El modelo neoliberal vuelve a la carga en Ecuador. El pasado 11 de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo de cuatro mil 200 millones de dólares (mdd) al gobierno ecuatoriano, de los cuales el país sudamericano recibió los primeros 900 mdd. Antes de cerrar el trato, el FMI se aseguró de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, se comprometiera a realizar una serie de reformas económicas que lastimarán sensiblemente a los grupos más vulnerables del pueblo de Ecuador. 

Cumpliendo lo prometido, el martes dos de octubre Moreno anunció una polémica medida que ha concitado la ira popular: el Estado ecuatoriano dejará de subsidiar los combustibles, por lo que el precio de las gasolinas aumentará en 123 por ciento. Esta vez la población reaccionó inmediatamente; y desde el día del anuncio, las calles de las principales ciudades fueron tomadas por miles de manifestantes que exigieron frenar la reforma.

La protesta social creció en cuestión de horas. Los transportistas anunciaron una huelga indefinida como medida de presión; los campesinos bloquearon las carreteras con rocas y miles de inconformes ocuparon las principales calles y plazas públicas de Quito y Guayaquil. A diferencia de otras ocasiones, el rechazo a la reforma dictada por Moreno no provino solo de las agrupaciones políticamente identificadas con el expresidente Rafael Correa y los partidos de oposición, sino también de la mayoría de los sectores sociales urbanos –centros tradicionales de la agitación política– así como del Ecuador rural, donde los campesinos comenzaron a movilizarse. El país se convulsionó.

El presidente respondió decretando el estado de excepción por 60 días. El jueves cuattro de octubre Moreno emitió ante los medios de prensa: “Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a escala nacional”. La decisión presidencial no busca en realidad garantizar la seguridad y el orden de Ecuador, como mencionó Moreno, sino que pretende sofocar las protestas sociales, y someter a los inconformes mediante el empleo de todos los recursos de fuerza de que dispone el Estado: allanamiento de morada sin orden judicial, censura de la prensa y pérdida de derechos civiles, entre otros. Incluye también, por supuesto, el empleo de militares para fines distintos a los tradicionales.

La naturaleza represiva de la medida resulta evidente, como se observa en el documento que firmó Moreno para decretar el estado de excepción: “Artículo 3°. Suspender en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión […] durante las 24 horas del día”.  Así las cosas, quien se manifieste públicamente contra las reformas neoliberales, se convierte automáticamente en un delincuente y será perseguido por las fuerzas del Estado.

Tenemos ante nuestros ojos una rendición de la historia ya conocida. Fue así como prácticamente se introdujo el neoliberalismo en toda América Latina: los amos del dinero (FMI) exigen que el Estado saque sus manos de la economía; los presidentes títeres de la gran burguesía mundial aplican una serie de reformas orientadas a ese fin; el pueblo se rebela y el Estado lo combate.

No sorprende por eso que el FMI haya expresado abiertamente su apoyo a las políticas de ajuste que vive Ecuador. “Las reformas anunciadas […] tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. El anuncio incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva”, reza la Declaración del FMI sobre Ecuador emitida el pasado dos de octubre.

Pero la América Latina de hoy no es la misma de los años 80 y 90: ya cambió. En la América Latina de hoy, el discurso neoliberal que promete crecimiento y prosperidad, ha perdido atractivo. La historia reciente prueba que el modelo creado en los centros capitalistas, implantado en gran parte del mundo a finales del siglo XX, concentra la riqueza en pocas personas y aumenta la desigualdad y la pobreza en las grandes masas trabajadoras. Los pueblos donde ya se ensayaron estas formas de gobierno, tienen más clara esta gran verdad, ya que intentaron superar el neoliberalismo, entre ellos Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Cualquier intento de dar marcha atrás, de volver a aplicar las medidas neoliberales de antaño en estos países, además del sabido fracaso económico, conlleva también una fuerte resistencia popular. Los pueblos aprenden de su historia, y lo que pasa en Ecuador es una prueba actual de ello.