Las acusaciones penales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha lanzado contra 31 científicos del país generaron protestas en la comunidad académica nacional e internacional.

Este nuevo escándalo derivó de un intento de la administración federal por suspender la entrega de recursos públicos para el desarrollo de actividades científicas, como es el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), en el que participan los 31 imputados.

En el análisis La crisis mexicana de la inversión en el conocimiento científico, Sofía García Bullé, del observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, afirma que la inversión federal en ciencia y tecnología no alcanza siquiera el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) planteado como objetivo en la Ley General de Educación (LGE); y que, incluso en años recientes, los presupuestos para el ramo han disminuido.

“Los fondos invertidos oscilaron entre el 0.2 y el 0.3 por ciento del PIB antes de 2014. Se registró un repunte entre 2014 y 2015, en el que la cifra ascendió a 1.5 por ciento; pero posteriormente se inició un marcado descenso en el presupuesto aprobado en 2019 y en el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2020, en el que se registró un 0.8 por ciento del presupuesto federal (0.4 por ciento del PIB) destinado a la producción académica y científica, cantidad que se traduce en 49 mil 390 millones de pesos (mdp) mexicanos”, indica la analista.

En este marco de reducciones presupuestales, el propio AMLO, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, y el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, han insistido en señalar públicamente a esos 31 científicos como responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado  y uso indebido de atribuciones y facultades, mediante el presunto mal uso de 100 mdp para proyectos de investigación; y 471 mdp destinados a gastos de operación entre 2002 y 2018.

Si proceden las acusaciones de la FGR descritas en la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/0000222/2021, los 31 imputados serían condenados a 80 años de prisión, los 20 hombres serían enviados al penal federal de alta seguridad del Altiplano, sito en el Estado de México (Edomex) y 11 mujeres al Centro de Readaptación Federal Femenil 16, ubicado en el estado de Morelos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se habían rechazado dos solicitudes de orden de aprehensión presentadas por la FGR ante un juez federal, quien las desechó por no estar debidamente sustentadas y la Fiscalía anticipó que presentaría una tercera.

El pasado 23 de septiembre, los integrantes del FCCyT declararon, en su defensa, que de acuerdo con lo dispuesto por la ley en la materia, el Foro aplicó esos recursos públicos a las funciones asignadas; y que sus gastos estuvieron debidamente supervisados en su condición de organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, la Junta de Gobierno del Conacyt y el Poder Legislativo, Federal y estatales.

Entre sus tareas se halla la misión de promover “la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación (…) propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los empresarios”.

Entrevistado por buzos, el abogado y exlegislador federal Juan José Rodríguez Prats, comentó que las imputaciones del gobierno de AMLO se suman al marco de degradación institucional que se ha registrado en el país desde el inicio del sexenio: “Estamos viendo algo sumamente grave de deterioro del Estado de Derecho: al señor Presidente no le importa la ley”.

Andanada presidencial

En su mañanera del 24 de septiembre de 2021, el Presidente afirmó: “Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos”.

Además citó dos informes sobre el caso, aportados por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en los que se advierte que los 31 integrantes del FCCyT malgastaban recursos públicos. Detalló que los 471 mdp destinados a gastos de operación fueron utilizados en viajes al extranjero para asistir a supuestos coloquios y congresos, donde pagaron salarios e impuestos de unas 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, servicios de telefonía celular y choferes.

El Presidente declaró también que el FCCyT compró un inmueble de lujo para montar sus oficinas en la zona de Coyoacán, Ciudad de México (CDMX) –considerada de alto potencial económico– y cuestionó: “¿Por qué no en Iztapalapa?”.

En las solicitudes de orden de aprehensión de la FGR se hallan las mismas “denuncias” incluidas en los dos informes citados por AMLO: que los recursos públicos fueron desviados por los investigadores con fines individuales y no aplicados a investigaciones.

La FGR los acusa de participar en delincuencia organizada, lavado de dinero y aplicación ilegal de atribuciones; pero el juzgador Gregorio Salazar Hernández consideró que la Fiscalía no sustentó debidamente las imputaciones y en dos ocasiones rechazó la solicitud de orden de aprehensión.

La primera denuncia contra los 31 científicos fue presentada a la FGR el 10 de julio de 2020 por el Conacyt. Entre los 31 presuntos responsables se hallan Enrique Cabrero Mendoza, exdirector general del Conacyt; la investigadora Julia Tagüeña Targa; Adriana Ramona Guerra, exsecretaria ejecutiva del FCCyT; y David García Junco Machado, exfuncionario de Ciencia en el gobierno de la CDMX.

También figuran Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, exdirector de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); José de Jesús Franco López, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Gabriela Dutréint Bielous, excoordinadora del FCCyT.

El 22 de septiembre de 2021, Gregorio Salazar Hernández, juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Edomex, rechazó por segunda ocasión girar la orden de aprehensión solicitada por la FGR contra las 31 personas, e insistió en que el expediente remitido no reunía los elementos necesarios para sustentar los delitos. Después de este segundo rechazo del juez, la FGR anticipó que presentará una tercera solicitud de orden de aprehensión.

