La Comisión recurrirá a las coberturas financieras para evitar riesgos en el suministro hasta 2028.
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La falta de oportunidades y de protección en el país, ha provocado que cada vez más las mujeres sean enganchadas por el crimen organizado en México para que se encarguen de la distribución de droga, robo de autos, checadoras o supervisoras, sicarias y jefas de plaza.
De acuerdo con el estudio “Socias en el crimen: el ascenso de las mujeres en los grupos ilegales mexicanos”, de la organización International Crisis Group, las mujeres son reclutadas porque las autoridades sospechan menos de ellas, son más observadoras y pacientes, logran mantenerse fuera del radar de la policía y el ejército; además, es más fácil forzarlas a permanecer en las filas de las organizaciones con amenazas de reclutar también a sus hijos.
Destaca que de 2017 a 2021, el porcentaje de mujeres en prisión acusadas de delincuencia organizada aumentó de 5.4 al 7.5 por ciento, pues además de otorgarles cierta autonomía financiera, también les da un sentido de pertenencia y “percepción de dignidad”.
Según las entrevistas realizadas por la organización, las mujeres en México llegan a las filas de los cárteles por sus parejas y por el consumo de drogas en zonas pobres. Asimismo, se descubrió que cuando las mujeres quieren dejar la vida criminal, sus hijos son reclutados como amenaza o como represalia, incluso cuando ellas están en prisión.
Para combatir el reclutamiento de mujeres en el crimen organizado, el grupo internacional recomienda a los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles abrir centros comunitarios y de reinserción que incluyan tratamientos de abuso de sustancias, así como abrir guarderías, facilitar el acceso a la atención médica e impulsar talleres de formación laboral.
“En el centro de estas iniciativas está el objetivo de dar a las mujeres jóvenes un mayor sentido de pertenencia, utilidad, capacidad y poder, reinserción y reintegración… Estas iniciativas también demuestran la necesidad de proyectos de desarrollo a largo plazo en las comunidades donde las mujeres van a reintegrarse”, concluyó el estudio.
La Comisión recurrirá a las coberturas financieras para evitar riesgos en el suministro hasta 2028.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora