de la canasta básica y antes no los tenía. Es decir, que ahora puede comprar comida, algunos artículos de higiene y algunos servicios básicos. Evidentemente, eso no es suficiente para que un ser humano pueda desarrollarse. En agosto de 2024 se consideraba no pobre a una persona con ingreso mayor a cuatro mil 600 pesos mensuales. Juzgue usted, amable lector.
Aún más, este indicador resulta hasta fraudulento cuando le acercamos la lupa a los números y contabilizan en 242 pesos mensuales en transporte público, a razón de ocho pesos diarios que no alcanzan ni para ir y venir en el metro de la Ciudad de México; o en 122 pesos mensuales para “cuidados de la salud”, el precio de dos consultas al médico en las farmacias similares. No puede ser ése el criterio para considerar a un mexicano como no pobre.
Pero, sobre todo, estar por encima de la línea de pobreza oficial no modifica en nada el hecho de que se puede no ser pobre hoy porque se tiene un empleo que permite obtener ese ingreso o porque hay un programa de gobierno que me lo entrega, pero puede ser que mañana ya no lo perciba porque el patrón ya cerró la fábrica o porque hubo un cambio en el gobierno, etc. El combate a la pobreza así no es irreversible. Esto es lo que quiere decir “población vulnerable” y a este rubro es a donde se movió la mayor parte de la población que “salió” de la pobreza.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la mayor parte de la reducción de la población en pobreza proviene del alza en el salario mínimo que se duplicó. Éste ha traído consigo un incremento en la proporción del ingreso nacional que le toca a los trabajadores. De acuerdo con Inegi, los sueldos y salarios más los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, la porción que les toca a los trabajadores aumentó de 55 a 62 por ciento, un incremento importante, pero lejos del 69 por ciento que en Estados Unidos alcanza este indicador.
Esta relativa mejor distribución del ingreso no ocurrió con la riqueza. En México, la riqueza es más privada todavía hoy que hace seis años. El poder económico se ha concentrado. Para los trabajadores que no poseen ni poder político ni económico, el único poder que les asiste es la consciencia de su situación y su organización para exigir sus derechos como productores directos de la riqueza social.
Las administradoras de fondos para el retiro acumularon plusvalías por más de 700 mil millones de pesos en lo que va de 2026.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).