La carencia de vivienda entre los mexicanos es un problema que, a pesar de los años, no se ha podido resolver. En el Artículo 4º de la Constitución se dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzarla. Es decir, es una garantía social; y dada la situación de marginación y pobreza que caracteriza a la mayoría de la población mexicana, es necesario que el Estado intervenga para resolver este problema.

Con este objetivo, el Estado ha creado varios organismos dedicados a prestar servicios de crédito a la población trabajadora, ya sea ésta de los sectores público, privado u otros. Uno de ellos es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que recauda parte del ahorro de los trabajadores formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, con dicho fondo, otorga créditos para adquirir casas o remodelarlas. Sin embargo, la gran cantidad de éstas, que el Infonavit compra a las inmobiliarias privadas, se caracterizan por ser muy pequeñas e insuficientes para el número de integrantes promedio de una familia mexicana; generalmente se encuentran alejadas del centro de trabajo de los beneficiarios y están mal edificadas.

A pesar de que hasta 2018, el 57 por ciento de los créditos otorgados por los organismos estatales financiaron una de cada tres viviendas construidas en el país, hay cerca de cinco millones de viviendas que fueron abandonadas por sus acreditados. Hasta junio de este año, el índice de cartera vencida era del 14.9 por ciento, y la mayoría de quienes sí residen en ellas se encuentra hacinada.

El Gobierno Federal en turno presentó una reforma a las reglas del Infonavit para flexibilizar y ampliar el otorgamiento de créditos, pues ahora el beneficiario puede adquirir un terreno, autoconstruir su casa o comprar una ya construida al propietario que decida. Las reformas suenan muy atractivas en el oído de las personas; pero su propuesta de solución requiere una lectura puntual de los problemas reales que afectan a la población de México. Por ejemplo, se exige a los “beneficiarios” que paguen, además de la vivienda, el costo del crédito, cuando sus salarios se hallan muy por debajo de los que prevalecieron en el siglo pasado y la aportación patronal al Infonavit se mantiene en el cinco por ciento.

La solución al problema de la vivienda no reside en otorgar créditos más elevados o de fácil acceso a los trabajadores, ni en ampliar la cobertura de los mismos, sino en implementar un programa de carácter público que subsidie la construcción de la casa-habitación y el trabajador aporte una cuota menor del total del costo. De esta manera, se facilitaría a los acreedores una vivienda digna sin dejarlos atados a deudas que, con el correr de los años, se vuelvan impagables. La solución mediante crédito resulta demagógica y beneficia únicamente al capital financiero. Las cinco millones de viviendas abandonadas y la cartera vencida son pruebas suficientes de que la vía crediticia no es la solución.