Nayeli Salvatori y Grace Palomares son investigadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tras decir en un podcast que las personas adultas mayores “huelen a baúl” y “ya se están pudriendo”.
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El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha superado a los gobiernos anteriores casi en todos los renglones de la violencia y la inseguridad. Investigadores, analistas y publicaciones consultados por este semanario hablan de un aumento incesante de la inseguridad pública y de un número creciente de todo tipo de delitos en México. Abundan las opiniones en el sentido de que la criminalidad se ha desbordado desde el inicio de la presente administración federal; que la intensidad de la misma rebasa la alcanzada en gobiernos anteriores y que, a mitad del periodo, el presente sexenio se perfila como el más sangriento de las dos últimas décadas.
Los datos porcentuales del crecimiento delincuencial confirman estas afirmaciones y nos obligan a compartir la preocupación de los investigadores que alertan sobre la incapacidad de las autoridades encargadas de frenar la creciente y extrema violencia y de una peligrosa tendencia a aceptar como normales los excesos que sufre la población a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los crímenes de alto impacto golpean a todos los sectores de la población.
Ejemplo de este clima enrarecido es el enfrentamiento ocurrido en el estadio La Corregidora; desde las bancadas de oposición en el Congreso se han levantado voces que califican el suceso como un reflejo de la polarización y la violencia general que existe en México y que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades; los legisladores llaman a evitar actos de confrontación afirmando incluso que ésta se alienta desde Palacio Nacional y que está hundiendo cada vez más al país.
La violencia y el crimen se alientan desde el poder de dos formas; primero, al no contar con una estrategia para frenarlos y, segundo, cuando el Presidente ataca sistemáticamente, desde la más alta tribuna del país, a periodistas, medios de comunicación y a todos aquellos grupos que se atreven a diferir o criticar diferentes aspectos de la política del gobierno de la 4T. Actos como los asesinatos de periodistas, han llamado la atención incluso fuera de México, causando preocupación en legisladores europeos que recientemente recomendaron al Gobierno Federal proteger a este sector del peligro extremo que sufre.
Nayeli Salvatori y Grace Palomares son investigadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tras decir en un podcast que las personas adultas mayores “huelen a baúl” y “ya se están pudriendo”.
La bancada guinda analizará la llamada Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades incurables o incapacitantes.
La presidenta mantiene niveles estables de respaldo ciudadano, mientras la seguridad, el crimen organizado y la corrupción continúan como las áreas peor evaluadas.
El partido reprogramó los procesos internos para diputaciones federales, locales y municipios; los registros previstos para el 3 de agosto se recorrerán hasta finales de agosto y septiembre.
Graciela Palomares y Nayeli Salvatori fueron criticadas en redes sociales por expresiones emitidas en un podcast; ambas aseguraron que el video fue editado y sacado de contexto.
El gobierno estatal negó tener facturas pagadas a empresas fantasma, documento que en suma supera los 115 mil pesos.
En Tabasco más de 40 mil personas no tienen trabajo y sólo 386 mil tienen seguridad social.
CNDH y Cámara de Diputados mantienen en secreto los procedimientos promovidos contra su presidenta.
Proyecciones electorales estiman que Morena, PT y PVEM alcanzarían hasta 369 diputaciones si PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no forman una alianza, suficiente para aprobar reformas constitucionales sin respaldo de la oposición.
Legisladores y alcaldes de Morena pidieron un Parlamento Abierto antes de aprobar el proyecto hídrico del Gobierno de Jalisco. Acusan que el SIAPA fue administrado como una "caja chica" y cuestionan la viabilidad del plan.
Más de 5.6 millones de pesos han gastado los legisladores entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.
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Escrito por Redacción