Ya en la edición de la semana anterior, el ingeniero Aquiles Córdova Morán caracterizó certeramente la persecución a 31 científicos mexicanos como una acción contraria a la aplicación correcta de la ley y como un abuso de poder, una extralimitación de las facultades del Presidente de la República*. Otros colaboradores calificaron el hecho como una venganza del gobierno de la “Cuarta Transformación” por haber sido objeto de críticas por parte de algunos de estos científicos, y no dejan de equiparar la persecución actual con hechos históricos semejantes y muy conocidos actos persecutorios contra hombres de ciencia.
La comparación anterior no es para menos: la persecución, con todos sus antecedentes, la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en que se giren órdenes de aprehensión contra personas dedicadas a la actividad científica parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, que ha decidido de antemano que los imputados son culpables, es decir, ha dictado contra ellos una sentencia anticipada, sin esperar el juicio y pasando por encima de todos los procedimientos formales; el acoso, el empeño de castigar a toda costa a personas que no han sido declaradas culpables y que, por el contrario, han sido merecedoras de un amparo por parte del Poder Judicial, exhiben en las altas autoridades del país una saña y una falta de ecuanimidad impropias de un gobierno democrático.
A lo publicado por buzos la semana anterior hay que añadir lo que contiene nuestro Reporte Especial, con la reseña del caso; sus antecedentes, desde el origen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C. (FCCyT), organismo al que pertenecen los 31 imputados; la desaparición de éste como una entidad autónoma con personalidad jurídica y facultades para recibir y administrar recursos públicos; las acusaciones y la defensa de los implicados hasta llegar a su solicitud de amparo que les fue otorgada; el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), favorable a los miembros del Foro; y el desacato de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la orden de un juez de entregar los fondos retenidos. También se recoge la opinión de distinguidos académicos, de autoridades universitarias e investigadores, personalidades que en su mayoría coinciden en que la persecución es incorrecta y no corresponde a las normas propias de un Estado de Derecho.
* La persecución de los científicos mexicanos no es una recta aplicación de la ley. Aquiles Córdova Morán.
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