Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
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La diputada del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, presentó una iniciativa de reformas legales para dejar establecido el derecho a la educación en la actual Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, la legisladora destacó la importancia para incorporar de manera precisa el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Explicó que en el artículo 9 de la citada ley, se establecen los derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, contemplando el derecho de preferencia, el derecho de uso exclusivo, el derecho de libre tránsito, el derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas, el derecho a gozar del nivel más alto de salud y el derecho a recibir orientación jurídica oportuna.
Expuso que, si bien el mencionado artículo contempla los referidos derechos que tienen las personas con discapacidad, también lo es que no contempla como derecho el que reciban una educación.
Por ello, propuso adicionar el artículo 9 para dejar asentado el derecho a recibir educación: brindando la posibilidad de aprender habilidades para su desarrollo e integración social, y con ello facilitar su formación efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera