Más de 250 personas, entre hombres, mujeres, menores de edad y adultos mayores de San Pedro El Alto, en la Sierra Sur de Oaxaca, sufren por desplazamiento forzado desde hace nueve meses, amenazados por un grupo armado de la comunidad de Santo Domingo Teojomulco.

Las familias de las rancherías de El Tlacuache y La Cofradía se encuentran en un paraje de San Pedro El Alto, que han bautizado como Pueblo Nuevo. Las autoridades comunitarias les donaron madera para que puedan levantar un lugar donde vivir mientras se les resuelve cómo regresar a sus hogares. Otros más se han refugiado en casas de familiares y algunos rentan cuartos donde pasar la noche. 

La tristeza, el coraje y la impotencia de las familias se funden con el temor hacia un grupo armado encabezado por el representante comunal de Santo Domingo Teojomulco, Aureliano González Martínez, uno de los autores materiales de la masacre de Agua Fría, ocurrida el 31 de mayo de 2002, cuando personas armadas asesinaron a 26 indígenas de la comunidad de Xochiltepec, delito por el que fue culpado y encarcelado.

El objetivo de la agresión armada de Teojomulco fue apropiarse del territorio de San Pedro El Alto, de aproximadamente 15 mil hectáreas.

Además, este desplazamiento forzado dejó a las familias sin su fuente de trabajo. Las empresas comunitarias de aprovechamiento forestal y embotellamiento de agua, situadas  en el territorio de La Cofradía, tuvieron que detenerse; las empresas sufrieron el robo de maquinaria, vehículos y otros insumos y herramientas. El Tlacuache y La Cofradía también fueron saqueadas.

Estas personas desplazadas son víctimas de un doble desalojo. La gran mayoría de ellas vivían originalmente en las localidades Río Cacho, Llano Manteca y Río Salinas, El Durazno, Río Capote y El Perico, poblaciones de San Pedro El Alto que sufrieron la primera invasión a su territorio en 2013 por Santo Domingo Teojomulco y que los obligó a empezar de nuevo su vida en las rancherías de El Tlacuache y La Cofradía.

San Pedro El Alto, ejemplo de trabajo comunitario

La comunidad de San Pedro El Alto es una población indígena de origen zapoteca ubicada geográficamente en la Sierra Sur de Oaxaca. Durante los últimos años se ha dedicado al aprovechamiento, conservación y cuidado de los bosques; logrando así obtener reconocimientos municipales, estatales, nacionales e internacionales, por instituciones educativas y públicas como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras.

También recibieron la certificación de madera FSC y el convenio de colaboración entre el país de Finlandia y Canadá por la buena administración, aprovechamiento y cuidado de los bosques. De esa manera lograron establecer legalmente alrededor de cinco empresas de carácter comunal con ayuda de la población.

Sus dos principales empresas comunitarias son la Unidad Económica Especializada en Aprovechamiento Forestal Comunal San Pedro El Alto, basada en un sistema de producción finlandés, y su embotelladora de agua se llama Beedani; ambas generan más de 200 empleos directos.

En cuanto al ámbito territorial, San Pedro El Alto es una comunidad legalmente constituida por las leyes en materia agraria del Estado Mexicano, titulados mediante Resolución Presidencial de fecha 19 de mayo de 1954, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de octubre del mismo año, en la cual reconoció favorablemente y tituló una superficie de 30 mil 47 hectáreas de tierras que fueron debidamente declaradas el 13 de mayo de 1956.

De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad, en ningún momento ha tenido conflictos con ninguna otra población; sin embargo, recientemente, los habitantes de esa comunidad son víctimas de violaciones a los derechos humanos y marginados por la desatención de los gobiernos del Estado Mexicano y de la delincuencia organizada.

Primera invasión

Actualmente, María Baltazar tiene 62 años. En 2013 ayudaba en la preparación de sus nietos para llevarlos a la escuela en la comunidad de El Durazno cuando, alrededor de las siete de la mañana, irrumpieron en su casa personas armadas de Santo Domingo Teojomulco, quienes los amenazaron y les advirtieron que debían desalojar o, de lo contrario, los matarían.

