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Se conoce como outsourcing al régimen de subcontratación laboral donde un patrón ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores para otra empresa. Este esquema ha sido utilizado en nuestro país por mucho tiempo, para evadir responsabilidades laborales por parte de las empresas que se benefician con este trabajo, en perjuicio de los trabajadores que, por ser subcontratados, no reciben el pago de antigüedad, prestaciones de seguridad social, etc.
Es justamente este tema, el que trata la sonada iniciativa presentada por Napoleón Gómez Urrutia en el Senado, donde planteó realizar algunos cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, en materia de outsourcing o subcontratación. A dicha iniciativa se le dio trámite de manera acelerada y fue aprobada en comisiones, emitiéndose el corresponde dictamen; sin embargo, cuando correspondía su discusión en el pleno de la Cámara de Senadores, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió suspender dicho trámite pues, según dijo, era importante discutir la iniciativa con todos los actores involucrados en ella, a través del ejercicio de parlamento abierto.
Ahora bien ¿Qué dice el dictamen en cuestión? Señala que la finalidad es eliminar la subcontratación ilegal, procurando con ello el respeto de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas, y evitar la evasión fiscal que se da a propósito del uso de este esquema laboral. Para poder lograrlo, la ley señalará que la única forma de subcontratación legal admitida será aquella donde el trabajador sea contratado por una empresa, para trabajar en otra, de manera eventual, temporal o con duración que no exceda del tiempo que tome el proyecto a realizar, siempre que el servicio prestado no sea del que ordinariamente realiza la empresa beneficiada. Toda subcontratación que no corresponda con esta descripción legal, se considerará un acto simulado y, por tanto, dará lugar a una investigación de carácter penal, por constituir delitos tales como: evasión fiscal, operaciones con comprobantes fiscales falsos y delincuencia organizada, con la aplicación de las penas y sanciones que correspondan a estos delitos, de acuerdo con la ley.
Igualmente, se plantea en el dictamen, la creación de un Centro de Registro y Certificación de Empresas, mismo que servirá para controlar y supervisar las actividades de las compañías que trabajan bajo este esquema, pues el registro será obligatorio.
Una de las cosas que llama la atención en este dictamen, es que señala que las empresas que hayan operado en el pasado (antes de la entrada en vigor de esta reforma, si es aprobada) con regímenes de subcontratación que, ahora serán considerados ilícitos, tendrán que pagar las utilidades que no entregaron a los trabajadores que laboraban bajo este esquema de subcontratación, las contribuciones que por el uso de este régimen laboral hubiesen dejado de pagar a la autoridad fiscal y dar información de las redes ilegales de subcontratación así como de las personas que las encabezan. Si las empresas que se ubiquen en este supuesto cumplen con estas obligaciones voluntariamente, no se les perseguirá ni castigará penalmente. Si no lo hacen, no podrán librar la investigación penal y en su caso, la sanción correspondiente, sin importar que hayan utilizado este régimen de subcontratación, antes de que se considerara ilegal.
Mas allá de preguntarnos si esta nueva regulación de la subcontratación beneficia o no a los trabajadores (pues creo que, regular y limitar la práctica del outsourcing sin duda favorece la defensa de los derechos laborales); y de las dudas que puedan surgir por la presunta contradicción que existe entre lo dicho renglones arriba, con el principio constitucional de la no retroactividad de la ley penal, debemos preguntarnos ¿Por qué la 4T del lema de “primero los pobres” frenó esta importante iniciativa? ¿Será que el verdadero fondo de este asunto es, ahora sí, el interés de Morena por defender a la clase trabajadora de nuestro país? Considero que, para contestar estas interrogantes, es necesario dejar avanzar el debate sobre el tema, el que, seguramente evidenciará el verdadero fondo del asunto.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.