Cargando, por favor espere...

Nacional
México retrocede en transición energética
Los legisladores del oficialismo impulsaron cambios en los artículos 25, 27 y 28.


En un contexto mundial, en el que naciones como Suecia, Noruega, Dinamarca, Zimbabue y Sudáfrica, entre otras, están impulsando su transición energética, en México, los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron una reforma a la Constitución que elimina la obligación del Estado de generar energías limpias.

Durante la madrugada de este jueves, los legisladores del oficialismo impulsaron cambios en los artículos 25, 27 y 28, lo que permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevalecer sobre las empresas privadas en el suministro de electricidad, dicha reforma se enviará al Senado para su revisión.

En la discusión particular, la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva presentó una reserva que eliminó un párrafo del artículo 27, que atribuía al Estado la responsabilidad de la transición energética y el uso sustentable de las fuentes de energía disponibles, este también incluía la necesidad de establecer políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

La oposición, compuesta por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, denunció que los morenistas habían cambiado el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, calificando la reforma como un grave retroceso. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la eliminación del párrafo, argumentando que mantenerlo limitaría la inversión privada en la transición energética.

Legisladores de la oposición, como Margarita Zavala y Rubén Moreira, criticaron la reforma, señalando que contradice el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover un programa de transición energética hacia fuentes renovables. Moreira recordó que el párrafo eliminado había sido incluido por Morena en la legislatura anterior y retó a la bancada a respaldar una propuesta que declare la electricidad como un derecho humano.

Cabe destacar que la iniciativa determina que la CFE tendrá un papel predominante en el abasto del servicio eléctrico, con el objetivo de asegurar la transmisión y distribución de energía. También se mencionó que el Estado ofrecerá servicios de internet y no otorgará concesiones para la explotación de litio. 


Escrito por Carolina Ruvalcaba

Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.


Notas relacionadas

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es uno de los instrumentos que el imperio está empleando para impulsar algunos acuerdos contra China.

El presidente estadounidense endurece su guerra económica contra China, rival mundial y un riesgo para su “seguridad nacional”; y para aminorar los “riesgos” ha incluido a México.

Los malos resultados en PISA 2025 son el reflejo de años de desigualdad social acumulada.

El hecho de que los estudiantes mexicanos no alcancen los niveles básicos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias se debe a que la política educativa es errónea de principio a fin.

La brecha de PISA no se cerrará aislando a los niños de la realidad digital, sino dándoles las herramientas.

Elevar la cultura física a rango de causa popular es una tarea histórica e impostergable.

Colectivos como el de las madres buscadoras obligan al país a mirar lo que queda fuera de la imagen mediática.

Fue también editor especialista en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y es autor del célebre manual Cómo presentar originales y corregir pruebas para su edición.

CDMX concentra el mayor porcentaje de solteros y registra también el promedio más bajo de hijos.

El delito acumula dos años consecutivos de incrementos durante julio.

El fenómeno climático podría provocar temperaturas terrestres globales 1.2 grados Celsius por encima de lo habitual; mientras que los días de calor extremo aumentarían 44 por ciento respecto de un año promedio.

La deuda pública podría superar el 52 por ciento del PIB este año.

Senadores de Morena impulsa una reforma que contempla de 3 a 7 años de prisión por el uso comercial de la identidad gráfica del Gobierno; oposición advierte que las iniciativas podrían afectar la creación y difusión de memes y parodias.