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Chiapas.- Campesinos y pequeños productores de Chiapas, viven en carne propia los efectos negativos de las políticas agrícolas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El principal, es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no entregó a tiempo el fertilizante e insumos agrícolas que recibían en la anterior administración. Por lo que se quedarán sin sustento.
Creofas Benanides Pérez, campesino de la localidad de Zacualpa Ecatepec, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, comentó que se dejarán sin el sustento diario a miles de productores y sus familias, afectando severamente su única fuente de ingresos, ya que el problema fue generalizado.
Explicó que como la mayoría de los pequeños productores de la zona, perdió la cosecha de este año por falta de insumos agrícolas como el fertilizante, por lo que no rindió frutos todo el trabajo invertido en la milpa.
“Con el cambio de presidente no hay nada, todo se fue para abajo, nos confiamos con él. En la montaña tengo 2 hectáreas pero no hay recursos. Sembramos y no pudimos fertilizar, la milpa quedó amarilla. Las plantas crecieron hasta un metro de altura, florecieron y ya no levantó más por falta de fertilizante. Este año nos quedamos sin cosecha” comentó Don Creofas.
Asimismo, explicó que siembra maíz y frijol de temporal, complementando su producción cultivando un cuarto de hectárea de chayote y de granadilla, así como algunos árboles de pera y duraznos, para no morirse de hambre, buscando durante todo el año el solvento económico para vivir con su familia.
“Aquí la gente acostumbra a combinar los cultivos, aunque nosotros siempre salimos perdiendo. Por ejemplo, el año pasado casi no pudimos producir pera y el precio se elevó, y este año, la pera se dio bien, se cargaron los árboles, pero el precio se vino para abajo, llegando a costar la reja entre 25 y 35 pesos; a ese precio no nos conviene salir a vender, porque no recuperamos ni el costo del pasaje” lamentó.
Finalmente, enfatizó que los apoyos que ha recibido han llegado tras a la lucha organizada del Movimiento Antorchista, que año con año viene gestionando con la comunidad programas de apoyo al campo, además de otros beneficios como programas de mejoramiento de vivienda. Sin embargo, se dijo decepcionado del nuevo gobierno, que ha recortado los recursos para la gente más necesitada.
“La mayoría de los campesinos y pequeños productores están sufriendo esta situación, en todas partes, con éste mal gobierno, se fue para abajo la cosecha y el trabajo; hasta el momento sólo hay promesas, han puesto muchas trabas para que no den los apoyos”.
En este contexto, el Movimiento Antorchista realizará una magna concentración en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para celebrar su aniversario número 45 luchando contra la pobreza, así como para alzar la voz en nombre de millones de mexicanos víctimas de alguna injusticia social y para invitarlos a integrarse al Proyecto de Nación impulsado por la organización. La cita es el próximo 13 de octubre en punto de las 6:00 am.
Alumnos y exempleados de Tepatepec, campesinos y familiares de reos también se manifestaron a las afueras del C5.
Las cosas en el gabinete federal no cambian; en sus declaraciones públicas o a los medios de comunicación, cada personaje político sigue diciendo lo que le den sus asesores o lo que él mismo tiene en información y datos.
Hoy, los candidatos a puestos de representación popular son verdaderos rufianes que confían en que los ciudadanos son ignorantes y de memoria corta.
El mensaje del Segundo Informe del presidente López Obrador fue una extensión de sus conferencias matutinas y, por lo mismo, fue armado con declaraciones optimistas y reiterativas.
La carrera del coronavirus es muy veloz y las acciones del Gobierno para frenarla, muy lentas. El sistema de salud en México está por debajo del estándar reportado por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda un médico por cada mil habitantes.
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Ya entrada la noche de ayer, al teléfono del gestor y vocero nacional antorchista, Homero Aguirre, entró una llamada, el número era de Lilia Aguilar, encargada de atención a organizaciones sociales, quien nuevamente intentó "desactivar" la protesta.
Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa.
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Escrito por Redacción