La agencia estimó que la deuda pública del país ascenderá a 54% del PIB en 2029.
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Foto: Víctor de la Cruz M.
Ciudad de México. - Certidumbre jurídica y económica en la toma de decisiones de los tres niveles de Gobierno, son la clave para restablecer la confianza ciudadana y revertir el estancamiento económico en el que se encuentra nuestro país, destacó el presidente de la COPARMEX Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno e hizo un llamado al Gobierno Federal a “corregir el rumbo de las decisiones que están objetivamente limitando la capacidad de crecimiento de la economía”.
Padilla Zenteno analizó los recientes datos económicos vinculados con la actividad productiva, entre los que se encuentran la estimación del crecimiento para el cierre del año al 1.1%; apenas el 57.7% de los empleos formales reportados para el mismo lapso de 2018 y la caída anualizada de la Inversión Fija Bruta del 6.9% en mayo, entre otros indicadores, destacando que para cambiar el panorama se necesita recuperar la confianza, explicó en conferencia de prensa.
El crecimiento de apenas 0.3% del consumo privado (a pesar del incremento en los salarios reales en el año) se ha visto reflejado en el nivel de confianza del consumidor, que presentó su quinto mes consecutivo a la baja de 48.6 puntos que obtuvo en febrero a 43.0 en el mes de julio. “Este índice señala que la población en general cree que la situación económica continuará deteriorándose en los próximos meses. Ante la incertidumbre, las personas prefieren ser cautas a la hora de comprar o invertir”.
La misma confianza, observó el empresario, es la que la población en general desea recuperar tras algunas decisiones que se han tomado a nivel federal como son la ley de extinción de dominio, la cual “nos preocupa que se tergiverse en el camino y hacer un mal uso de la misma y actuar en contra de muchos ciudadanos que sin tener nada que ver con algún problema criminal, puedan ser afectados en su patrimonio”.

Otro caso de desconfianza es el de la llamada “Ley Bonilla” aprobada por los legisladores en Baja California, la cual sin ir más lejos calificó de “inmoral” y como “un antecedente peligroso para que en otros estados de la república se intente hacer lo mismo”, al igual que la falta de transparencia y de un formato de parlamento abierto en el caso de la aprobación de la Ley Ciudadana en el Ciudad de México, donde el Congreso apresuró su aprobación ante la presión ciudadana y las sentencias jurisdiccionales que le dieron la razón a los vecinos de la colonia Juárez.
“El principal problema que tiene el país hoy, radica en la incertidumbre prácticamente desde la llegada del nuevo gobierno que ha detonado en problemas de confianza. No es un tema solamente de inyección de recursos como se anunció desde el Gobierno de la República de casi 500 mil millones de pesos de inversión, el problema no sólo es económico, el tema sustantivamente es de confianza”.
Padilla Zenteno señaló que, en el caso de la Ciudad de México, a diferencia de otros estados de la República, lleva tres meses de recuperación en las cifras de generación de empleo, sin embargo, al responder sobre la situación nacional, declaró que ojalá esta austeridad no se convierta en una “austeresclerosis” que se vaya a convertir en un problema endémico en el país. “La austeridad también tiene un límite y debe estar en la racionalidad y en la eficacia de su aplicación”.
La propuesta de los empresarios
A nombre de los empresarios de la COPARMEX de la Ciudad de México, Padilla Zenteno propuso al Gobierno Federal los siguientes puntos: Generar señales claras de confianza para la inversión. El discurso recurrente de limitar la participación del sector privado en muchos sectores de la economía inhibe la iniciativa y la creatividad, motores del progreso.
En segundo lugar: Retirar todas las iniciativas legales que atentan contra el derecho de propiedad y la libertad de emprender. En tercer lugar, retomar la reforma energética para atraer las inversiones que se requieren en tan importante sector.

Como cuarto punto: concluir la revisión de los contratos de los gaseoductos que están en suspenso. Quinto: la presentación en septiembre de un paquete económico realista y equilibrado.
Mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, que evite recortes sin lógica y programas sociales sin la debida evaluación. Acelerar el gasto de inversión pública que muestra un rezago importante de acuerdo con el último informe trimestral de las finanzas públicas. También crear un mecanismo que sustituya al Inadem para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
En noveno lugar, realizar adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo que permitan se perfeccione y complemente la Reforma Laboral con un marco regulatorio que promueva la paz laboral y la competitividad. Y finalmente revisar la rentabilidad de proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, la planta de fertilizantes y otros.
La agencia estimó que la deuda pública del país ascenderá a 54% del PIB en 2029.
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Escrito por Redacción