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El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, fue captado en video desplazándose en una camioneta de lujo con valor superior al millón de pesos, acompañado por varias escoltas, lo que generó una nueva polémica sobre el uso de recursos públicos y el discurso de austeridad en gobiernos locales.
La grabación fue realizada por un colaborador de la diputada local Lizzette Salgado Viramontes, quien posteriormente denunció que su compañero fue interceptado, detenido e intimidado por elementos de seguridad del alcalde tras registrar el despliegue de escoltas.
De acuerdo con la denuncia presentada por la legisladora, los escoltas no solo retuvieron de manera indebida documentos oficiales, sino que además dañaron la propiedad del colaborador, hechos que podrían constituir abuso de autoridad.
Salgado Viramontes sostuvo que las imágenes evidencian un estilo de vida y de seguridad que contradice el discurso de austeridad promovido por la actual administración, y acusó al edil de utilizar recursos públicos para fines personales.
La diputada también afirmó que recibió una llamada directa del alcalde, en la que presuntamente fue amenazada y advertida de que el caso “llegaría hasta las últimas consecuencias”, lo que elevó la gravedad del conflicto político.
Respuesta del alcalde
Ante los señalamientos, Javier López Casarín —militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quien llegó al cargo en alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT)— rechazó las acusaciones y las calificó como una estrategia de manipulación política en su contra.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de investigaciones internas contra su equipo de seguridad ni sobre el fundamento legal para la detención del motociclista que grabó el video.
El caso ha reavivado el debate público sobre el ejercicio del poder, la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos en México, especialmente en el ámbito de los gobiernos locales y sus cuerpos de seguridad.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera