Este cinco de noviembre la LXV Legislatura veracruzana terminará sus gestiones con más pena que gloria, pues fueron diversos temas los que tuvieron que someter a votación en más de dos ocasiones, pese a que Morena por primera vez tuvo mayoría, esto debido al desconocimiento del proceso legislativo. Figuraron intentos de juicios políticos contra el ex Fiscal y presidentes municipales, los juicios de integrantes del Poder Judicial ante nombramientos que intentaron realizar, la Ley de Comunicación Social que les echaron abajo, por mencionar solo unas cuantas pifias. Esta legislatura ha sido una de las más criticadas, principalmente la bancada morenista, pues en varias ocasiones fueron denunciados en la prensa por protagonizar escándalos, diputados que no sabían leer, polémicas declaraciones y fotografías ridículas de sus “líderes” en el recinto legislativo.  

La legislatura que concluirá el 5 de noviembre, inició sus labores en la misma fecha, pero de 2018. Por primera vez, 19 diputados de Morena llenaban una curul, alcanzando así ese partido la mayoría legislativa; los otros escaños fueron repartidos 5 para el Partido del Trabajo (PT) y otros 5 del Partido Encuentro Social (PES), totalmente afines a su causa;13 legisladores fueron panistas; 3 del PRI; 2 del PRD; 2 de Movimiento Ciudadano y una del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Días después, muchos dejarían las filas del partido con el que llegaron al congreso local para sumarse a las filas de Morena, acrecentando así su poderío pues finalmente se quedó con 28 curules, pero de todos los legisladores, solo unos cuántos tenían experiencia legislativa, por ejemplo, el líder de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, hasta antes de llegar al Congreso, vendía automóviles en Coatzacoalcos.

Batallas con el Poder Judicial

El martes 13 de noviembre de 2018, durante la tercera sesión ordinaria, los diputados locales dieron entrada a la solicitud de juicio político contra el entonces Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, la cual fue presentada por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) por supuesta violación a los derechos humanos, en lo específico a los Colectivos de Búsqueda. Con este caso inició toda una serie de tropiezos legislativos. Si bien fue hasta agosto de 2020 cuando pudieron nombrar de manera definitiva en dicho cargo a Verónica Hernández Giadans, el caso de Winckler evidenció las fallas.

Con el nombramiento que hicieron de nuevos magistrados del Poder Judicial, se desató para el Congreso Local una batalla legal por parte de aquellos que fueron removidos. De lo anterior derivó que los Juzgados Federales del Séptimo Circuito de Amparo determinaran el cumplimiento de la suspensión provisional dictada en los amparos indirectos interpuestos en los Juzgado Décimo Octavo de Distrito del Séptimo Circuito, de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Roberto Dorantes Romero.

En septiembre del año pasado, el Juzgado federal notificó, vía correspondencia del día, al Congreso Local, que debería reinstalar a Lezama Moo y que se “rectificaran los errores” en el proceso. Ante esto, Rubén Ríos Uribe, quien fungía como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, “lamentó” que los magistrados recurrieran a “argucias” legales para permanecer en sus cargos.

“Puedo decir con toda certeza jurídica que existe jurisprudencia en el sentido que para la revocación de magistrados de más de 70 años no procede el amparo”, afirmó el también abogado.  Al cierre de esta edición el magistrado Lezama Moo no ha sido reinstalado.

La fallida reforma electoral

Con 34 votos a favor, el 12 de mayo la mayoría morenista aprobó el dictamen de decreto por el cual se reformaban y adicionaban diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado para establecer una serie de prerrogativas que “maximizarían los derechos político-electorales y a su vez reducirían el gasto público en materia electoral”; es decir, reducirían las prerrogativas y desaparecerían los consejos municipales del OPLE.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz dijo que con la aprobación de este decreto Veracruz se estaría ahorrando tan solo en financiamiento directo a partidos políticos, 177 millones de pesos al año. “De por sí, ese dinero ni siquiera ha llegado a las campañas, ni a sus candidatos, ese dinero no se ha sido utilizado para fortalecer nuestra democracia, digamos las cosas como son: históricamente ese dinero, que es del pueblo veracruzano, ha servido para enriquecer a ciertos líderes políticos”, pero para el mes de noviembre, a través de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto en Materia Electoral 580.

