En México, 46.4 millones de personas carecen de un ingreso laboral suficiente que le permita superar la pobreza extrema, lo que equivale al 36 por ciento de la población, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre 2019 y 2024, la pobreza laboral disminuyó 3.8 puntos porcentuales, al pasar de 39.6 a 35.8 por ciento, lo que representa un promedio de 0.75 puntos por año; a ese ritmo se necesitarían 47 años para erradicar completamente la pobreza laboral en el país, ya que actualmente más de un tercio de la población no gana lo suficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria básica.

Ante este panorama, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza aseguró en un comunicado que la raíz del problema es estructural y que se requieren estrategias diferentes a las “transferencias monetarias” para una solución definitiva, ya que ningún programa social puede reemplazar el impacto de un empleo digno y bien remunerado.

Actualmente, sólo el 39 por ciento de los hogares más pobres recibe algún tipo de transferencia gubernamental, mientras que el 61 por ciento permanece sin apoyo. Además, existen denuncias de uso clientelar y electoral de estos programas, así como de posibles desvíos de recursos.

Asimismo, la organización destacó que no hay programas de cobertura universal, con la excepción de las pensiones para personas mayores. Ejemplificó que el programa de apoyo a madres trabajadoras cubre únicamente al 2 por ciento de la población objetivo, y Jóvenes Construyendo el Futuro abarca sólo al 6 por ciento.

Por lo anterior, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó cinco propuestas clave para el siguiente sexenio: primero un nuevo acuerdo laboral que mejore salarios y condiciones de trabajo vinculadas a aumentos en la productividad mediante diálogo y concertación.

Como segundo punto la implementación de un sistema de protección social universal que permita el acceso a servicios de salud, cuidados y garantía de ingreso para personas con discapacidad o sin trabajo, sin condicionar el empleo.

Tercero y cuarto la creación de un sistema de cuidados con infraestructura suficiente para estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y otras modalidades de cuidado. Así como una política integral de empleabilidad para jóvenes con educación técnica adecuada, capacitación y vinculación con ofertas de trabajo, especialmente para jóvenes, respectivamente.

Y, por último, propone fomentar la economía social con apoyo a zonas indígenas y rurales marginadas mediante fondos de inversión, comercialización y asistencia técnica.

Finalmente, la organización concluyó que este esfuerzo requiere la colaboración de todos los sectores, sin importar banderas partidistas, para lograr un propósito nacional que garantice trabajo digno y bien remunerado para todos los mexicanos.