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El próximo gobierno mexicano sabe que ni la agenda de prioridades político-económicas, ni la actitud veleidosa del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) son predecibles. La experiencia de los últimos meses con el huésped de la Casa Blanca anticipa que lo mejor es estar preparados para toda eventualidad.
Hoy, como siempre, México negocia con EE.UU. en situación de vulnerabilidad y poco logrará proponer en materia de cooperación en seguridad, diálogo político, comercio y migración. Los analistas afirman que la realidad bilateral e internacional impone una nueva narrativa en esta relación y que ésta se hallará lejos de la “integración profunda” que alentaron los tecnócratas y que, asimismo, estarámás próxima a las responsabilidades compartidas. Es un escenario de desafíos abiertos.a relación más estratégica en el ámbito exterior de México es la que mantiene con Estados Unidos, la superpotencia militar y económica mundial.
Nuestro país es uno desus mayores socios comerciales, su gran proveedor de energía y de múltiples recursos estratégicos, así como su vínculo con la América hispanoparlante. México y EE.UU. comparten fuertes lazos económicos, de seguridad y el destino de 35.7 millones de personas de origen mexicano que viven allá, además de una frontera común de casi tres mil 218 kilómetros.Hoy, esa histórica relación bilateral vive un contexto inédito: ha terminado el orden bipolar y la construcción de uno nuevo es un proceso complejo e impredecible. Y mientras en el interior de la superpotencia hace unas semanas cambió el balance de poder con la victoria demócrata en la Cámara de Representantes, en México hay un nuevo Gobierno Federal.Cada uno de esos planos superpuestos importa e influye enel marco geoestratégico de esa relación bilateral. De ahí que, en beneficio del interés nacional, sea indispensable que la política exterior del Ejecutivo mexicano, que asumió el 1º de diciembre, tenga visión geopolítica.Y aunque diversificar la políticaexterior ha sido objetivo declarado de los distintos gobiernos mexicanos, el peso de la relación con EE.UU. ha aumentado para nuestro país.
Hasta ahora el comercio, la energía y el combate al paso ilícito de personas, armas, drogas y dinero han sido prioridad para la superpotencia.Sin embargo, esa agenda hoy es más compleja, con temas como la gestión de recursos transfronterizos (agua) y el combate al terrorismo. Entrecruza esa relación la escalada del fenómeno migratorio, explica el doctor en ciencia política José Luis León.El tema migratorio enfrió la que en agosto de 2016 se anticipaba como una relación cálida entre el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y el entonces candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald John Trump. Los cambios del magnate a las políticas de inmigración a su país han puesto a prueba la relación bilateral.La insistencia del estadounidense para que México pague por el muro que blindaría la frontera, ocasionó en enero de 2017 que el Presidente mexicano cancelara la pactada reunión en la Casa Blanca. La tensión aumentó cuando Trump decidió rescindir la iniciativa que autorizaba trabajar y residir en EE.UU. a personas que ingresaron ahí en la infancia (DACA, en inglés). Todo empeoró cuando permitió que agentes estadounidenses separaran a inmigrantes indocumentados de sus hijos.Por ello, Trump y Peña Nieto no sostuvieron las tradicionales reuniones que exigía su vecindad y alianza estratégica. En estos meses solo tuvieron fugaces encuentros en el G-20 de Alemania y en la APEC en Vietnam). Pese a esos escollos, el gobierno de EPN siguió trabajando con Washington en asuntos fronterizos y manejo migratorio.
Por ello sorprendió el tono complaciente del estadounidense tras la elección presidencial del 1º de julio en México, al declarar que confiaba en tener una “buena relación” con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, ante la impredecible actitud del empresario, todos los escenarios son posibles.En la mira de EE.UU. El Congreso de EE.UU. es actor determinante en el curso de la relación bilateral. Tras las elecciones legislativas del seis de noviembre, el entrante gobierno mexicano constatará que “el Congreso será escenario de nuevas y duras batallas políticas que le impactarán”, anticipa el historiador Patrick Iber, autor del libro La Guerra Fría Cultural en América Latina.Del mismo modo debe considerarse que aunque Trump carece de mayoría popular, aún es muy influyente y popular en el campo republicano. Por otra parte, el control demócrata de la Cámara de Representantes (Cámara baja) tampoco suaviza la situación para México.Se prevé un clima muy combativo con sus adversarios políticos y por ello podrían rechazar el nuevo pacto comercial trilateral y entorpecer cualquier pacto de tipo migratorio con los republicanos.
Para ganar punto en el mundo polític de Washington, el presidente del Instituto de Políticas Migratorias (IPM), Andrew Selee, propone que México “cambie su imagen en Estados Unidos, dejar de dirigirse solo a las élites y fortalecer relaciones con la diáspora mexicana y latinoamericana en aquel país”.Entre los diagnósticos menos desdeñosos e insolentes sobre México que se hacen en EE.UU., figura el informe para el Servicio de Investigación del Congreso: Trasfondo de la Relación México-EE.UU., de la especialista en Asuntos Latinoamericanos Clare Ribando Seelke. Ahí consigna que la elección del 1º de julio “tendrá un impacto significativo en la política y economía deMéxico, así como en su postura hacia EE.UU.”Explica que pese al temor de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de AMLO, domine en el Congreso mexicano y decida “revertir las reformas y dañar la relación con EE.UU., algunos analistas predicen que el próximo Presidente gobernará pragmáticamente”.A su vez, los medios estadounidenses destacan que el futuro secretario de Hacienda, el economista Carlos Urzúa, se formó profesionalmente en EE.UU. Y también alertan que la próxima ministra de Energía, la química Rocío Nahle, rechaza la participación del capital privado en ese sector.Lo que sí preocupa a Washington es “el resurgimiento de la violencia del crimen organizado en México, que en 2017 alcanzó niveles inéditos”, subraya el informe de Seelke. Dada la interdependencia de ambos países, ese problema“afecta la seguridad nacional de EE.UU.”, particularmente en la frontera.Otros focos rojos son: la corrupción, que cuesta a México “53 mil millones de dólares al año; el cinco por ciento de su Producto Interno Bruto”; la falta de transparencia en adquisiciones gubernamentales y las normas confusas y trámites burocráticos que “desaniman” a inversionistas. Además afirma que las deficiencias del sistema educativo dificultan a firmas extranjeras “encontrar trabajadores calificados”.
