Los fundamentos del presidencialismo mexicano se fijaron en la escena posrevolucionaria. Los generales del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, secundados por hombres muy competentes de la política, como Adolfo de la Huerta, José Vasconcelos, Alberto J. Pani, entre otros, instauraron la Constitución de 1917 y desde su andamiaje crearon un régimen de tres poderes relativamente autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; pero en la administración política real, muy pronto y progresivamente, el Ejecutivo impuso sus designios sobre los dos últimos.

Esto fue altamente visible entre 1917 y 1928, durante los regímenes de Carranza, De la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Con ellos nació el presidencialismo. Todos “los personajes del teatro político” operaron en aras de la voluntad presidencial. Las cámaras legislativas, el Poder Judicial, el Ejército, los sindicatos, tuvieron que decidir si estaban de acuerdo o no con la voluntad presidencial, aunque ésta dependía también de si el Ejecutivo y los miembros del gabinete provenían de los estados mayores del Ejército, ya que las administraciones estaban garantizadas por las fuerzas armadas.

Al disidente se le impuso una amenaza doble: la supresión o el reinicio de la guerra civil. De esa manera, el ejercicio de la política mexicana se enfrascó en una dinámica parecida a la que expone Carl Schmitt, filósofo y jurista alemán de la ultraderecha. Palabras más, palabras menos, él afirma que el ejercicio de la política implica distinguir al amigo del enemigo; el amigo es quien apoya comprometidamente, sin cuestionarlo, el desarrollo de la voluntad del poderoso; y es enemigo quien se opone a ésta de forma abierta o tácita. Siempre y cuando los deseos de la clase en el poder puedan imperar sobre la sociedad civil, esa dinámica supone la contemporización simultánea con amigos y enemigos. No obstante, el sujeto político nunca debe perder de vista quién es hostil al régimen –ya en secreto, ya en público– y con qué fuerzas cuenta para que, llegado un momento de circunstancias adversas, pueda dirigir todos los elementos a su alcance, como la coerción armada, la propaganda, etc., contra el adversario, ya sea para neutralizarlo o para suprimirlo físicamente. Solo así se puede reafirmar el dominio del poderoso sobre los demás en medio de la incertidumbre.

Con el paso de los años, ese presidencialismo mexicano de amigos-enemigos impuso su voluntad a través de sus favoritos, ubicados en las secretarías y curules legislativos, lo que no impidió la coexistencia de amenazas significativas: atentados, conspiraciones y tentativas de golpes de Estado. A veces, la disidencia triunfó, aunque fuera solo parcialmente, como en el caso de los asesinatos de Carranza, en 1920 y de Obregón, en 1928. Pero, por lo general, la distinción clara de los adversarios y la movilización pronta de las fuerzas presidencialistas permitieron una rápida represión de las amenazas de envergadura mayúscula, como la rebelión de los partidarios del candidato opositor De la Huerta en 1923. Ese año, los obregonistas cerraron filas en torno a Calles, candidato del Presidente; doblaron a la prensa discrepante; hicieron desaparecer a algunos diputados delahuertistas y sometieron militarmente la rebelión.

Esa política de hostilidades se desdibujó con el paso de los años o, más bien, quedó disimulada bajo una gruesa capa de maquillajes publicitarios. La aparición de algunas oposiciones oficiales frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en foros políticos federales durante la segunda mitad del Siglo XX y algunas entidades federativas, así como el cambio de partido en el Poder Ejecutivo a partir del año 2000, pueden hacer pensar ingenuamente en el desvanecimiento del sistema presidencialista. Pero eso es ilusorio ya que, por el contrario, todavía constatamos, año con año, que las discusiones y decisiones salidas de los tres poderes tienden a plegarse a la voluntad del gobernante, representada, en su más pura forma, por el Ejecutivo.

Hoy, en el gobierno de la “Cuarta Transformación (4T), se reafirma descaradamente esa forma de gobernar. Por un lado, encontramos la obediencia servil de las mayorías morenistas en las cámaras legislativas y un sometimiento angustiante de los organismos judiciales; estos poderes libran todos los recursos del Estado mexicano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para cumplir sus deseos y sin preguntarle a quién va a beneficiar. Además, el señor de las mañaneras de Palacio Nacional señala con desdén a sus enemigos, emprende con afán su persecución y busca neutralizarlos o suprimirlos. Un ejemplo a la mano: el pasado 18 de noviembre, el Senado aprobó la “ley Nieto”, que dotó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que encabeza Santiago Nieto, un ciego sabueso de la voluntad lopezobradorista– de la capacidad para congelar a discreción las cuentas de cualquier ente negativo que su olfato partidista detecte. Se amenaza nuevamente a la oposición visible: a los damnificados del morenismo, a las organizaciones sociales y a los enemigos declarados de la 4T.