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Ciudad de México.- El "Centro Médico 20 de Noviembre", dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) canceló los tratamientos que ofrecía a pacientes con enfermedades catalogadas como "raras", cuyo costó es elevado para la mayoría de la población, el cual ofrece el sistema privado, pero a costo mucho mayor.
En un carta enviada a medios, unos siete pacientes denunciaron que desde la entrada de la actual administración se han visto afectados, por qué no han recibido los tratamientos, el cual tienen que tomar cada 15 días, y cuyo costo es de aproximadamente 300 mil pesos.
La enfermedad que padecen -que en el país suman unas 20 personas- se denomina huérfana (rara) de hematología, llamada hemoglobinuria paroxística nocturna, que se atiende con un tratamiento especializado.
"La medicación consiste en infusiones intravenosas cada 15 días; procedimiento que, desde la llegada de la nueva administración federal, se ha vuelto muy incierta. Las razones que ha aludido el personal de esta dependencia van desde la falta de licitación por parte de las farmacéuticas, hasta retrasos en los procesos burocráticos. El resultado es el mismo: las aplicaciones son impuntuales o muy espaciadas una con respecto a la otra", denunciaron los afectados.
Las consecuencias van desde la disminución severa en su estado físico y el desgaste anímico, hasta incluso, la muerte. "Hemos estado hospitalizados, por los altos riesgos de sufrir tromboembolias que nos conduzcan a la muerte e irreversibles daños a diversos órganos, cómo los riñones. Luego de ser dados de alta de aquellas hospitalizaciones regresamos a la misma incertidumbre", describen.
"Estamos cansados y con desesperanza. Hoy mismo, por el proceder de la burocracia del ISSSTE, no tenemos la certeza si en un futuro inmediato el medicamento va a permanecer dentro del cuadro de medicamentos del ISSSTE.
Nosotros creemos que esto tiene un propósito de austeridad inhumana. Incumplir con los tratamientos busca, en el fondo, ahorrarse dinero" añaden los denunciantes.
Rechazamos enérgicamente que el ISSSTE y la Secretaría de Salud apliquen medidas administrativas que atropellen flagrantemente nuestros derechos humanos", concluyeron algunos de los firmantes, entre ellos Marco Antonio Aquiáhuatl Rivera, Felipe de Jesús Esparza Cuevas, María del Carmen Camacho Rodríguez, Paula Contreras Castillo,Jorge Omar Jacinto Cruz, Briggel Rodríguez Aguilar y Felipe de Jesús Esparza Cuevas.
El número de ocupados informales fue 31.6 millones, lo que representó 55.8 por ciento de la población ocupada, y subió en 2.16 millones respecto al mismo lapso de 2020.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.