Persisten los puntajes bajos de México en la prueba Programme for International Student Assessment  (PISA) que desde el año 2000 aplica cada seis años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre sus países miembros para “evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años”.

Estos exámenes priorizan lectura, matemáticas y ciencias. “Es importante destacar que si bien PISA utiliza la herramienta de las preguntas de opción múltiple, una porción importante de los reactivos, particularmente los más complejos, requieren del alumno la redacción de textos e incluso la creación de diagramas” ^[1].

Es decir, PISA mide el desempeño de jóvenes de 15 años en habilidades de conocimientos básicos. Es importante aclarar esto porque PISA no evalúa programas, ni sistemas educativos y su diseño no está pensado para eso, porque su prueba sirve para obtener una medida común de habilidades que permita a los países de la OCDE, y a los creadores de políticas públicas, pensar mejor el contexto educativo sobre el que intervienen.

Esta aclaración es importante por una razón fundamental: los desempeños observados en habilidades básicas por PISA no son resultado exclusivo de cada individuo o del sistema educativo de cada país, sino de las condiciones sociales en su conjunto. Es decir, los puntajes de “habilidad” no reflejan ni la “inteligencia” de los estudiantes, ni inmediatamente “la calidad del sistema” sino, en general, la habilidad media que los estudiantes logran desempeñar dadas las condiciones de su sociedad y su sistema educativo.

Esta distinción no es menor. Baste señalar que frente a los promedios de la OCDE en estas materias (487, 489 y 489 respectivamente) los puntajes promedio de lectura, matemáticas y ciencias de México son de 420, 409 y 419; y que de acuerdo con el propio informe PISA 2018^[2], los alumnos con mejores resultados (en promedio 81 puntos superiores a los más bajos) pertenecían a estratos sociales con mayores ingresos económicos. O sea que la habilidad escolar tiene marca de clase.

Este señalamiento es importante porque en la relación entre desigualdad y pobreza que caracteriza a México, su sistema educativo reproduce aún, con excesos muy marcados, estos mismos problemas. Por ello la solución no puede llegar exclusivamente por el mejoramiento de la educación, sino que debe generarse en la superación de las carencias socioeconómicas más agudas que afectan a los sectores vulnerables de los jóvenes.

Considérese, por ejemplo, que “alrededor del 27 por ciento de los estudiantes mexicanos matriculados en una escuela en desventaja (promedio OCDE de 34 por ciento) y el 17 por ciento de los estudiantes matriculados en una escuela aventajada (promedio OCDE de 18 por ciento) asisten a una escuela cuyo director informó que la capacidad de la escuela para proporcionar instrucción se ve obstaculizada, al menos en cierta medida, por la escasez de personal docente”^[3]. El dato es elocuente; y aunque la tasa neta de escolarización en la educación primaria es del 98.4 por ciento y en la secundaria del 86.2 por ciento, los problemas de desempeño en habilidades persisten de manera generalizada.

El problema entonces no es –como ha sugerido el Presidente de la República– de simple cobertura. Al menos en la educación básica, el sistema educativo es asequible para la población. El problema es que la escuela en México se enfrenta a grandes carencias y sus recursos son tan limitados que no pueden producirse los resultados esperados. El problema es sistémico y si la educación mexicana quiere contribuir en algo al avance integral del país, necesitará fuertes inversiones en políticas de compensación para construir las condiciones de equidad que se necesitan.