Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el precio de la tortilla de maíz aumentó más de 60 por ciento. En promedio, casi ocho pesos más por kilogramo (kg). En pesos y centavos, este incremento es el más alto entre los últimos cuatro sexenios, incluido el de Felipe Calderón, en el que el incremento fue de seis pesos por kg. El consumo promedio de tortillas al día por persona en México es de casi un cuarto de kg. Este consumo garantiza el consumo de hasta 600 calorías, casi la tercera parte del consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un adulto sano. La necesidad de contener la escalada del precio de la tortilla resulta realmente urgente. Junto a la carne y el huevo, la tortilla fue de los productos que más contribuyeron al encarecimiento de la canasta básica durante el sexenio pasado.

El incremento en el precio de la tortilla es un golpe directo al bolsillo de los trabajadores, mucho mayor para el de los hogares más pobres. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2022, la más actual de este tipo, los hogares más pobres destinan hasta 10 por ciento de su ingreso monetario en la compra de cereales; mientras que los más ricos sólo gastan dos por ciento de su ingreso en este tipo de productos. 

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés), de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), advirtió en octubre pasado que debido al incremento del costo de una canasta para una dieta saludable, hay 29 millones de mexicanos que no pueden alimentarse adecuadamente y aun cuatro millones que pasan hambre. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reconoce que hay 23.4 millones de mexicanos sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Todo esto ocurre en un país que mantiene un superávit con el mundo en el sector agroalimentario.

A una pregunta expresa en septiembre de 2022 sobre las causas del incremento del precio de la tortilla, AMLO respondió que era resultado del incremento en el precio del maíz en el mundo. Por su parte, el Consejo Nacional de la Tortilla explicó que la causa obedece al incremento de los precios de las refacciones para la maquinaria, de los energéticos y del salario de los trabajadores, estos incrementos incluso compensaban la disminución del precio que el maíz en grano tuvo a mediados de 2024.

La presidenta Sheinbaum prometió reducir el precio de la tortilla 10 por ciento en términos reales. Para ello, de las primeras acciones anunciadas fue el acuerdo con las empresas que controlan el comercio al por menor en México. Éstas se comprometieron a mantener fijo el precio, pero sólo hasta diciembre de 2024. El mecanismo de “pedir por favor” a los empresarios que no abusen de su poder de mercado ya se ensayó; incluso en enero de 2024, el expresidente AMLO agradeció al dueño de Maseca que no hubiera incrementado el precio de la harina de maíz. Pero el resultado está a la vista: el precio de la tortilla siguió en ascenso.

El otro factor relevante es la producción de maíz. El Gobierno Federal se comprometió, para incentivar esta producción, a mantener los programas de entrega de fertilizantes y precios de garanía para los campesinos, agricultores pequeños y medianos. No obstante, estos programas no han dado resultados. Se estima que en 2024 la producción de maíz blanco sea 10 por ciento menor a la del año pasado. Un documento oficial del Congreso de la Unión, fechado en agosto de 2024, y que trata de “analizar los resultados del Censo Agropecuario 2022” y “revisar si las políticas públicas (del) sector están atendiendo las necesidades”, indica puntualmente que “las importaciones de maíz y trigo son crecientes y se espera sigan incrementándose en los próximos años”. Es decir, que los precios del maíz, de la harina y de la tortilla seguirán dependiendo de los vaivenes del precio internacional a pesar de la cacareada “autosuficiencia” de nuestro país en la producción del maíz blanco.

No existe una política clara para contrarrestar las fuerzas que detonan el precio de la tortilla. Como en otros temas, el Gobierno Federal difunde datos inflados. Hace falta un diagnóstico científico, sin prejuicios ni romantizaciones de ningún tipo, de la cadena de producción. Sólo así se podrá desarrollar un política efectiva para elevar la productividad en todos y cada uno de los segmentos de la cadena de producción de la tortilla. Por otro lado, hace falta el diseño y aplicación de una reglamentación que ponga coto al poder de mercado de grupos industriales y comerciales. Sin estas condiciones, inevitablemente, habrá un nuevo tortillazo.