México está muy lejos de poseer un servicio sanitario como el de Dinamarca porque, con su indiscriminada “austeridad republicana”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no sólo redujo el gasto público en salud sino, además, lo sometió a persistentes recortes presupuestales, incluso durante la pandemia de Covid-19.

Especialistas de organizaciones civiles destacan que el promedio de la inversión oficial de este gobierno sexenal en el rubro de salud fue del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a la mitad del seis por ciento mínimo recomendado por las instituciones internacionales para impulsar el desarrollo integral.

Además, el pasado 1° de marzo, durante el foro virtual Construyamos una mejor salud: Caso Dinamarca, organizado en la Cámara de Diputados, el exministro de Salud de Dinamarca, Mikael Ostergren y la actual titular, Kirsten Wisborg, reportaron que su país destina a Salud el 11 por ciento de su PIB nacional.

La ministra Wisborg afirmó que el sistema sanitario de su país tiene una cobertura de 90 por ciento de la población y que los pacientes insatisfechos pueden obtener indemnizaciones del Estado danés si se comprueba que los hospitales públicos actuaron con negligencia.

Hay que recordar que hace apenas un año, el 28 de abril de 2023, AMLO insistió en una conferencia matutina: “Tenemos como tarea lo de salud. No va a ser como Dinamarca, ¿eh?, va a ser mejor que Dinamarca el sistema de salud pública del país”.

Poco más de tres meses después, el 10 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que, entre 2018 y 2022, el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud aumentó en 30 millones, ya que pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas en esa situación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) detalló en su informe Panorama de la salud 2023 que el presupuesto mexicano para la salud corresponde a mil 181 dólares por persona (aproximadamente 19 mil 819.81 pesos), en tanto que el de Dinamarca es de seis mil 280 dólares anuales, cinco veces más, algo así como 105 mil 392.36 pesos.

Además, México sólo cuenta con 2.5 médicos y una cama por cada mil habitantes, muy por abajo del promedio en los países integrantes de la OCDE −entre ellos Dinamarca–, con 3.7 médicos y 4.3 camas.

En marzo pasado, la empresa U.S. News and World Report, especializada en análisis médico, difundió su informe anual sobre los mejores sistemas de salud en el mundo en el que ubicó a Suecia en primer lugar, a Dinamarca en cuarto y a México en el lugar 72 de los 87 países estudiados.

Sin embargo, en su conferencia matutina del 21 de noviembre de 2023, AMLO volvió a la carga: “espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita; ése es el propósito que tenemos”, apuntó.

El 1° de marzo de 2024, casi un trimestre antes de las elecciones del dos de junio, AMLO insistió en que el nuevo sistema de salud del país será mejor que el de Dinamarca y el “mundo”, aunque precisó que sólo estaría listo hasta el 1° de octubre porque le faltaban “algunos detalles”.

¿Uno de esos detalles consistirá en adaptar el clamor de su antecesor liberal Porfirio Díaz Mori “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, moderna y neoliberal versión: “pobre México, tan lejos de Dinamarca y tan cerca de las epidemias”?

Recortes disfrazados 

Análisis de la organización civil México Evalúa revelan que, durante este sexenio, el gobierno ha recortado el presupuesto de salud con el disfraz de subejercicios, es decir, no ha gastado el dinero asignado. El recorte más grande del sexenio y de los últimos 20 años se realizó en 2023.

El gasto funcional, uno de los sectores del sistema de salud, sufrió una caída del 3.4 por ciento −28 mil millones de pesos (mdp)− con respecto al ejercido en 2022… la razón del retroceso es que los distintos sistemas del sector público federal ya no gastaron en su conjunto 6.9 por ciento o 60 mil mdp de los 868.1 mil mdp aprobados para el año. “Se trata del mayor recorte al gasto en salud registrado durante los últimos 20 años tanto en porcentaje como en magnitud total”, detalló México Evalúa en un reporte del 21 de febrero de 2024.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) informó que el presupuesto para Salud en 2024 se fijó en 989 mil 887 mdp, con un incremento de 55 mil 267 mdp, monto equivalente al 5.9 por ciento con respecto al aprobado para 2023.

Renata Gómez, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aclaró que, durante el primer trimestre de este año, el gobierno ya no ejerció más de 16 mil mdp del presupuesto en Salud.