Los analistas estadounidenses no cesan de alertar que en los últimos 30 años “México ha mantenido una tasa de bajo crecimiento del 2.6 por ciento” y tiene altas tasas de pobreza (46 por ciento en 2016); por lo que sostienen que es uno de los 25 países más desiguales en el mundo, donde el 64 por ciento de su riqueza se concentra en el 10 por ciento de la población.No obstante, es paradójico que el reporte del Congreso cite el informe Inequidad, de Oxfam México 2015, que atribuye parte de ese problema “a oligopolios que dominan ciertas industrias, a los muy bajos salarios y a la falta de objetivos en programas sociales”.
Asistencia condicionadaTradicionalmente, la cooperación de EE.UU. para “fortalecer” la seguridad y defensa de México se ha traducido en asistencia económica del Departamento de Estado (DE) y del Departamento de Defensa (DD). Entre 2006 y 2012, el DE emprendió un plan anti-crimen para México y Centroamérica (Iniciativa Mérida) al que dotó de 1.4 mil millones de dólares en equipos y entrenamiento para las fuerzas armadas.En noviembre de 2016, la oficina de Presupuesto de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) informó que esa asistencia se incrementaba de 1.4 mil millones de dólares a 2.9 mil millones de dólares, casi equivalente al dos por ciento del presupuesto total de seguridad de México, que es de 10 mil millones de dólares anuales.Y aunque esa asistencia se traduce en asesoría y capacitación de las fuerzas armadas, para los críticos de la Iniciativa Mérida este plan ha permitido a EE.UU. diseñar la política de seguridad de México.Por su parte, la asistencia a México del DD en 2018 es de cinco millones de dólares (equipo bélico) a través de su oficina de Financiamiento Militar en el Extranjero (FMF). Esta cooperación militar se ha incrementado con miras a “mejorar la seguridad en zonas de alta criminalidad, captura de sospechosos, fortalecer la seguridad fronteriza e interrumpir tráficos ilícitos”, explica elCongreso de EE.UU.El Comando Norte de EE.UU., situado en la base aérea Peterson, en Colorado, supervisa los programas del DD en México. Simultáneamente, la Agencia de Control de Drogas (DEA) asistió a México con 63.3 millones de dólares en programas antinarcóticos.No obstante, los decretos de Donald Trump para reforzar la seguridadfronteriza han reencaminado la Iniciativa Mérida; hoy su prioridad es atacar el modelo de negocios del crimen organizado trasnacional. Por ello pidió 56 millones de dólares adicionales al Congreso.
El nuevo gobierno mexicano deberá definir en 2019 si mantiene o no esa iniciativa, pues en septiembre, el Congreso de EE.UU. discutirá el presupuesto de 2020.Perspectiva 2019El nuevo Presidente mexicano ha sostenido que la mejor política exterior es una política interna fuerte. Su futuro canciller, Marcelo Ebrard, afirma que el próximo gobierno buscará el retorno de México a esa política no intervencionista, aunque seguirá su compromiso en asuntos globales. Esa postura choca con la estrategia imperial de dividir a los Estados latinoamericanos mediante el repudio a los gobiernos progresistas.El gobierno mexicano saliente fue muy activo en la Organización de Estados Americanos (OEA) al denunciar lo que considera “el deterioro de la democracia” en Venezuela. Ese gesto contrariaba la tradicional política exterior del país, basada en el principio constitucional de No Intervención. Es incierto el apoyo o rechazo de esa política regional en el futuro gobierno.Al retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Trump sacudió la esperanza de negocios de múltiplesEstados y trastocó los cimientos de la relación comercial con México y Canadá, al imponer la reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esa dinámica puso en juego el futuro del pacto comercial entre Chile, Colombia y Perú, denominado Alianza del Pacífico. Habrá que discernir el plan estratégico del gobierno mexicano entrante con respecto a este rubro.El informe Perspectivas Económicas Mundiales 2018-2019,del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la economía mexicanaes muy vulnerable y prevé que a lo sumo crecerá al tres por ciento, pues en 25 años ha experimentado un débil crecimiento y su mercado interno se ha contraído por la permanente crisis de inseguridad e ingobernabilidad.
Detrás de ese panorama desalentador se hallan varias décadas de políticas de apertura comercial, desregulación de inversión extranjera y ajustes estructurales que se han traducido en el control de sectores estratégicos del país por cuenta de corporaciones trasnacionales. El mecanismo que consumó esa situación fue el TLCAN, que generó una crisis agrícola y puso a competir a campesinos mexicanos con la agricultura más subsidiada y desarrollada del planeta, destaca el docente de economía internacional, Jorge Alfonso Calderón Salazar.Por tanto, los analistas sugieren que el futuro gobierno no adopte una “política de apaciguamiento” y se mantenga firme ante las amenazas de Trump, sean comerciales, migratorias e incluso de seguridad. El objetivo es evitar la subordinación estratégica de la economíamexicana a los intereses de EE.UU.
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Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.