Acusación fuera de lugar

El doctor Luca Ferrari, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a buzos que en la supuesta comisión de delincuencia organizada de los 31 miembros de la comunidad científica y tecnológica nacional el asunto debe aclararse jurídicamente para deslindar posibles responsabilidades, “pero de ahí a girar una orden de aprehensión para enviarlos a un penal de alta seguridad, sí me parece exagerado, un despropósito”.

Ferrari indicó que si hubiera un delito qué perseguir, que se haga; pero es inadmisible que trate de encarcelarse a los 31 académicos como si fueran delincuentes y un riesgo público; además, es un error que las acusaciones sean atribuidas a toda la comunidad científica, porque “la gran mayoría somos honestos y hacemos un uso cuidadoso del dinero. Me parece equivocado que se generalice”.

El investigador Ferrari señaló que la acusación de delincuencia organizada es exagerada porque equipara al Foro con “una banda de criminales… si hay algún científico, algún investigador, algún funcionario de Conacyt que actuó mal, por supuesto que debe responder”. Y añadió: “Yo no sé si alguna de las 31 personas cometió o no un ilícito, no tengo los elementos, al parecer actuaron dentro de la ley”.

Entre 2002 y 2019, el FCCyT fue un organismo autónomo con personalidad jurídica y facultades para obtener y administrar recursos públicos. En el inicio de 2019, la titular del Conacyt, Álvarez-Buylla Roces, ordenó suspender la entrega de recursos al FCCyT con el argumento de que hubo transferencias ilegales del Conacyt al FCCyT; aunque los recursos figuraban en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2019), según afirmaron los exmiembros del Foro.

En septiembre de 2019, la directiva del FCCyT interpuso una demanda de amparo ante el juez federal Gabriel Regis López, amparo que fue concedido en primera instancia, ordenando al Conacyt entregar los recursos retenidos al foro en ese año; pero la titular del Conacyt se negó; y ahora está sujeta a investigación por desacato. Según el juez Regis, el 27 de septiembre de 2021, la FGR informó que investigaba a la titular del Conacyt por ese desacato.

Sobre el conflicto entre la comunidad científica y el Gobierno Federal, Álvarez-Buylla rechazó el 23 de septiembre de 2021, los cuestionamientos de académicos y científicos por la denuncia que se presentó ante la FGR contra 31 integrantes de la comunidad científica y consideró que es “una ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”.

De acuerdo con los exmiembros del Foro, en su posicionamiento fechado el 23 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por el Foro; y el 24 de agosto de este año dictó sentencia sobre el expediente 76/2021, en la cual concluyó que fue legal el suministro de recursos públicos del Conacyt al FCCyT entre 2002, cuando se creó el Foro, y diciembre de 2019, cuando se modificó el Estatuto del Conacyt y se retiró la condición de autonomía al FCCyT.

Luego de su negativa a entregar los recursos retenidos, el Conacyt emprendió una reforma a su estatuto orgánico que fue publicada el 11 de diciembre de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, con la que suprimió el carácter autónomo del FCCyT para convertirlo en una oficina interna, con lo que perdió su personalidad jurídica y la facultad de administrar recursos de manera autónoma.

Los exintegrantes del FCCyT explican, además, que “un Juez de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, encontró a la actual Directora del Conacyt (la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces) en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio”.

Clara y puntual rendición de cuentas

Entre 2002, cuando se creó el FCCyT, y el 11 de diciembre de 2019, cuando se desconoció su autonomía, el organismo rindió cuentas que fueron aprobadas por el Conacyt. El Foro estaba integrado por investigadores electos por sus pares y organizaciones académicas, científicas y empresariales que supervisaban los gastos.

El FCCyT declara que “todas las cuentas del FCCyT han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma. Todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas. Existe documentación probatoria”, y abunda:

“Cada año, el Conacyt emite una constancia de conclusión técnica y financiera favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT. Incluso, la actual administración, por medio de la Directora Adjunta de Desarrollo Científico, emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019”.

El posicionamiento está avalado por los excoordinadores del FCCyT José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga. Los exintegrantes del FCCyT consideran “sorprendentes e infundadas” las acusaciones de ilegalidad en la administración de recursos en ese organismo, autónomo por ley, pero dependiente financieramente del Conacyt”.

Aclaran que el Foro no era una empresa privada, sino un organismo autónomo de consulta, creado en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y que funcionó con recursos públicos distribuidos por el Conacyt, cuyas operaciones se supervisaron puntualmente.

“Es preciso aclarar que el FCCyT A.C. no es una empresa privada como lo señaló la FGR en su comunicado 377/2021, el Foro Consultivo fue creado por mandato de ley en 2002”. Se puntualiza que en el Artículo 22° del Estatuto Orgánico del Conacyt se fundamentó la existencia del FCCyT A. C.: “(…) para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación civil (…)”.