Los campesinos de Sinaloa luchan actualmente por precios de garantía justos y para que el Gobierno Federal restituya los apoyos financieros a la producción agrícola, cuya desaparición ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de México.

El ocho de mayo de 2023, cientos de agricultores de Culiacán se movilizaron en sus tractores hacia Guamúchil y al puerto de Topolobampo para exigir al Gobierno Federal un precio de garantía justo por tonelada de maíz y trigo.

Ha pasado más de un año y los trabajadores del campo siguen en su lucha. Piden siete mil pesos por tonelada de maíz para solventar costos de producción y obtener alguna ganancia, ya que los cinco mil 475 ofrecidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resultan insuficientes.

“No podemos aceptar menos porque esas cantidades y esos precios sólo nos sirven para mantenernos dentro de la actividad de manera activa”, advirtió Baltazar Valdez, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa (CUS), mientras se hallaba frente a las oficinas de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Topolobampo.

A finales de abril pasado, el gobierno del estado de Sinaloa y el Federal anunciaron que el precio del maíz sería de 80 dólares por tonelada, más un subsidio federal de 750 pesos y un bono de riesgo de 200 pesos, cuyo monto total corresponde a cinco mil 457 y resulta mil 508 pesos menor al pactado en 2023.

El pasado 15 de mayo, Baltazar Valdez fue detenido en Chihuahua por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia de Investigación Criminal, apenas pocos días después de que los agricultores cerraran varias casetas de peaje en Sinaloa como protesta por la cerrazón del Gobierno Federal.

Valdez fue detenido por la supuesta comisión del delito de sabotaje, en alusión a los bloqueos a la carretera Los Mochis-Topolobampo y a las instalaciones de Pemex. 

El líder campesino fue liberado con restricciones, como la de no poder participar en eventos masivos o movilizaciones, incluso se le prohibió salir del estado.

“Afortunadamente tuvimos la imparcialidad de un juez, de tal manera que, a pesar de la petición de la fiscalía de mantenernos en custodia, el juez dictó esta medida de liberación”, reconoció.

Sin embargo, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Miguel Ángel López Miranda, informó que existen alrededor de 20 órdenes de aprehensión contra agricultores de Sinaloa por las protestas del año pasado; y que actualmente hay cinco en proceso de ejecución, entre ellas la de él.

Producción agrícola bajo amenaza 

Por años se ha difundido que Sinaloa es el granero de México debido a su tierra fértil. Cuando hay suficiente agua, llegan a sembrarse hasta 560 mil hectáreas de maíz al año. Sin embargo, debido a la escasez de agua se estima que, en 2024, únicamente se cultivarán entre 340 mil y 400 mil hectáreas de maíz blanco, lo que acabará por reducir dos millones de toneladas de maíz en comparación con la temporada 2022-2023.

Estas estimaciones se efectuaron luego de que, a principios de este año, el gobierno estatal anunciara que el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS) había aprobado la siembra de 670 mil hectáreas de diversas hortalizas y granos para la temporada 2023-2024.

Sembrar maíz no es una actividad barata; el cultivo de una hectárea cuesta alrededor de 60 mil pesos, según el ingeniero Arturo Félix, quien tiene cultivos en El dorado, un municipio ubicado al sur de la capital sinaloense.

En noviembre de 2023, el director regional Noroeste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guillermo Ornelas Romero, reportó que, en ese año, el 47 por ciento de la superficie agrícola sembrada en Sinaloa era cubierta por el maíz blanco; y que el maíz sinaloense aportaba 50 por ciento de la producción maicera nacional.

Años atrás, los agricultores de Sinaloa se apoyaban en los subsidios que otorgaban Financiera Rural y el programa Procampo; pero tanto la institución como el programa fueron cancelados por AMLO con el argumento de que en ambas dependencias prevalecía la corrupción. A los campesinos medios y pequeños les prometió apoyos de entrega directa. 

En 2023, los costos de producción aumentaron 14 por ciento respecto a 2022, según los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por lo que los agricultores que cultivan tierra propia vieron cómo la inversión en una hectárea de maíz había superado la media de 60 mil pesos. Pero la situación de quienes no son dueños de la tierra, resulta peor, porque el pago de la renta puede variar entre 18 mil y 21 mil pesos.

El 29 de mayo de 2023 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Rural), que durante 20 años había operado como la prestamista de los agricultores.

Con respecto a la desaparición de esta institución y a la presunta corrupción que la asolaba, Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reportó al diario El Economista que los agricultores han “estado trabajando con la banca comercial para que conozcan mejor al sector y vean que es un buen negocio prestar dinero a los productores; sin embargo, la FND desempeñaba un papel importante en el proceso, principalmente para los pequeños y medianos productores del país”.

“Financiera Rural era uno de los bancos que apoyaba a los ejidatarios; les prestaba para solventar todos los gastos de su cosecha y pagaban muy pocos intereses”, asegura, entrevistada por este semanario, la señora Carmen Monzón, quien pertenece a una de las familias campesinas de Eldorado.