“Llegó bastante gente armada y amenazándonos; estaba yo con mis hijos y con mis nietos. Nos echaron a correr; teníamos masa para cocer y todo eso; pero ellos se fueron un rato; hicimos nuestra tortilla y mandamos a los niños a la escuela; pero luego la maestra dijo que ya no iba a subir porque ya estábamos amenazados con los niños. Entonces decidimos seguir calmados; llegaron nuevamente a las siete de la noche y nos echaron a correr a balazos; y ya nos fuimos en la noche, caminando con los niños, algunos sin huaraches y nos venimos a El Tlacuache”, recordó.

Ese día, uno de sus hijos fue obligado a desnudarse por completo y lo hicieron correr por el bosque sin zapatos y sin ropas; también prendieron fuego a su vehículo. “Teníamos pollos, cuches, herramientas, pero todo nos quitaron. Todo se lo llevaron; al final de cuentas vinieron y quemaron los ranchos; teníamos maíz, frijol; nos quemaron la ropa. Llegamos al Tlacuache sin nada. Nos venimos caminando, nos echaron de ahí a las siete de la noche con disparos de armas, y llegamos casi amaneciendo”.

En 2013, los terrenos comunales pertenecientes a la Resolución Presidencial de San Pedro el Alto fueron invadidos varias veces. Las invasiones fueron realizadas por personas de la población de Santo Domingo Teojomulco.

Ese año fueron forzadamente desplazados habitantes de San Pedro El Alto, familias de las localidades de Río Cacho, Llano Manteca y Río Salinas, El Durazno, Río Capote y El Perico; fueron amenazados con armas de fuego; les quemaron sus casas, ranchos, una patrulla y la escuela, les robaron el ganado e intentaron asesinar a dos personas que integraban la Policía Comunitaria.

A raíz de este suceso se posesionaron ilegalmente de diferentes puntos. Por esta situación, las personas desplazadas de las rancherías se refugiaron en El Tlacuache, donde fincaron sus casas, con apoyo de la comunidad.

En 2014, los pobladores de Santo Domingo Teojomulco abrieron una brecha clandestina, donde derribaron cientos de árboles con motosierras, maquinaria y con hombres armados; esta brecha fue impuesta coercitiva y unilateralmente. Durante esta primera invasión, los de Santo Domingo Teojomulco despojaron a San Pedro El Alto de siete mil hectáreas de sus tierras, en su mayoría boscosas.

Segunda invasión

María Baltazar y su familia habían logrado rehacer su vida en El Tlacuache. Pero el 10 de marzo de 2024, un grupo armado de Teojomulco irrumpió en su hogar; habían pasado 11 años de la primera invasión. María estaba haciendo tortillas cuando unos hombres con armas de fuego los obligaron a reunirse en la cancha de la comunidad y los forzaron a dejar sus cosas y huir hacia la cabecera municipal de San Pedro El Alto. La misma situación ocurrió para los habitantes de la comunidad de La Cofradía, donde se encuentran las empresas comunitarias de San Pedro El Alto.

En 2023, cuando las autoridades de San Pedro El Alto realizaban recorridos de trabajo en los alrededores de El Tlacuache, varios hombres se colocaron en las lomas cercanas y gritaban amenazadoramente que “ya habían llegado los teojomulqueños”. Esas personas se encontraban armadas y, desde ese momento, las autoridades de la población comunicaron tal situación por escrito y verbalmente a las dependencias de seguridad del país y del gobierno de Oaxaca; acto seguido montaron pequeñas guardias de comuneros para intentar resguardarse; pero desde esa fecha, la ranchería de El Tlacuache ha vivido constantemente actos de intimidación, amenazas y disparos de armas de fuego.

El miércoles 12 de abril de 2023, alrededor de las 6:30 de la mañana, aproximadamente 700 personas con armas largas, encabezadas por autoridades municipales y comunales, irrumpieron violentamente en el centro de El Tlacuache haciendo disparos al aire. A partir de ese momento, algunas personas trataron de refugiarse en sus hogares pero fueron amenazados con armas de fuego y obligados a salir.

El 12 de mayo de 2023, alrededor de las 7:00 de la mañana, cerca de 500 hombres con armas de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército arribaron de nuevo a El Tlacuache, y obligaron a sus habitantes a desalojar la ranchería, amenazándolos con tomar acciones contra ellos; antes de retirarse, nuevamente echaron disparos al aire.