El caso Mixtla de Altamirano

Finalmente el 22 de septiembre, casi un año después, el Congreso dio cumplimiento a la sentencia de 25 de noviembre de 2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 267/2019, por lo que quedó sin efectos la intervención de la tesorería del municipio de Mixtla de Altamirano, así como la suspensión provisional del ayuntamiento y por ende la designación que se hizo del Concejo Municipal, restituyéndose a los integrantes del citado ayuntamiento.

De esta manera, se estableció que los integrantes del referido ayuntamiento que serían restituidos en el cargo, deberán comparecer ante este Congreso para la protesta de ley.

El mismo acuerdo, alude que, ante el hecho notorio y público respecto de un edil -que jurídica y materialmente se encuentra bajo los efectos de una medida privativa de libertad, serán las autoridades competentes que apliquen el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano especializado en materia electoral, respecto del ejercicio de los derechos político-electorales implicados.

Asimismo, los ediles restituidos serían notificados personalmente en el domicilio aportado en autos. Así, se echó abajo otra acción promovida por el Congreso.

La Ley de Comunicación Social

Publicada en mayo de 2019, el pasado 12 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz por “violaciones en el proceso legislativo”, esto luego de la que Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoviera la acción de inconstitucionalidad.

Fueron dos argumentos con los que se echó abajo esta ley propuesta y aprobada por la mayoría morenista: el primero, la dispensa de trámites legislativos, sin constatarse la votación calificada requerida; y segundo, la “falta de motivación” para acreditar la hipótesis de urgencia.

Por lo anterior -citó el resolutivo-, y al no tratarse de una norma cuya expedición sea potestativa para el Congreso local, sino que constituye una obligación prevista en la Ley General de Comunicación Social. Otro revés para Morena.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, su área de Comunicación Social se encargó de hacer otras más, como cuando al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, lo rebautizaron como Francisco en una efeméride difundida en sus redes sociales.

Otra más fue cuando el 16 de mayo felicitaron a todos los padres por “su día”, sin mencionar las constantes faltas de ortografía en sus boletines.

Otros reveses

El abogado veracruzano, Fidel Guillermo Ordoñez Solana, se dio a la tarea de hacer un listado de los errores en el proceso legislativo que los actuales diputados federales han cometido a lo largo de 3 años.

Entre estos, cita la Acción de Inconstitucionalidad 105/2020, de la SCJN, que invalida el cobro de derechos por expedición de copias y registro extemporáneo de nacimiento; la 99/2019, que invalida la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz y la 44/2019, que invalida el Artículo 31 de la Ley número 236 para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.

Ahí figura también el “Proyecto para la Despenalización del Aborto en Veracruz”, en el expediente 083/2019, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, que invalida el Decreto 576 por el que reforma a la Constitución de Veracruz; la Ejecutoria dictada en la Controversia Constitucional 17/2020, donde conceden Suspensión a la Revocación de Mandato de José Paulino Domínguez Sánchez, presidente municipal panista de Actopan prófugo de la justicia, señalado del presunto homicidio de un periodista y desvío de recursos, así como la resolución dictada en los Juicios Electorales SX-JDC-178/2020 y SX-JDC-186/2020, quejoso José Alfredo López Carreto, alcalde suplente de Actopan, esta última resolución del Tribunal Electoral Federal.

“Sólo hay que checar, ver y criticar cuando los diputados pasan a Tribuna y cómo, hasta leyendo tienen fallas y faltas de ortografía. Sabemos que cuando llegaron y protestaron el Cargo, lo primero que hicieron fue despedir asesores que eran de primera y los cambiaron por unos cuantos profesionistas, jóvenes, recién salidos de la Universidad, lo cual lleva a cometer los errores que ya todos saben”, expuso.

Polémicas por dichos y hechos

En enero de 2019, la diputada local morenista, Ana Miriam Ferráez Centeno, a la que años antes Andrés Manuel López Obrador le daba “asquito”, propuso implementar un “toque de queda para las mujeres” a partir de las 10 de la noche y con esto evitar feminicidios.

