El Jardín Flotante, los bajopuentes de Tlalpan y la Línea 2 del Metro siguen inconclusos o bajo investigación.
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Con base en un reporte elaborado por Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2018 a 2024, se han localizado 170 tomas clandestinas en seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), asimismo, reveló que entre 2022 y 2023 se detectó un repunte de 140 por ciento.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que de 2019 a 2023 se detectaron 21 reuniones para la extracción ilegal de combustible en la capital del país.
Aunado a dichos reportes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), expuso que la extracción ilegal de combustibles fue identificada, principalmente, en las alcaldías: Iztacalco, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Cabe recordar que, en el mes de julio pasado, se dio a conocer que en 352 hectáreas del oriente de la CDMX se registraron fugas de combustible ocasionadas por actividades de huachicol, las cuales se avistaron en las pistas de aterrizaje del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), entre las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Exfuncionarios del AICM advirtieron riesgos para la aeronavegabilidad ya que las zonas afectadas se encuentran en las pistas 23R Y 23L, las cuales colindan con las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Al respecto, Humberto González, personal de la SGIRPC de CDMX, confirmó que las extracciones ilegales fueron de tomas de turbosina, un combustible exclusivo para aviones “es la primera vez que se da una toma clandestina de un ducto, es el único ducto en la Ciudad de México que tenemos que lleva turbosina”, concluyó.
El Jardín Flotante, los bajopuentes de Tlalpan y la Línea 2 del Metro siguen inconclusos o bajo investigación.
Aunque 701 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, 54.7% de la población de la CDMX aún enfrenta carencias en ingresos, salud, educación, alimentación, servicios básicos o seguridad social.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
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La Fiscalía lo acusa de integrar una red de contrabando de hidrocarburos que habría operado evadiendo impuestos y controles aduanales.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.