El domingo 10 de diciembre de 2023, alrededor de las 7:00 de la mañana, aproximadamente 200 hombres armados recorrieron el sitio a pie para marcar otra brecha clandestina en la ranchería La Cofradía, perteneciente a los Bienes Comunales de San Pedro El Alto. En esta ocasión amenazaron a los pobladores de una ranchería cercana a la población. Esta vez, Santo Domingo Teojomulco abarcó más territorio y dejó encerrada a la población de El Tlacuache.

“Dejándole claro el mensaje al velador que fue testigo de la presencia de estos hombres, quien era el que se encontraba en la Colonia la Cofradía, quien es el encargado de cuidar el campamento, y ante quien se presentó una persona que dijo ser autoridad municipal de Santo Domingo Teojomulco quien, en tono de advertencia, les dijo que comunicara a la población que tenían 15 días para firmar la entrega de sus tierras, o que si no, cumpliendo ese plazo, iban a hacer otra brecha en la que iban a abarcar más terrenos, y que la ranchería El Tlacuache y La Cofradía ya iban a pertenecer a Teojomulco”, narran las autoridades comunitarias de San Pedro El Alto.

El 27 de enero de 2024 se oyeron detonaciones de armas de alto calibre muy cerca de la ranchería El Tlacuache; el 30 de enero, unos 10 hombres armados ingresaron a la ranchería, intimidando a los pobladores con sus armas largas.

Las agresiones se intensificaron y el 10 de marzo del 2024, aproximadamente mil hombres armados retuvieron de manera ilegal a 15 pobladores originarios de San Pedro El Alto, en los parajes el Manzanal y La Danza, donde se halla el aprovechamiento forestal; ambos son parajes muy cercanos al centro de San Pedro El Alto.

El 22 de marzo de 2024, el grupo armado de Santo Domingo Teojomulco abrió una nueva brecha para apoderarse de ocho mil hectáreas más de San Pedro El Alto. Desde entonces, no se permite a los pobladores trabajar en su empresa forestal y en la embotelladora de agua; un grupo armado de Teojomulco tiene resguardada la zona para que nadie de San Pedro El Alto ingrese, intente trabajar o visitar a sus animales, incluidas las personas de las rancherías el Tlacuache y La Cofradía.

Crisis humanitaria

“Andamos ahí luchándole, porque no tenemos maíz, no tenemos nada. A veces nos vamos con los vecinos a trabajar para sacar algo de comer; da mucha tristeza por cómo nos están tratando. De veras que es un sufrimiento: a mis niños, a mis nietos los amenazaron, a mí me da lástima cómo nos han tratado. Le apuntaron a los niños con sus armas y dijeron: de lástima no los quebramos porque están los niños; y estaban mis nietos así alrededor”, lamentó María Baltazar, en el pequeño cuarto de madera donde ahora vive sobre un paraje en la cabecera municipal de San Pedro El Alto.

La misma situación expresó Margarita, quien ha sufrido la violencia de Santo Domingo Teojomulco desde el año 2004, cuando fue asesinado su hermano Francisco, quien a los 21 años ejercía el trabajo comunitario como policía cuando fue emboscado y asesinado con arma de fuego; había salido a las seis de la mañana a trabajar y una hora después fue asesinado, dejando en la orfandad a su hija de tres años y a un niño de ocho meses.

“Ahorita están todos asustados, porque cuando llegaron después de eso y ahora que nos desplazaron, nos dieron un mes primero, seguimos un año todavía. De ahí, iban a entrar a las dos de la mañana, pero como llovió en la noche, llegaron a las seis de la mañana a patear las puertas de todas las casas, nos empezaron a sacar, que fuéramos a la cancha de El Tlacuache a una plática; bajamos porque no podíamos hacer nada. Éramos algunos habitantes… llegaron; por milagro de Dios que no nos hicieron nada; esta niña estaba chiquita. Es mi nieta, tenía cuatro meses”, contó Margarita sobre la ocasión en que fueron obligados a desplazarse y dejar su hogar.

