Ramírez tendrá la responsabilidad de revisar cuentas y fiscalizar gastos del gobierno capitalino.
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Desde la madrugada del martes 3 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados para impedir que los legisladores sesionen y aprueben la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Las avenidas Eduardo Molina y Emiliano Zapata, cercanas al Palacio Legislativo de San Lázaro, fueron bloqueadas con vehículos particulares y cadenas humanas formadas por los trabajadores desde las 4:00 horas. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegó cientos de elementos y vallas metálicas alrededor del recinto para protegerlo.
Los diputados estaban convocados para ingresar a la Cámara a las 6:00 horas, pero al llegar se encontraron con un enfrentamiento de consignas en contra de la reforma judicial. Mientras los trabajadores pedían abrir el diálogo, los morenistas respondieron con gritos y acciones de amedrentamiento.
Al respecto, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, señaló que los diputados oficialistas “no quieren escuchar a nadie y solo oyen el micrófono de Palacio Nacional”.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reveló que sesionarán en una sede alterna en la Unidad Deportiva de la Magdalena Mixhuca de la CDMX para discutir y votar la reforma judicial.
“Estamos evaluando distintas medidas, entre ellas, la opción de sedes alternas. En ocasiones, nos trasladamos a Santa Fe, donde hay dos sedes alternas, o bien a un hotel céntrico o a otro lugar cercano a la ciudad. No tenemos problema en hacerlo”, comentó.
Ramírez tendrá la responsabilidad de revisar cuentas y fiscalizar gastos del gobierno capitalino.
Las carreteras que se vieron afectadas fueron: México-Puebla, México-Texcoco y México-Pachuca.
De 16 mil 538 a 18 mil 548 pasó el número de delitos en la capital de enero a marzo pasados.
La sanciones también incluye desde seis hasta 12 horas de trabajo comunitario.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Se requirió la intervención del personal de seguridad.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
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Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. | X: @PedroMrquez_