Con la aprobación de la desastrosa reforma al Poder Judicial, ¿qué es lo que realmente pretende Morena, además de adueñarse de la Corte mediante la “elección popular” de jueces y magistrados que serían incondicionales del Poder Ejecutivo? Todo mundo coincide en que es necesaria una reforma al Poder Judicial para que, en México, la justicia efectivamente sea pronta y expedita, como ordena la Constitución. Sin embargo, para que esto ocurra se requiere triplicar el número de jueces y magistrados e introducir al Poder Judicial recursos equivalentes al dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pero nada de esto muestra la reforma de Morena contra el Poder Judicial; porque en realidad no busca hacerlo más eficiente, ni que las resoluciones de los ministros de la Corte sean ejemplares y expeditas, como lo ha demostrado la ministra morenista Lenia Batres; quien, desde que funge en su puesto, no ha resuelto ninguno de sus asuntos porque –como se dice “acá bajita la mano”– no tiene idea clara de cómo debe hacerse.

Por todo esto puede concluirse que Morena y sus aliados buscan el poder absoluto del país para conservar los privilegios de sus dirigentes y dueños, olvidándose de lo que éstos criticaban antes. No pretenden hacer de México una patria más justa y mejor para todos. Lo hecho hasta ahora por ellos es desastroso: el país está en ruinas, como las carreteras, cuyo deterioro causa enormes pérdidas económicas al transporte público; su gobierno sexenal es el más violento de la historia reciente (incluido el de Felipe Calderón); en vez de reducir la pobreza se han preocupado por cambiar la forma de medirla y entregar a la gente pequeñas sumas de dinero mediante tarjetitas; por eso ahora hay más pobres que antes; y el sistema público de salud no mejora ni supera al de Dinamarca, como ofreció el Presidente.

Además de los ingentes recursos públicos destinados a comprar votos mediante programas sociales, los morenistas se concentraron en invertir en costosas e inútiles obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que, como reveló una exdiputada, “tiene más baños que vuelos”; el Tren Maya que, además de construido sobre terribles fallas, funcionará con subsidios gubernamentales porque no será rentable aunque venda todos sus boletos; y la refinería Dos Bocas, que sigue sin refinar un solo barril de petróleo pero consumió ya miles de millones de pesos necesarios para la construcción de redes de agua potable y drenaje, carreteras, escuelas y clínicas de salud en varias colonias y pueblos pobres de México, obras que fueron omitidas. Todo esto a cambio del discurso: “ya te di tu tarjetita y de ahí ve todo lo demás”. Por ello, ahora se genera descontento social y el gobierno morenista lo interpreta como un peligro para su estabilidad.

Y a todo lo anterior se debe agregar el deterioro de la economía; el llamado “superpeso”, que resultó “superdébil” ya que, desde que Morena ganó la Presidencia, deben juntarse 20 de sus unidades para adquirir un dólar; que los ricos hoy son más ricos, como lo presume el propio Presidente, en tono de orgullo, sin importarle que los ingresos laborales de muchos mexicanos –nominales e informales– no alcancen para comprar alimentos y otros productos básicos porque los precios han subido junto a los incrementos al salario mínimo durante este sexenio. Es decir, en términos reales, la capacidad de compra no ha crecido y ello propicia que la situación de los trabajadores se deteriore “aunque el obrero gane, pierde”, como escribió Carlos Marx. 

Por ello, en una situación como la actual, cuando el gobierno no puede y el pueblo no quiere, todos los que protestan son objeto de persecución política y varios de los que se decían archienemigos de Morena y que militaban en el PRI y el PAN, se pasaron a éste como si nada para aprobar la reforma del Poder Judicial. Además, cambiaron el Artículo 19° de la Constitución para aumentar la lista de los delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa, con lo que toda persona que sea imputada por uno de éstos, puede ser encarcelada. Tal eslabón faltaba en la cadena: una versión distinta de la administración de justicia en México. Muchas personas desconocen que el Ministerio Público no depende del Poder Judicial y que es la institución que investiga y conforma la carpeta de investigación que, con el indiciado, debe presentarse ante un juez que sí pertenece al Poder Judicial.

Con estos cambios a modo en la Constitución, el Ministerio Público, supuestamente autónomo, integrará erróneamente las carpetas de investigación, pero podrá meter a la cárcel al indiciado de manera oficiosa y éste podrá ser exonerado con la colaboración inepta o voluntaria de un juez, ministro o magistrado “electo por el pueblo”, con el respaldo previo de Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y MC. Y será así como el dedo flamígero del gobierno morenista, apoderado del Poder Judicial, en el futuro podrá compartir responsabilidades con el Ministerio Público en una acción común de liberar delincuentes, violentar los derechos humanos y meter a la cárcel a ciudadanos inocentes. Pero, además, los morenistas pretenden acotar el amparo, única defensa que tiene el ciudadano contra los abusos de las autoridades.

Morena tiene a las fiscalías, a los Ministerios Públicos, pero no cuenta con el Poder Judicial y se obstina en tenerlo, Por esta razón, inventó una reforma cuyas verdaderas intenciones son: primero, echar por tierra la carrera profesional de quienes se esforzaron en ser jueces mediante la cobertura de los requisitos más rigurosos; y luego, cambiar la membresía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con “abogados-candidatos” designados por los dirigentes de Morena que, una vez habilitados, como mencionó un amigo, actuarán como “jueces del bienestar”. Segundo, instituir una “santa inquisición” con la que puedan quitar y poner jueces compatibles al sistema político que pretenden crear o que se halla en proceso de construcción.

La eliminación o destrozo de las bases en el Poder Judicial tiene el propósito de suprimir contrapesos y forzar a los jueces que hagan lo dictado por sus jefes. Se trata de que no prosperen las sentencias que afecten al poder político, como los amparos que frenaron las “megaobras” inútiles de este gobierno. Si se trata de perseguir a alguien, el juez tendrá la consigna de su jefe y sentenciará a sus enemigos. Una vez que lleguen a determinadas posiciones del Poder Judicial, se acabará el esfuerzo de las bases trabajadoras, pues ahora éstos querrán poner a personas cercanas y buscar posteriormente a sus sucesores. Ésta es una forma, en apariencia moderna, pero en realidad vieja, de destruir la democracia y construir una nueva dictadura hasta ahora imperfecta.

Sin embargo, el Poder Judicial ya despertó; y ahora necesitamos que el pueblo también despierte y se sume para frenar la dictadura. Como escribió Schiller: “la razón, para que triunfe sobre la fuerza, debe convertirse ella misma en una fuerza”. El pueblo, para liberarse, advirtió recientemente el ingeniero Aquiles Córdova Moran, debe hacerlo, primero, mentalmente y luego materialmente. A luchar por una sociedad más justa y mejor para todos… y en contra de la dictadura.