A partir del sábado 1º de diciembre, tenemos un nuevo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ahora México estará regido por una Constitución Moral, necesaria para crear una nueva transformación en la historia del país, la Cuarta, como la ha catalogado el nuevo Presidente. AMLO comenzó a gobernar antes de su toma de protesta; desde el periodo de transición echó abajo proyectos nacionales como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), impulsó otros, como la Refinería de Tabasco, organize dos encuestas nacionales y dio luz verde a reformas y contrarreformas que miembros de su partido aplicaron en el Congreso de la Unión. Durante estos cinco meses de transición, también dio de qué hablar al echarse para atrás en varias de sus promesas de campaña, aún sin haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo. Entre las más sentidas, tanto por partidarios como por detractores, están la de bajar el precio de las gasolinas, sacar al Ejército de las calles, disminuir el salario real de diputados y senadores y castigar a los funcionarios corruptos.

Las promesas de AMLO, de promover un cambio sustancial en la vida política y económica de México, que servían de soporte estructural a su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, y que atrajeron el voto mayoritario, han sido desplazadas y sustituidas por decisiones que se adoptaron incluso antes de su asunción al Poder Ejecutivo, el pasado 1º de diciembre. Entre los compromisos de campaña negados ahora por el propio AMLO resaltan la desmilitarización del país, la reducción del precio de combustibles y el enjuiciamiento a los funcionarios y políticos corruptos.

Así, la “Cuarta Transformación” del país –proyecto gubernamental que en los próximos seis años ofrecía complementar las aportaciones históricas de la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910– comienza con una retractación, tanto por las precipitadas acciones legislativas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, como por las decisiones de su líder y guía político, quien desde el periodo de transición echó por tierra varias de las más importantes promesas de campaña, que le permitieron obtener el triunfo electoral el 1º de julio.

Dos semanas antes de asumir el poder, AMLO recorrió varios espacios informativos, entre ellos Televisa, Televisión Azteca, Imagen Televisión, Milenio y el radiofónico de Carmen Aristegui; frente a esta periodista declaró que no cumplirá con varias de sus propuestas, entre ellas la de someter a juicio a los políticos corruptos, uno de sus principales compromisos de campaña, junto con los cambios sustanciales en los cuatro ejes de su Proyecto de Nación: política y gobierno; educación, ciencia, valores y cultura; desarrollo social y economía y desarrollo.

El 20 de noviembre, en el noticiero de Imagen Televisión, afirmó que en el caso de los corruptos hará “borrón y cuenta nueva”. “Va a decepcionar a mucha gente que votó por usted”, le reviró el conductor del noticiero; a lo que el Presidente respondió: “No me importa”. En esa misma entrevista, a pregunta expresa sobre si detendría o no la reforma constitucional para crear la militarizada Guardia Nacional –como lo había prometido varias veces en campaña– respondió con un rotundo “no”. Sin embargo, un día después, el 21 de noviembre, en Radio Centro, AMLO informó que la creación de la Guardia Nacional sería puesta a consideración de los mexicanos a través de una encuesta.

Ruptura del equilibrio de poderes

Ante esta precipitada toma de decisiones, sus detractores lo acusaron de despotismo, pues sus acciones superan cualquier límite legal previsto en la Carta Magna. Especialistas en derecho constitucional entrevistados por buzos coinciden en que lo más grave de esta nueva política es que tanto las Cámaras de Diputados y de Senadores elaboran reformas y leyes a modo para aplanarle el terreno al nuevo Presidente frente a sus adversarios políticos, lo que atenta contra la división de poderes y, por ende, el equilibrio de las fuerzas del Estado.

Entre los puntos más polémicos está la eliminación del fuero a dos mil 544 servidores públicos. Esta iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en cuanto entró en funciones, el pasado 1º de septiembre. La propuesta legal fue introducida por el diputado Pablo Gómez Álvarez y busca eliminar la figura del fuero constitucional. “Una muy amplia exigencia popular entre la ciudadanía que sufraga por todos los partidos políticos”, argumentó el legislador en su exposición de motivos.

La iniciativa implicó la modificación de los artículos 11, 38, 61, 74, 108, y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y abrió la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido el Presidente. Fue aplaudida por gran parte de la población mexicana, pero el maestro en ciencias jurídicas del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP) de la Procuraduría General de la República (PGR), Everardo Lara Covarrubias, dijo que eliminar el fuero a funcionarios públicos es una “treta” para ampliar la concentración de poder en la Presidencia de la República.

