Sólo 2 de cada 10 empresarios asociados a la Coparmex consideran que en el país existen las condiciones necesarias para inyectar capital.
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El pasado seis de junio se efectuó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, donde resultó ganador el profesor rural Pedro Castillo, del partido izquierdista Perú Libre, quien se impuso con alrededor de 48 mil votos (menos de medio punto porcentual) a Keiko Fujimori, abanderada de la agrupación política Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción. A pesar de los intentos desesperados de la derecha y sus aliados, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa, que han ido desde la impugnación legal del resultado en los tribunales hasta llamados a un golpe de Estado, todo parece indicar que Castillo será el próximo presidente de la nación inca en los próximos cinco años.
Castillo, maestro rural del norte del país y dirigente sindical, se convirtió en figura política en 2017, cuando encabezó una huelga magisterial nacional cuyas principales demandas fueron el aumento a los salarios, el pago de la deuda social, la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educativo. Posteriormente, en 2020, anunció que se postularía a la Presidencia de la República por Perú Libre; en la primera vuelta logró pasar con apenas el 18.92 por ciento en unas elecciones atomizadas y pese a tener a todo el sistema político en contra, su discurso marcadamente antineoliberal convenció a la mayoría del electorado. Entre sus propuestas destaca la vacunación contra el Covid-19 a toda la población mayor de 18 años a más tardar en diciembre próximo; la fundación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología; establecer una nueva Constitución que impulse la igualdad de oportunidades para todos y la creación de nuevos programas sociales, así como ampliar los ya existentes.
La victoria del maestro rural es el corolario de una crisis política que vertió en una crisis constitucional. Todo empezó en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó con escaso margen a Keiko Fujimori, pero obtuvo una minoría en la Asamblea. Éste fue el preludio de una disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que en el mediano plazo derivó en la renuncia de Kuczynski, en medio de acusaciones de corrupción, a la que siguieron las destituciones sucesivas de los también mandatarios Martín Vizcarra y Manuel Merino y la llegada al poder del actual presidente Francisco Sagasti.
La actual situación económica explica también el arribo de Castillo a la presidencia, ya que después de varias décadas de neoliberalismo, Perú padece todos los males que este modelo económico ha provocado en América Latina. De acuerdo con los resultados de una encuesta que el Banco Mundial aplicó en 2020, en los hogares del territorio peruano, el 30 por ciento de los entrevistados declaró haber perdido su empleo en mayo, y el 15 por ciento en julio; en mayo, asimismo, se redujeron los ingresos familiares y buena parte de los encuestados revelaron que la falta de acceso al Internet impidió a sus hijos recibir educación a distancia.
El reto del izquierdista Pedro Castillo no es fácil. Tendrá que cohabitar con un congreso donde no tendrá mayoría para llevar adelante algunos de los cambios que ofreció y superar las secuelas de las crisis política, económica y sanitaria. Además de todo esto, deberá demostrar que en su país es posible un gobierno diferente al neoliberalismo, ya que los peruanos tienen aún fresco el recuerdo del gobierno de Ollanta Humala, quien también llegó al poder con un discurso de izquierda y salió por la puerta trasera de la historia.
Sólo 2 de cada 10 empresarios asociados a la Coparmex consideran que en el país existen las condiciones necesarias para inyectar capital.
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Escrito por Luis Rodriguez Rodríguez
colaborador