“Salud, ISSSTE e IMSS dejaron de gastar 16 mil 459 mdp. En conjunto, apenas utilizaron 74 por ciento del presupuesto programado para este trimestre. Uno de cada cuatro pesos presupuestados para estas instituciones no se gastó”.

El pasado nueve de mayo, Gómez destacó que, en este periodo, la administración federal ejerció 92 mil 841 mdp, “el menor monto gastado en un primer trimestre de todo el sexenio”.

Pero además de recortes disfrazados, el gasto público del sistema sanitario ha sido objeto de otras grandes simulaciones que permiten suponer su manejo opaco e inferir que su funcionamiento no es prioritario para el gobierno de AMLO, explicó a buzos Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de México Evalúa.

“Esto lo empezamos a ver desde la pandemia, pero hubo grandes simulaciones que permitieron aparentar que había un esfuerzo en este rubro”. Sin embargo, en 2020, agregó el experto, hubo subejercicios en la Secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otras instituciones “y al cierre del año se hicieron grandes transferencias a fideicomisos, esto disimuló los subejercicios que tenían”.

“Posteriormente pudimos acceder a la información sobre qué se estaba haciendo con los recursos que llegaban a los fideicomisos; y descubrimos que gran parte de los que llegaban al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), posteriormente salían hacia la Tesorería de la Federación, y se le perdía el registro (el rastro de su destino)”, precisó Cano a este semanario.

El Fonsabi fue creado después del desmantelamiento del Seguro Popular (SP), ordenado por AMLO en 2019 para sustituir el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), creado en 2004 para respaldar financieramente 66 intervenciones para padecimientos de alto costo, entre ellos cánceres y trasplantes de órganos.

“No existe en México la forma de saber qué pasa con los subejercicios, como los llaman, o los recortes como nosotros les decimos tajantemente. Lamentablemente no sabemos hacia dónde se van específicamente los subejercicios de la SS u otras secretarías que llegan a fideicomisos”.

Lo que es evidente, destacó Cano, es que así como se disminuyen los recursos destinados a secretarías como la de Salud y los órganos autónomos, se elevan en otras como la de Energía que, a su vez, las hace llegar a PetróleosMexicanos (Pemex); Turismo, administradora del gasto en el Tren Maya y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo del desarrollo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras obras.

Baja inversión en salud 

Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas en el CIEP, alertó que la inversión en Salud en México se mantiene en un promedio de tres por ciento del PIB, tres puntos por debajo de lo recomendado internacionalmente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere a los gobiernos latinoamericanos invertir al menos seis por ciento de su PIB en Salud para impulsar su desarrollo socioeconómico; pero a pesar de que el actual gobierno se comprometió a aumentarlo en un punto, hasta la fecha no ha cumplido.

Entre 2018 y 2023, el incremento fue de únicamente 0.4 puntos del PIB. En 2018 de 2.4 por ciento del PIB, y en este 2024, del 2.9 por ciento, detalló Senyacen en su Análisis del Presupuesto en Salud Rumbo a 2030, publicado el nueve de abril de 2024.

La postergación de citas, por semanas o hasta meses, para determinadas consultas, tratamientos, cirugías, análisis clínicos o medicamentos, sigue enviando a la población sin seguridad social hacia los consultorios de las farmacias y laboratorios clínicos privados.

Para los analistas especializados esto está propiciando la privatización cada vez mayor de los servicios de salud públicos, lo que contraviene al discurso de campaña política-electoral y la supuesta ideología de “izquierda” de AMLO. 

“Aunque en el actual gobierno se rechaza la participación empresarial para atender a personas financiadas con recursos públicos, la evidencia señala que en este sexenio ha sucedido una privatización de facto”, agregó Mariana Campos, directora de la organización México Evalúa.

En su análisis Nuestro sistema de salud requiere terapia urgente, difundido el 18 de abril de 2024, Campos precisa que, de 2018 a la fecha, se han desplomado en 74 por ciento las consultas médicas en las instituciones de salud pública, dejando en el abandono a los pacientes de múltiples enfermedades de distinto nivel de riesgo.

Esta situación crítica se debe a que el 14 de diciembre de 2018, el Presidente anunció un nuevo sistema de salud que supuestamente estaría funcionando en dos años (2020) y que sustituiría al Seguro Popular, argumentando que “no era seguro ni era popular”, lo que ocurrió abruptamente en 2019.

Pero la crisis se debió también a la eliminación del “cuadro básico” de medicamentos entregados al sector de salud pública y a la intempestiva cancelación de los contratos de compra de fármacos en ese mismo año, que originó el desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales oficiales.