“Cuando el Ejecutivo quiere sacudirse a opositores, cuando éstos no han tenido fuero, los encarcela. El caso en México se dio con Belisario Domínguez. Cuando se produjo el asesinato del presidente Madero, a don Belisario lo mandó encarcelar Victoriano Huerta porque Belisario Domínguez, que era un excelente orador, tomaba la tribuna en la Cámara para evidenciar cómo el gobierno de Huerta había sido el culpable de tal asesinato. Éste es un ejemplo de la historia: quitando el fuero hay una fuerte tendencia del Poder Ejecutivo para avasallar a los otros poderes, porque no hay contrapesos”, destacó Lara Covarrubias.

Y aunque el jurista reconoció que varios diputados de todos los partidos han abusado del fuero, se pronunció en contra de la medida propuesta por Morena, porque “quitar el fuero a todos es disminuir el Poder Legislativo y el Poder Judicial…uno no podrá hablar y criticar con toda libertad al gobierno de la República, al Poder Ejecutivo, porque afuera lo estarán esperando para llevárselo a la cárcel”.

Lara Covarrubias afirma que la eliminación del fuero acaso sería buena para algunos servidores públicos, pero no en el de los legisladores, tanto federales como locales, porque en éstos el fuero “no solo es deseable, sino necesario para asegurar que no ocurra como antaño con Iturbide o Victoriano Huerta, que terminaron en el encarcelamiento o, peor aún, como mártires, como ocurrió con el senador Belisario Domínguez, quien fue asesinado por defender sus ideales y representar a su pueblo”.

El Politólogo Ricardo Alvarado, maestro en administración y políticas públicas e investigador de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó en la revista Nexos que “eliminar el fuero puede no traducirse en más corruptos en la cárcel, pero podría provocar que funcionarios públicos incómodos para el Poder Ejecutivo Federal (legisladores, consejeros electorales, gobernadores, jueces, etc.) sean sometidos a procesos judiciales”.

Alvarado compara los juicios de desafuero promovidos en los últimos 85 años, las acusaciones vertidas para justificarlos y las declaraciones de procedencia que se hallan pendientes en la Cámara de Diputados –en la mayoría de los casos se trata de políticos corruptos impunes– y concluye que no es posible asegurar que el fuero sea un obstáculo para investigar y enjuiciar a quienes cometen delitos de corrupción.

En el mismo sentido opina el también diputado Brasil Acosta Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un artículo publicado en este semanario (buzos 848) afirma que “el fuero no debe ser una carta abierta para delinquir, para enriquecerse al amparo del poder, ni un arma para abusar de éste de manera constante por parte de los diputados o funcionarios con fuero, pues eso desvirtúa su esencia; sin embargo, quitar el fuero sí puede convertirse en un mecanismo para acallar a quienes disienten del sistema y del gobierno en turno, pues al hacerlo tienen la ventana de la fabricación de delitos que con sentencia firme hagan que el inculpado pueda ser procesado, encarcelado y por ende eliminado políticamente”.

Las acciones anticonstitucionales no son las únicas que se le han criticado al Gobierno Federal entrante, la mayoría ejecutadas antes de que asumiera el poder. Entre las más evidentes figura la abierta violación a la legislación vigente que se cometió con la organización de consultas ciudadanas para que la población decidiera sobre la ejecución de grandes proyectos de infraestructura como la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a finales de octubre y la reciente aprobación del proyecto de construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y de varios programas sociales, realizada el 24 y 25 de noviembre.

En el artículo 34 sobre los Derechos de los Ciudadanos, fracción VIII, de la Constitución, se especifica que las consultas populares deben efectuarse sobre temas de trascendencia nacional y ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, mediante su aprobación por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, o con el voto ciudadano equivalente al dos por ciento de los electores inscritos en la lista nominal. La consulta, además, debe ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con metodología y rigor científicos. Pero las consultas de AMLO fueron organizadas por una fundación privada y por Morena en un periodo anterior a su toma de protesta como Presidente de la República.

Ante esta violación a la ley, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Carlos Romero Hicks y Damián Zepeda calificaron de “payasadas” ambas consultas y adelantaron que los militantes y dirigentes de su organización política no participarían en ellas.