Además de otorgar financiamiento para la siembra, cosecha, comercialización y adquisición de activos fijos, Financiera Rural protegía a los productores contra pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos, plagas y enfermedades; brindaba avales para facilitar el acceso al crédito a productores con dificultades para acceder a financiamiento tradicional; implementaba programas específicos para atender las necesidades de grupos de productores en situación de vulnerabilidad; ofrecía cursos y talleres para fortalecer las habilidades técnicas y gerenciales de los productores y proporcionaba asesoría técnica personalizada para mejorar las prácticas productivas y la gestión empresarial de los productores.

“Ahora, los que apoyan financieramente a los agricultores son los ganaderos y los bodegueros, que les cobran los intereses a su conveniencia, como si fueran bancos”, asegura Carmen Monzón.

En Sinaloa, Procampo ha sido importante para apoyar a los productores de maíz, frijol y hortalizas, principales cultivos de la entidad. Sin embargo, algunos expertos aclaran que el programa no está bien delimitado y que beneficia principalmente a los productores de mayor escala; otros denuncian que el monto del apoyo resulta insuficiente para cubrir los costos de producción de los agricultores.

“Tuve que vender mis tres hectáreas para pagar mis gastos porque no me han pagado la cosecha, y tuve que pagarle al banco con intereses”, reportó un agricultor de Eldorado.

Según encuestas del Inegi y el Censo Agropecuario, más del 70 por ciento de los productores agrícolas enfrentan problemas debido a los altos costos de insumos y servicios. Al respecto, Cristina Isabel Ibarra Armenta, economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), alertó que si se llega a aplicar un arancel de 35 por ciento al sulfato de amonio –fertilizante– se agravaría aún más la situación de los agricultores.

Por otro lado, la escasez de agua en Sinaloa empeora el panorama, ya que cada hectárea de maíz necesita de cuatro a cinco riegos en el ciclo agrícola para que se desarrolle bien; y ahora sólo está recibiendo entre dos y tres, con lo que la  producción únicamente será de ocho a 10 toneladas por hectárea. “Entre menos agua hay, menos rendimiento de producción por hectárea.”, agregó Félix, otro agricultor.

¿Sacar al maíz de la Bolsa de Chicago?

La Bolsa de Chicago, conocida también como CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), es uno de los mercados de “futuros” más importantes del mundo y donde se negocian las compras de productos agrícolas, incluido el maíz.

Los “futuros” son contratos estandarizados que permiten comprar o vender un producto a un precio determinado en fecha próxima. En el caso del maíz, los contratos de “futuros” más populares en el CME Group son los que se liquidan en diciembre (ZCN), marzo (ZM) y mayo (ZC).

El precio del maíz en México está significativamente influido por el precio de los “futuros” de maíz en la Bolsa de Chicago, además de un ajuste conocido como “base”. Ésta representa la diferencia de precio entre el maíz físico, que se entrega en México, y el maíz que se negocia en el CME Group.

Tal diferencia está condicionada por varios factores, entre ellos, la calidad del grano, los costos de transporte, los márgenes de comercialización y las condiciones de oferta y demanda en el mercado local.

Es decir, los mercados internacionales establecen un precio-base para el maíz, por lo que se está considerando nacionalizar el esquema de comercialización, sacándolo de la Bolsa de Chicago.

Los pequeños y medianos agricultores son los más afectados por los bajos precios de compra del maíz, ya que están por debajo de los costos de producción. El problema fundamental radica en los precios impuestos por el mercado internacional, regidos por el dólar como moneda central.

Jaime Montes Salas, Secretario de Agricultura de Sinaloa, durante una entrevista con la revista Espejo, reveló que el plan consiste en sacar al maíz de la Bolsa de Chicago y crear un esquema de precios basado en las necesidades locales.

“Estamos estableciendo las bases para que los industriales den el precio de indiferencia. El precio de indiferencia significa que les resulte igual comprar en México que en el extranjero. El precio de referencia en el extranjero también incluye un costo de traslado, conocido como base. A partir de ahí se puede llegar a un precio con bases altas, debido a los problemas de transporte y logística a nivel mundial”, explicó el secretario.

Por otro lado, el ingeniero y agricultor Arturo Félix pronosticó que la salida de la Bolsa de Chicago sería un “arma de doble filo”.

“Debería estar bien que saliera de la Bolsa de Chicago, pero eso implica un mercado libre, donde los precios pueden subir o bajar. El riesgo es que importen maíz del extranjero y no compren el nuestro. Por ejemplo, si el maíz estadounidense se vende a cuatro mil pesos en la Bolsa de Chicago y aquí cuesta cinco mil 600 pesos: los grandes industriales, como Maseca, preferirán comprarlo afuera”, precisó Félix.

La crisis agrícola en Sinaloa no sólo afecta a los campesinos, sino también a la economía del estado y del país. Sin un apoyo adecuado y soluciones a largo plazo, la pregunta de si Sinaloa merecerá todavía ser “el granero de México” carecería de respuesta.