Y, para colmo de males, estas pésimas decisiones fueron ejecutadas sin un proyecto alternativo justo cuando, en marzo de 2020, surgió la pandemia de Covid-19 que, adicionalmente, obtuvo una inadecuada respuesta gubernamental, indican expertos.

En un informe elaborado por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, divulgado el 30 de abril de 2024, se expone que hubo subejercicios del gasto público en plena crisis sanitaria, contario a los gastos en comunicación social del Gobierno Federal para mantener en alto la “buena imagen” del Presidente de la República y sus dependencias relacionadas con la salud.

El análisis destaca que, durante la pandemia 2020-2023, el sistema de salud pública mostró carencias indefendibles e insuficiencias debido a la ejecución de dos cambios inciertos y mal concebidos que complicaron la respuesta a una crisis de grandes dimensiones: el abrupto desmonte del SP y del esquema de compras de medicinas y enseres médicos en 2019.

De las 808 mil 619 muertes atribuidas a la pandemia, al menos 300 mil pudieron ser evitadas si hubiera existido una gestión adecuada o control gubernamental sobre la crisis sanitaria, refiere el estudio encabezado por 17 especialistas en medicina, infectología, salud pública, y otras disciplinas como el derecho.

Denuncia también que la información gubernamental para guiar a la población “no fue prudente, ni clara, ni basada en la evidencia (científica) de la que sí disponían las autoridades. Minimizar la dimensión de la crisis fue una constante y una prioridad política, mientras que la opinión del Presidente guiaba la comunicación”.

El desabasto de fármacos tampoco se ha resuelto con la “megafarmacia del bienestar” inaugurada el 29 de diciembre de 2023, una ocurrencia demagógica del Presidente que no tiene “todos los medicamentos del mundo” ni surte “todas las recetas” en 48 horas.

Además, el gobierno no ha pagado los medicamentos comprados a industriales farmacéuticos, quienes denuncian un adeudo multimillonario que se viene arrastrando desde 2022.

El siete de abril de 2024, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CNIF), alertó que a unos meses de que termine el actual gobierno, éste adeuda todavía unos ocho mil mdp de los más de 10 mil mdp que compró a varias empresas farmacéuticas y distribuidoras de enseres médicos.

El desbarajuste 

El 28 de mayo de 2019, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció la eliminación del “cuadro básico” de medicamentos y su integración a un “compendio nacional de insumos de la salud”, al que se incorporarían todos los fármacos existentes en el mercado, “sin importar su costo”, para que los usuarios del sistema de salud accedieran “sin límites” a cualquier medicamento.

Expertos en salud pública explicaron que, ante la imposibilidad financiera de comprar toda medicina disponible en el mercado mundial, en 1945 se creó la comisión técnica para elaborar una lista actualizable de fármacos y enseres médicos más útiles, de buena calidad y buenos precios para guiar las compras de los gobiernos.

Sin existir todavía cambios legales de por medio, en mayo de 2019, sin antes realizar los cambios legales pertinentes ni enumerar las claves de fármacos y enseres médicos, el titular de la SS planteó que se adquirirían 14 mil 549 medicamentos, lo que generó un debate entre especialistas sobre la lista y el costo de aquéllos.

Fue hasta el 26 de junio de 2019 cuando el Consejo de Salubridad General acordó oficialmente la integración de un Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), para integrar ahí el nuevo “cuadro básico” de medicamentos; y el 1° de enero de 2020 se ejecutó una reforma al Artículo 17° fracción V de la Ley General de Salud que faculta al consejo para ordenar la elaboración del CNIS.

El 30 de abril de 2020 se publicó la creación de ese catálogo de insumos médicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF); y fue hasta el ocho de noviembre de 2022 cuando la nueva comisión técnica encargada de su elaboración se creó legalmente. Pero el 28 de abril de 2023, en el DOF se publicó una nueva versión del compendio; y el 19 de julio del mismo año se divulgó una lista más de “medicamentos”.

Es así como el Presidente, que en su discurso de 2018 prometió emular el sistema de salud de Dinamarca, en 2019 convirtió al SP en el infame Insabi, se coaligó con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (ONUSP) con el objetivo de comprar medicamentos baratos y luego creó la empresa gubernamental Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), organismo público descentralizado que tampoco ha resuelto el severo problema de desabasto de medicamentos.