Especialistas y organizaciones nacionales analizan al PJF surgido de la reforma, promovida por AMLO al final de su sexenio, que limitó su autonomía.
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Las manifestaciones de la violencia causadas por la inseguridad en México son cada vez más evidentes para todos. Es cierto que estos fenómenos ya existían antes del sexenio actual, pero es indudable que en los casi cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se han mitigado, es más, han crecido. En este contexto han ocurrido recientemente el secuestro –o asesinato, todavía no se comprueba– de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco; el descubrimiento de restos humanos desmembrados guardados en refrigeradores industriales en Coatzacoalcos, Veracruz y; la creciente violencia en el estado de Guerrero. Estos hechos han conmovido a la opinión pública, pero la política del gobierno de México ha sido el silencio o, peor aún, la actitud de sorna del Presidente cuando se le preguntó sobre el caso de los cinco jóvenes de Jalisco.
Los fracasos del sexenio son muchos, pero la inseguridad –al lado de la pobreza y la desigual distribución de la riqueza– es uno de los más trágicos y debido a esta, de acuerdo con el Inegi, seis de cada 10 mexicanos consideran que es inseguro vivir en su ciudad. Este dato refleja con claridad lo que es para los mexicanos vivir en el México real y no en el que existe en la imaginación del Presidente; es el resultado de enfrentarse todos los días a los asesinatos, la extorsión, el asalto, el secuestro. Ante la gravedad del problema, el ausente es el gobierno, que a través de las instituciones debe velar por la seguridad del país.
La incapacidad de AMLO para resolver el problema de la inseguridad en su sexenio pone a México en otro peligro más grave. Explico. En América Latina ha estado sucediendo, recientemente, que ante la incapacidad de gobiernos que se dicen de izquierda para resolver las necesidades de la población, los ciudadanos han decidido votar por gobiernos netamente de derecha. Ocurrió en Brasil, de Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro. Ocurrió en Argentina, de Cristina Fernández a Mauricio Macri; lo mismo explica el fenómeno Milei: es la desesperación de la gente porque se le resuelvan sus necesidades. O el fenómeno Nayib Bukele en El Salvador, donde en aras de la seguridad se cometen injusticias y se violan derechos humanos. Es decir, en México se corre el peligro de que, ante la incapacidad del actual gobierno para atender el problema de la inseguridad, los votantes estén dispuestos a elegir gobiernos de derecha que son retrógradas o simplemente que cada vez estén más dispuestos a aceptar políticas de seguridad autoritarias. Cualquiera de los dos casos, de llegar a ocurrir, sería un retroceso.
La idea de que ante la incapacidad del gobierno de México para atender la inseguridad –y otros problemas actuales– abra la puerta a un gobierno autoritario de derecha no es descabellada. Cuando menos en el discurso, hay personalidades que sin tapujo han expuesto algunas ideas cavernarias de la derecha: Eduardo Verástegui, un promotor de la extrema derecha; Lili Téllez, senadora; un sector del Partido Acción Nacional que se reunió no hace mucho con el partido de extrema derecha español Vox y que considera al PAN de la coalición del Frente Amplio como de ”izquierda”; Gilberto Lozano de FRENA; o la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, orgullosa admiradora de Bukele, entre muchos más. Es decir, las ideas de medidas extremas para resolver los problemas de México van haciendo eco en la política mexicana.
Ante el peligro del avance de las ideas de derecha en México, los progresistas del país, las organizaciones sociales, el pueblo organizado, tienen dos frentes de lucha: uno, exigir al gobierno actual (que no es de izquierda más que en el discurso) resolución profunda de los problemas sociales más lacerantes; y, dos, educar al pueblo mexicano y educarse, cultural y políticamente, para afrontar mejor preparados los retos que exige la realidad.
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Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.