Tras el despido masivo de burócratas, de los cuales un alto porcentaje son altamente capacitados en su área y preparados académicamente, el secretario general de la Confederación de Servidores Públicos Sergio Padilla, se pronunció en contra de esta política aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No descartó, que los despedidos acudan a los tribunales, aunque sí apeló a la "sensibilidad del presidente" para que no continúe aplicando está medida, que tan solo durante el primer año de gobierno, miles de trabajadores fueron retirados de sus puestos.

Durante el Tercer Congreso Nacional de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana (CONFEPIDER), también se pronunció en contra de la creciente contratación de los servicios a terceros, es decir de las empresas outsourcing en diversas áreas, como recolección de basura y otros servicios.

Sobre el despido de trabajadores, denunció que “los gobiernos entrantes suelen venir con su propio equipo político y los despidos de personal son una constante en cada proceso electoral, sobre todo, en los gobiernos municipales, donde no se respeta el Estado de Derecho”.

En este contexto, planteó la aplicación de una medida -la cual propondrán a legisladores-, y tiene que ver con qué el 30 por ciento de los burócratas no sean despedidos, sobre todo, los que cuentan con servicio de carrera, el tanto, que el 70, pueden ser contratados por la nueva administración, lo que garantizaría, que al menos un 30 por ciento conozca el área y esté preparado para desempeñarse eficazmente.

Además, analizó el proyecto impulsado por la CONFEPIDER para que el Servicio Civil de Carrera Nacional se incorpore a la Constitución federal. “Vamos a presentar este proyecto de reforma constitucional para fortalecer el servicio público en nuestro país. Esperamos que el gobierno nacional lo vea con buenos ojos”, afirmó Padilla.

Finalmente dijo que una de las líneas de acción prioritarias de la Confederación es la defensa laboral de los servidores públicos ante los cambios de gobierno, principalmente en las municipalidades, el cual suman unos 400 mil a nivel nacional.