El 17 de este mes, varios medios publicaron que en el Senado de la República fue presentada una iniciativa de ley para aplicar impuestos a los trabajadores del sector informal, o retirarlos de las calles. Decía la revista Proceso: “La bancada de Morena en la Cámara de Senadores impulsa una iniciativa encaminada a reglamentar el comercio informal en todo el país, por lo que plantea sancionarlo con multas y el retiro de la mercancía a los vendedores. La legisladora María Soledad Luévano presentó un proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fomento del Comercio Informal, que se turnó a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos para su análisis […] propone la creación de un padrón […] en el que se inscriban todos los comerciantes del país que se encuentren fuera del régimen de incorporación fiscal […] También propone prohibir el comercio informal en el país y establecer las sanciones correspondientes para los comerciantes que no se encuentren debidamente inscritos. Y cuando se detecte un negocio sin registro fiscal podría procederse a recoger todas las mercancías hasta que realicen su registro y paguen la multa impuesta”. Hasta aquí la nota.

El sistema económico arroja a millones de personas a la calle, dejándoles, como alternativas de sobrevivencia, tres opciones, a la vez válvulas de escape para la presión económica, social y política: la informalidad, la delincuencia o la emigración a Estados Unidos (eso significa el efecto atenuante de las remesas). El crecimiento de estas actividades refleja una economía enferma, deformada, y un sistema incapaz de garantizar a todos un empleo de buena calidad: digno, permanente, bien remunerado y con todas las prestaciones de ley. Y representa asimismo un enorme desperdicio de fuerza laboral en actividades frecuentemente improductivas.

En el sector informal laboran 60% de los mexicanos ocupados. Son hombres y mujeres sin protección legal, desde los informales en el comercio ambulante, el trabajo doméstico remunerado y otros sectores; con trabajo e ingresos inciertos, sin contrato, derechos laborales ni seguridad social (No es casual que entre 2018 y 2020, el número de personas no afiliadas a algún sistema de salud pasó de 20 a 35 millones, Coneval). Cierto que muchos son vendedores utilizados por empresas como mecanismo para llegar a la calle, al consumidor, y sin pagar impuestos; cierto que obstruyen el tráfico y generan basura, pero ellos no están ahí por gusto, sino empujados por la necesidad, arrojados por los mismos que luego los condenan.

Tachados de competencia desleal, son tradicionalmente hostilizados por la policía, que les chantajea, exigiéndoles cuota o decomisándoles sus modestas mercancías. Son los expulsados de la economía “normal”, marginados de la actividad productiva y reducidos a labores de sobrevivencia, a vender cualquier cosa en calles y banquetas. Y con su propuesta Morena no atiende las causas: solo ataca, y torpemente, los efectos, revelando una ignorancia total de la naturaleza y causas del problema, y así nada resolverá; más bien generará mayor encono social.

Supuestamente el capitalismo ofrece empleo y salario para todos. El keynesianismo era particularmente enfático al postular el pleno empleo de recursos, incluyendo el trabajo, factor más valioso de las fuerzas productivas. En el neoliberalismo ni esa promesa quedó. Implacablemente, para reducir costos se despiden trabajadores, como ocurre en fusiones y adquisiciones de empresas, seguidas siempre de una reducción de la plantilla laboral. El desempleo tecnológico, causado por el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización, ahonda progresivamente el problema. En 2017, el Instituto Global McKinsey estimaba que en México 52% de puestos de trabajo, 25.5 millones, están amenazados por la cuarta revolución industrial, principalmente en el comercio minorista, manufactura, actividades agropecuarias y construcción. El mapa de riesgo laboral. Por la misma causa, la OCDE estima que en veinte años desaparecerán uno de cada cuatro puestos de trabajo.

Pero las máquinas no son las causantes. Esas no tienen conciencia. Son las relaciones de propiedad, la competencia implacable y la búsqueda de la máxima ganancia. Para elevar la competitividad empresarial y de país, la “estrategia” es despedir a millones de trabajadores “sobrantes” (sobrantes para las empresas). Las crisis cíclicas son un freno brusco de la producción, con cierres de empresas (un millón cien mil han quebrado en la pandemia), oleadas de desempleo, aumento del ejército industrial de reserva y la consiguiente caída del salario. Hoy, la crisis más aguda desde 1932, genera un flujo laboral masivo hacia el sector informal (suman un total de 31 millones), como precaria solución para el ingreso. Entre el segundo trimestre de 2020 y el de este año, 78% de los empleos recuperados son informales: 8.2 millones (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). En este contexto Morena promueve su reforma, algo a lo que no se atrevieron incluso los neoliberales “de antes”.

¿Qué hay detrás de esta iniciativa? En principio, el gobierno no tiene dinero y lo busca en los más indefensos, los informales, no inscritos en el SAT, para ampliar “la base gravable”. Pero, ¿por qué no aplican más impuestos a los multimillonarios? Porque es más difícil; como suele decirse, es ponerse con Sansón a las patadas. Conque aquí se patentiza en la práctica la orientación clasista de la política fiscal de Morena, más elocuente que los discursos melifluos. La segunda razón es que el empresariado ve afectadas sus ganancias y cuestiona al sector informal por “competencia desleal” al no pagar impuestos (que los muy ricos tampoco pagan) y a veces hasta por no pagar electricidad, y exige se le someta.

La reforma propuesta representa en lo inmediato un mayor desperdicio de recursos, del más valioso, el trabajo; es empujar a la gente al ocio forzado, a la delincuencia y al crimen, del cual, dice el gobierno, se propone atacar sus raíces económicas y sociales. Más en lo profundo, pretende privar a millones de personas de la más esencial expresión humana: el trabajo. Es una criminal violación a los derechos más elementales.

La solución –que evade Morena, para evitarse problemas con los poderosos intereses dominantes–, debe ser estructural; implica crear empleos en el sector formal, suficientes, bien remunerados para garantizar una vida digna; permanentes, no de temporada; amparados en un contrato de trabajo que garantice las prestaciones de ley, como el acceso universal al servicio médico. Significa una política fiscal que garantice al gobierno recaudación suficiente para ser un medio efectivo de distribución del ingreso, mediante el gasto público. A este respecto, hoy se presumen los programas asistenciales –sin soporte económico real– para los pobres, a quienes con la propuesta les quitarán con la derecha lo que les dan con la izquierda. Se requiere un esquema fiscal progresivo, proporcionalmente más impuestos a los multimillonarios, y menos a los sectores de bajos ingresos. Cambio en la estructura fiscal implica también racionalizar el gasto público, no gastando a lo loco, en obras faraónicas económicamente inviables, pues así no hay dinero que alcance. Aplicadas esas medidas, las calles en el centro de las ciudades lucirán limpias y despejadas, pues todo mundo tendrá un empleo seguro del que pueda vivir dignamente, y no habrá necesidad de desalojar a nadie a toletazos. Por lo pronto, ahí está ya la propuesta en el Senado, que nada bueno presagia para los sectores de bajos ingresos. Corresponderá a los propios trabajadores del sector afectado levantar la voz y protestar.