Aliado de la “mafia del poder”

“Derrotar pacíficamente a la mafia del poder. Debemos abrir las puertas a mujeres y hombres de buena voluntad para luchar juntos. Nuestros adversarios están en las cúpulas del poder económico y político”, dice un documento de Morena que desde hace meses circula en la Internet y en el que el Proyecto de Nación y la Cuarta Transformación de AMLO ratifican el compromiso de liberar a México de la corrupción y del dominio de los grupos oligárquicos.

El citado texto dice a la letra: “nuestros adversarios están en las cúpulas del poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo, no tenemos diferencias con nadie; el problema está arriba. En realidad son muy pocos los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia”.

Contrario a su discurso, el pasado 15 de noviembre, AMLO anunció que los empresarios Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, TV Azteca, Banco Azteca y Elektra; y Bernardo Gómez, actual vicepresidente ejecutivo de Televisa y el responsable de los contenidos de sus noticieros, se sumarían a su equipo de asesores personales. En el Consejo Asesor Empresarial están incluidos también Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Ángeles, que incluye a Imagen Televisión y el periódico Excélsior, entre otras empresas; Carlos Hank González, director general de Banorte, el segundo banco más grande de México; Daniel Chávez, ingeniero civil y dueño de Grupo Vidanta, empresa constructora de hoteles; Miguel Rincón Arredondo, presidente ejecutivo y director general de Biopapel, fabricante de la marca Scribe; Miguel Alemán Magnani, presidente de la aerolínea Interjet, y Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de la compañía Deacero, dedicada a la fabricación de productos derivados del acero para el mercado nacional y extranjero.

“… Me gustó mucho porque de ellos salió, que quieren apoyar, quieren ser consejeros del próximo Presidente de la República. Y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del Presidente; me quieren ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones, y ayudarnos. Les tomé la palabra”, justificó AMLO en un video difundido en sus redes sociales.

La decisión tomó por sorpresa a los propios integrantes de Morena y simpatizantes del Presidente. “El dinero es el principal motor de estos empresarios para acercarse a López Obrador y proponer el consejo asesor”, dijo Gerardo Albarrán de Alba, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas en una entrevista radiofónica.

A pesar de que los grandes empresarios de México fueron constante blanco de sus críticas en la campaña electoral pasada, fiel a su política consultiva, AMLO anunció que el 21 de marzo de 2019 preguntará a los mexicanos si aceptan o no que continúe trabajando con su consejo asesor empresarial, integrado exclusivamente por un grupo de empresarios multimillonarios.

Inestabilidad política y económica

La cancelación de los trabajos de construcción del NAIM en Texcoco, pese a las inversiones realizadas y a sus avances, y su sustitución por un nuevo proyecto que incluye a la base aérea de Santa Lucía –que estará a cargo de José María Riobóo, empresario cercano al Presidente y asesor económico– provocó primero gran desconcierto público y luego notorias alteraciones en el mercado financiero.

Diversas voces empresariales y políticas se pronunciaron en contra de la cancelación del proyecto, pero fueron desoídas por AMLO y su partido. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) declaró a los medios: “no podemos aceptar el resultado; porque existe un principio de derecho que establece que los cambios no pueden ser retroactivos, especialmente cuando se han invertido ya más de 100 mil millones de pesos ¿Qué caso tiene tirarlos?”.

En el caso de la iniciativa para eliminar el cobro de las comisiones bancarias, el Presidente sí tuvo que retractarse. Esa propuesta legislativa fue anunciada en la segunda semana de noviembre por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado; días después, el equipo de transición encabezado por Carlos Urzúa –actual Secretario de Hacienda– emitió un comunicado en el que informaba que tras reunirse con AMLO se había determinado echar atrás la propuesta porque no se habían tomado “en cuenta los impactos” de ésta ni la opinión del sector financiero.  

Pero no solo este asunto y el del NAIM-Texcoco han puesto a temblar a las cúpulas financieras. Hay otros temas, incluidos en el Programa Económico del Proyecto de Nación de AMLO que desconciertan y generan serias dudas sobre su viabilidad económica. Tal es el caso, por ejemplo, del ahorro de 412 mil 716 millones de pesos que el actual gobierno federal hará con base en la aplicación de sus medidas “anticorrupción”.

Estos recursos, dice el proyecto, serían reasignados “para usos más productivos y eficientes como: proyectos regionales e infraestructura, inversión adicional a Pemex y la CFE, programas de inversión social y política para la juventud y adultos mayores, así como a la reducción del déficit fiscal a inicios del sexenio entre los años 2019-2021”.

Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es preocupante que AMLO pretenda regresar al pasado. En entrevista con el diario El Financiero, dijo: “Nos preocupa el modelo económico que propone Morena-PES-PT, semejante al desarrollo estabilizador, porque México no puede volver al pasado; la certidumbre que México necesita debe venir más bien de la fortaleza de nuestras propias instituciones, más que de las promesas de las personas”.

Aunque en el sector financiero existe cierta estabilidad, entre la población hay un malestar, porque muchas de las propuestas que afectan directamente su vida diaria tendrán que esperar. Entre éstas destacan la reducción de los precios de la gasolina y el gas, que el equipo del Presidente anunció que no se podría concretar “por el momento”; el precio de las gasolinas supera 20 pesos por litro. La otra promesa que ha quedado en el aire es el incremento del salario mínimo a 171 pesos; ahora se habla de un incremento de 86 a 101 pesos.

Guardia Nacional, extralimitación presidencial 

En la memoria de los mexicanos se encuentra la frase del entonces candidato presidencial de Morena sobre el papel que jugaría el Ejército en su sexenio; es decir, que éste dejaría las calles y regresaría a los cuarteles. Sin embargo, pocos días antes de asumir la Presidencia, AMLO se contradijo y anunció que los elementos castrenses se quedarían en las calles y pasarían a formar parte de una figura de seguridad permanente: la Guardia Nacional.

Para respaldar la decisión, el grupo parlamentario de Morena presentó, el 20 de noviembre, en la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para crear dicha figura policial de seguridad, con el argumento de que únicamente las fuerzas armadas pueden hacer frente a la inseguridad y la violencia que sacuden al país. Según especialistas en la materia, esta reforma otorgará poderes a las fuerzas castrenses que pueden poner en riesgo la estabilidad de país.

Pese al rechazo de las víctimas y de los deudos de la “guerra contra el narcotráfico”, rechazo expresado en los foros que el gobierno electo logró organizar, AMLO dio luz verde a la creación de la Guardia Nacional. En este caso, el Presidente no promovió ninguna consulta nacional ciudadana o popular.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró que es una extralimitación del presidente pretender formar una Guardia Nacional. “El país hoy, en términos reales, da para formar tres mil policías cada 14 meses y tiene un costo de 25 mil millones de pesos. Entonces la pregunta es ¿de dónde van a salir estos recursos?”. Y aunque la iniciativa propuesta en San Lázaro justifica la aplicación en México de un modelo similar al de Francia, el ONC argumentó que éste ha fracasado en varios países.

Consultado por buzos, Francisco Rivas dijo que el plan de seguridad del Presidente no tiene aún una idea clara y específica de cómo va a desarticular las redes de corrupción. El plan evidencia que para el Presidente la corrupción se mueve por individuos “Transparencia Internacional, en todos sus estudios, ha evidenciado que la corrupción se mueve por redes; y aquí no hay claridad de cómo combatirlas”. Por ello se deduce que la función de la Guardia Nacional será ajena al combate a la corrupción.

Rivas explicó también que el proyecto de la Guardia Nacional no contempla una forma concreta para combatir otros tipos de delito, como el cibernético, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas. El plan “deja pendiente la elaboración de un diagnóstico puntual, con datos o evidencias de las dimensiones del problema de seguridad en México; se brinda una serie de reflexiones basadas en generalidades abordadas desde la academia, especialidades y organizaciones de la sociedad civil desde hace dos décadas”, denunció.

Las primeras acciones de AMLO han sido la creación del Consejo Asesor Empresarial; su “buena” relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el control vertical que ejerce sobre las mayorías parlamentarias del Congreso de la Unión y 20 legislaturas locales; la figura de los “súper-delegados” en las 32 entidades de la República, con la que pretende ejercer el control sobre los gobernadores; la creación de una Fiscalía General de la República no autónoma; la pérdida de autonomía de diversas instituciones nacionales que hasta noviembre pasado servían de contrapeso al Poder Ejecutivo y el golpeteo contra organizaciones sociales abocadas a la lucha contra la pobreza en el país.

Por todo esto, agrupaciones políticas y sociales, académicos, intelectuales, periodistas y ciudadanos comunes han comenzado a cuestionar la decisión política que tomaron el pasado primero de julio de 2018.