“Me apuntaron con el cañón de la pistola”, continúa su relato, “cuidadito que voltees para atrás, camine pa’delante, me dijeron, y no dejaron que volteáramos para atrás; fue mucho daño el que nos hicieron. Algunas señoras estaban acostadas, patearon las puertas, no los dejaron sacar sus suéteres; no sé qué vaya a pasar con nosotros, las cosas se están complicando más. Y no hay apoyo, nada. Hay mujeres embarazadas. No sentí miedo, sentí coraje, porque no es tan fácil perder a alguien de la familia”. 

Margarita es viuda y con dos hijos, trabajaba lavando ropa y haciendo de comer a los trabajadores de las empresas comunitarias. Ese día tuvo que pagar dos mil pesos para que un taxi los trasladara hasta la cabecera municipal de San Pedro El Alto. Ahora vive en un cuarto prestado y sin nada; para mantenerse, muele un poco de tortilla, compra leña y visita casas donde trabaja para conseguir algo de dinero. 

Juana López Velásquez tiene 57 años, padece cáncer de mama y tiene un hijo con discapacidad. Toda su vida, narra, la vivió en El Tlacuache, hasta que llegaron los de Santo Domingo Teojomulco.

“Nos pusieron de patitas en la calle, como si fuéramos unos ladrones, unos asesinos. Realmente no somos así, somos personas de paz, trabajadores humildes y sencillos; nos dedicamos a la siembra de maíz, frijol, haba, chícharo, ahí tenía flores, duraznales, nopales; sembraba uno poco y así me iba manteniendo. Si salgo, ya traigo la flor, ya la vendo, ya ganaba unos cuantos pesos para comer con mi familia”. Pero ahora, lamenta, de dónde va a agarrar para vivir, porque ya no hay trabajo: “¿Qué venderemos, con qué vamos a comprar?”.

Con su enfermedad, revela, debe viajar continuamente a la ciudad de Oaxaca debido a sus citas con el oncólogo. Por eso requiere apoyo, al igual que todos los desplazados de El Tlacuache y La Cofradía.

“Que nos den un apoyo para desbaratar nuestras casas, podemos traernos esas láminas y podemos hacer nuestra cocina, un baño o un gallinero para cuidar pollos, o un marranito, o algunos borreguitos; allá tenía mucho espacio, pues todo eso teníamos. Lamentablemente aquí no tenemos nada y ¿qué vamos a hacer, de qué nos vamos a mantener? 

“Teníamos primaria, preescolar, no teníamos mucho, pero para mí era bastante; pero ahora nos refugiamos con algún familiar: una renta o algo; porque no tenemos recursos para hacer nuestra casa en el lugar que nos han dado”.

Juana reconoció que para ella es muy doloroso lo que está viviendo, llora y sufre porque sus esfuerzos de toda la vida y su trabajo se quedaron en El Tlacuache. “Se llevaron todo: ropa, muebles, herramientas, machetes, ganchos, motosierras, alambres, comal, camas, mesa y roperos. Nos dijeron que nos saliéramos o nos mataban”.

Desatención oficial

Las autoridades comunitarias de San Pedro El Alto aclaran que el gobierno de Oaxaca, en manos de Salomón Jara Cruz, ha ignorado todas las ocasiones que han solicitado su intervención y apoyo ante las incursiones armadas y el despojo de sus tierras, arrebatadas por los pobladores de Santo Domingo Teojomulco.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, los ha “dejado plantados” en varias ocasiones, ignorando su petición de brindar seguridad en la zona invadida. También han mostrado indiferencia ante las peticiones de ayuda para personas desplazadas, para quienes resulta difícil obtener el sustento que les permita vivir; además de que viven en condiciones humanitarias complicadas.

La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, aseguró desconocer el caso de las más de 250 personas desplazadas de San Pedro El Alto.

Según un informe de la DDHPO, entre 2020 y 2023, al menos cinco mil 499 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en la entidad.

Las principales causas de la crisis humanitaria en Oaxaca se deben a la imposición y aplicación de sanciones comunitarias, intolerancia religiosa, conflictos de tierras o agrarios y explotación de recursos naturales, dificultades por nombramientos de las autoridades municipales, y violencia por conflictos agrarios, políticos y religiosos.

Las víctimas sufren daño físico, material, psicológico, étnico y marginación. “El desarraigo es uno de las más significativos, porque pierden su lengua, su cultura, su actividad y desarrollo económico y su relación con la naturaleza”, señala el informe de dicho organismo.