“Las mujeres tenemos que cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo, de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche”, soltó la representante de uno de los dos distritos de Xalapa, aunque días después tuvo que pedir disculpas. Antes, en noviembre de 2018, en una de sus primeras intervenciones en tribuna, confundió al ex presidente venezolano Hugo Chávez con el de Cuba, Fidel Castro, al intentar hacer una crítica a los gobiernos anteriores.

La otra diputada local de Xalapa, Rosalinda Galindo Silva, quien como Ana Miriam repetirán en la curul en la nueva legislatura, se dio a conocer por el número de familiares que acomodó en la nómina estatal: 9 en total. Sus hijas Nadia Isabel y Katia Alejandra Alvarado Galindo, una diseñadora gráfica y la otra egresada de la Facultad de Teatro, figuraban en la nómina de la Secretaría de Turismo. El esposo de una de sus hijas es Subdirector en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Su hermana, Esperanza Galindo Silva, entró en la nómina de la de Radio Televisión de Veracruz (RTV) y Rafael Rigoberto Galindo Silva, como Director de Fiscalización de Fondos Federales en la Contraloría del Estado. Su esposo, Juan de Dios Alvarado García, regidor del Ayuntamiento de Xalapa. Su otro hermano, Héctor Santiago estaba en la Secretaría del Trabajo y, su cuñado, Jorge Ignacio Aguilar Figueroa, figura como asesor y asistente del Poder Legislativo y José de la Cruz, cuñado de su hermano, entró en Invivienda. Cuestionada al respecto argumentó que era guerra sucia contra su partido: “Mi familia es honorable. Nunca ha dado de qué hablar”.

En agosto del año pasado, se difundió un video de Gómez Cazarín mostrando el glúteo con supuesto miedo, mientras su compañera morenista, Magaly Armenta, lo inyectaba en su oficina. Mucho antes fue severamente criticado por aparecer haciendo un gesto obsceno mientras estaban en Palacio de Gobierno.

Del diputado local morenista, representante de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres en enero de 2019, circularon en grupos de Facebook, fotografías desnudo, frente al espejo, hecho que coincidió con una crítica que hizo al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y a Gómez Cazarín. Poco después, también, se dio a conocer que su hijo, con primaria terminada también trabajaba en el Congreso Local con un sueldo de 15 mil pesos y, en plena pandemia, festejó los XV años de su hija. “Siempre se ha hecho”, fue lo que respondió.

La diputada local morenista, Cristina Alarcón Gutiérrez fue también criticada por no saber leer, como quedó demostrado al pasar a la tribuna.

Esta legislatura sufrió la pérdida del diputado local priista, Juan Carlos Molina Palacios, quien fue asesinado en noviembre de 2019. Su presunto asesino está detenido.

La Legislatura que viene

Conforme a los resultados electorales del pasado 6 de junio, Morena obtuvo 26 curules, de 30, por mayoría relativa, en la próxima LXVI Legislatura que inicia funciones el 5 de noviembre. En ésta, se reeligieron 6 diputadas locales de Morena: las dos de los distritos de Xalapa, Martínez de la Torre, Álamo, Cosoleacaque y Minatitlán. Juan Javier Gómez, aunque había sido incluido por la vía plurinominal, por razones de género quedará fuera, por lo que al cierre de esta edición, algunos personajes ya lo candidateaban como el próximo dirigente estatal de Morena.

Habrá perfiles con experiencia, pero en la oposición: Anilú Ingram Vallines (PRI), que ya fue diputada local y federal; Enrique Cambranis Torres (PAN) que ya fue presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local; Tito Delfín Cano, ex diputado local y Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI.

La Dirección de Registro legislativo y Publicaciones Oficiales del Congreso Local, indicó que, en su segundo periodo, el último, de su tercer año, esta legislatura solo celebró 7 sesiones en las que se presentaron 37 iniciativas con proyecto de decreto y 44 intervenciones en Tribuna. Hoy sesiona la permanente en espera de ser relevados en unas semanas más.