La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), aprobada el pasado cuatro de noviembre en la Cámara de Diputados, ahora en manos del Senado, autorizaría el uso de los “activos financieros” gubernamentales para reponer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Especialistas en política económica, expertos en finanzas públicas, legisladores y dirigentes políticos han criticado la aprobación de esta iniciativa presidencial y han lanzado una alerta por las serias consecuencias que podría acarrear dicha reforma en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad mexicana, es decir, de los trabajadores.
El Reporte Especial de esta semana recoge estas opiniones que explican los riesgos de esta reforma, sus ambigüedades, por ejemplo, que abre la posibilidad de hacer uso de cualquier “activo financiero”, cuando hay algunos que por mandato de ley solo deben destinarse a una finalidad específica y el Poder Ejecutivo, por lo tanto, no tiene la facultad de usar tales activos. Ejemplos de estos riesgos son los fondos de pensiones de los trabajadores y el fondo de vivienda; porque el gobierno podría interpretar a su favor la citada reforma para disponer de tales fondos como “activos financieros” gubernamentales y desviarlos a su permanente operación electoral disfrazada de ayudas de “protección social”.
Los analistas financieros consultados por buzos explican con claridad qué son los “activos financieros” y el FEIP y añaden que, desde el principio de su sexenio, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) echó mano a los recursos de esta procedencia; que la iniciativa presidencial pretende formalizar legalmente su uso; que en 2022, esos fondos ya están prácticamente agotados tras cuatro años de saqueo; y que para sostener su política asistencialista y sus obras emblemáticas, AMLO busca apoderarse del resto de los “activos financieros”, entre otros de los fondos para la seguridad social y la vivienda, que peligran seriamente.
Diputados de oposición denuncian que la 4T está a la caza de cualquier ingreso público que pueda usar para mantenerse en el poder, de donde desprenden que el uso de “activos financieros” también tendrá como objetivo la compra de conciencias.
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