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Un peligroso repunte de la delincuencia y la inseguridad en el país, en primer lugar en la capital de la República, al terminar el confinamiento causado por la pandemia de Covid-19, es el tema que trata buzos en su Reporte Especial de esta semana. Investigadores, analistas y organizaciones civiles especializados en seguridad pública, consultados por este semanario, coincidieron en que la reducción del número de delitos cometidos en lo que va de la pandemia, hasta registrarse, en febrero de este año, un 27 por ciento menos que en el periodo anterior, se debe, precisamente, a las condiciones generadas por la crisis sanitaria: el confinamiento, la baja en la movilidad de la población, la no concurrencia a los centros de trabajo y el menor uso de los medios de transporte; pero que la disminución de los delitos no se debe atribuir a una nueva o mejor estrategia de seguridad por parte del Estado.
Los expertos coinciden también en que disminuyeron los delitos comunes: varios tipos de robo, asaltos en calles y medios de transporte, etc.; pero que aumentaron otros delitos como las extorsiones, robo de mercancías, narcomenudeo, violaciones y violencia doméstica; y coinciden, finalmente, en que al desaparecer las condiciones impuestas por la pandemia, lo más probable es que los índices delictivos se eleven, rebasando el nivel que registraban antes del confinamiento; esto último lo explican por la existencia de factores que no surgieron en este periodo pero que en él se agudizaron, como la crisis económica y el conflictivo escenario electoral, generador de violencia.
No podían faltar, entre los factores mencionados por los especialistas, los recortes presupuestales, característica distintiva del gobierno de la “Cuarta Transformación” y que éste atribuye a una “austeridad republicana”; austeridad y recortes que también estuvieron presentes como factor determinante en trágicos acontecimientos como el reciente colapso de la Línea 12 del metro y el gran número de contagios y muertes por el deficiente sistema de salud pública. Esta austeridad también jugará su negro papel en el aumento de la delincuencia que auguran los analistas del fenómeno cuando critican los recortes al presupuesto de las organizaciones policiales.
No se regresará, entonces, al nivel anterior, sino a una peor situación delictiva. No hacen falta demasiados argumentos para convencerse de estas conclusiones; pero si esto no fuera suficiente, a muy pocos días de haberse publicado trabajos, encuestas y estudios econométricos sobre las crisis económicas anteriores y sus efectos sobre la delincuencia, la realidad confirma con hechos sus pronósticos, acortando los plazos calculados porque, antes de concluir el primer semestre de 2021, la violencia delictiva parece dispararse y antes de realizarse los comicios de este año se eleva a niveles alarmantes.
AMLO afirma que en el combate al Covid-19 “somos ejemplo a nivel mundial”, pero en realidad sólo esconden la verdadera magnitud de la crisis sanitaria.
En el grupo de la población más pobre del país, los salarios promedios se redujeron 40.8 por ciento.
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De acuerdo a esos datos se aumentó, en situaciones ilícitas, de 14 mil 635 afectados por cada 100 mil habitantes en 2017 a cerca de 16 mil, 15 mil 732 en el año anterior.
A pesar del agotamiento de la autognosis del mexicano, el nacionalismo contemporáneo replica en los discursos más alineados al status quo que surgieron bajo la doctrina de la mexicanidad.
Desde hace varias semanas, los gobernadores de la Alianza Federalista solicitaron reuniones con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Urzúa dio a conocer que México enfrentará “la mayor caída documentada desde que se registran en México los datos trimestrales del PIB”.
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Se trata de uno de los sectores más importantes de la sociedad; es también el más indefenso, no está en condiciones para hacer valer sus derechos por él mismo, requiere de la protección de toda la sociedad.
AMLO prometió un crecimiento de 4% en promedio al término de su sexenio, incluso llegó a retar a los expertos que han venido recortando su expectativa de crecimiento para 2019.
De los 512 contratos registrados por parte de la Secretaría de la Función Pública hasta este momento, 494 han sido entregados por adjudicación directa.
El Pleno del INAI revocó la respuesta de la Semar y le instruyó proporcionar al particular los anexos de los contratos 13-SCN/018-2019 y 13-SCN/A049/2019.
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Escrito por Redacción