Cuando el actual Primer Mandatario prometió el derecho al libre tránsito y bajar o erradicar de plano las casetas de cobro y poner la autopistas a disposición del pueblo – 70 por ciento de estas vías fueron concesionadas a particulares por gobiernos anteriores– algunos de sus seguidores expresaron gran alegría porque supusieron que al fin alguien pondría en su sitio a las grandes empresas constructoras, y porque en los primeros meses de esta administración circuló el rumor de que las cuotas habían bajado considerablemente. Pero los concesionarios pueden estar tranquilos, ya que la realidad es otra, y las tarifas de peaje en vez de bajar, han subido; como es el caso de las que se pagan en la autopista México-Acapulco, cuyo monto en un viaje redondo llega a mil 900 pesos, más los 130 pesos que se cobran por el uso del Maxitunel y la Costera. Es decir, las carreteras mexicanas no solo permanecen entre las más caras del mundo, sino que además se encuentran en condiciones deplorables. Veamos cómo justifican esto los concesionarios:

Es cierto que estas empresas invierten sumas millonarias en la construcción de autopistas, pero lo hacen porque saben que es uno de los negocios más rentables, ya que las concesiones duran 25 o 35 años; porque saben que recuperan en poco tiempo sus inversiones y porque están conscientes de que sus ganancias son superiores en al menos 14 veces la inversión original. Para decidirse a construir una de estas vías, las compañías consideran estas variables: el bajo precios de los terrenos afectados; el nivel estratégico regional de la carretera; su potencial aforo vehicular; el monto a cobrar por el peaje, y aun los costos mínimos de mantenimiento una vez que están concluidas. En la mayoría de estas carreteras, aun cuando son nuevas, evidencian deterioro (baches, socavones como el Paso Exprés de Cuernavaca), así como falta de medidas de seguridad, señalizaciones, sanitarios y atención médica, derrumbes que tardan varios meses en ser retirados (la Pista del Sol ahora reporta por lo menos tres) y otras carencias que el lector seguramente ha percibido.

De acuerdo con información del diario El Financiero, las empresas que más se han beneficiado con este tipo de concesiones, son la constructora española Obrascón Huarte Laín, S. A. (OHL) que en 2013 obtuvo por cada kilómetro concesionado 6.9 millones de pesos (mdp). En segundo lugar, estuvo Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con 5.6 mdp; seguida por Ideal, con 4.3 mdp; Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), con 3.4 mdp y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), con 1.6 mdp. Estas compañías gozan el privilegio de elevar las tarifas de peaje conforme al alza de la inflación, lo cual les ha permitido sobrellevar la disminución del aforo vehicular provocada por el aumento en el precio de los combustibles. También se benefician con la posibilidad de negociar impuestos con los gobiernos en turno y, sobre todo, con el pago de salarios bajos a los trabajadores y operarios de la maquinaria.

Pese a que las autopistas, como rezan los mensajes publicitarios, mejoran la conectividad social, económica y política entre las ciudades y entidades federativas del país, su curso cotidiano entre centenares de pequeñas comunidades urbanas o rurales provoca varios problemas a sus habitantes: la partición de terrenos en dos, ejidos y poblaciones enteras, afectando con ello vínculos familiares, culturas y tradiciones populares; daños ambientales a sembradíos, bosques y acuíferos con las planchas de asfalto, muros, diques y puentes de concreto de estas vías; asimismo, la exclusión de los pobladores locales en el uso de dichas carreteras, ya que el acceso a éstas está limitado a quienes pueden pagar las cuotas de cobro. Las autopistas significan progreso y riqueza, pero ésta se haya en manos de las clases sociales con ingresos más altos, no en quienes solo pueden ver de lejos el paso de los automóviles sobre aquellas.

Un gobierno más sensible debería liberar el paso de los habitantes de estas comunidades en las autopistas para conectarse e incorporarse al proceso de desarrollo de los demás mexicanos. Un gobierno cercano al pueblo lo haría, porque se requieren hechos concretos y no palabras para que la brecha escandalosa que hay entre pobres y ricos se disminuya. Porque de seguir las cosas así, el discurso de que primero son los pobres, cada vez se ve más lejano.