El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha superado a los gobiernos anteriores casi en todos los renglones de la violencia y la inseguridad. Investigadores, analistas y publicaciones consultados por este semanario hablan de un aumento incesante de la inseguridad pública y de un número creciente de todo tipo de delitos en México. Abundan las opiniones en el sentido de que la criminalidad se ha desbordado desde el inicio de la presente administración federal; que la intensidad de la misma rebasa la alcanzada en gobiernos anteriores y que, a mitad del periodo, el presente sexenio se perfila como el más sangriento de las dos últimas décadas.
Los datos porcentuales del crecimiento delincuencial confirman estas afirmaciones y nos obligan a compartir la preocupación de los investigadores que alertan sobre la incapacidad de las autoridades encargadas de frenar la creciente y extrema violencia y de una peligrosa tendencia a aceptar como normales los excesos que sufre la población a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los crímenes de alto impacto golpean a todos los sectores de la población.
Ejemplo de este clima enrarecido es el enfrentamiento ocurrido en el estadio La Corregidora; desde las bancadas de oposición en el Congreso se han levantado voces que califican el suceso como un reflejo de la polarización y la violencia general que existe en México y que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades; los legisladores llaman a evitar actos de confrontación afirmando incluso que ésta se alienta desde Palacio Nacional y que está hundiendo cada vez más al país.
La violencia y el crimen se alientan desde el poder de dos formas; primero, al no contar con una estrategia para frenarlos y, segundo, cuando el Presidente ataca sistemáticamente, desde la más alta tribuna del país, a periodistas, medios de comunicación y a todos aquellos grupos que se atreven a diferir o criticar diferentes aspectos de la política del gobierno de la 4T. Actos como los asesinatos de periodistas, han llamado la atención incluso fuera de México, causando preocupación en legisladores europeos que recientemente recomendaron al Gobierno Federal proteger a este sector del peligro extremo que sufre.
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