Este jueves, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó al Gobierno de México con imponer nuevos aranceles si no envía agua al estado de Texas, argumentando que así lo establece el Tratado de Aguas de 1944.

Mediante una publicación en redes sociales, Trump acusó a México de “robar” a los agricultores de dicho estado fronterizo, toda vez que el país debe a esa entidad mil 603 millones 524 mil metros cúbicos de agua.

“Tal vez, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado y dé a Texas el agua que se le debe”, se lee en la publicación del mandatario.

Estas demandas por parte del gobierno de Estados Unidos derivan de un acuerdo firmado por ambos países en 1944, el cual establece las condiciones para el reparto de agua mediante una red de presas y cuencas interconectadas.

Deudas líquidas

Según el convenio, México debe enviar cada cinco años 2 mil 159 millones de metros cúbicos del líquido proveniente del río Bravo, mientras que Estados Unidos está comprometido a entregar cada año mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado.

A pesar de que México debe entregar menos agua, en lo que va del lustro, que concluye en 2025, el país sólo ha logrado cumplir con el 30 por ciento de lo establecido, de acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La actual situación de México, con periodos severos de sequía debido a deficiencias en infraestructura y a una creciente demanda interna de recursos hídricos, ha dificultado el cumplimiento del acuerdo, pues este no contempla el cambio climático ni el crecimiento de la actividad industrial a lo largo de la frontera.

El panorama a largo plazo no es mejor, ya que, según la agencia calificadora Fitch Ratings, 20 de las 32 entidades federativas mexicanas podrían experimentar altos niveles de estrés hídrico para 2050, es decir, más el 60 por ciento del territorio enfrentará una demanda superior a la oferta disponible de agua dulce. 

Con el actual estado de los envíos, distintos políticos estadounidenses criticaron el incremento del uso del agua por parte de las industrias mexicanas instaladas en la zona fronteriza, argumentando que perjudica a los agricultores texanos.

En marzo pasado, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, dijo en una entrevista que las actividades primarias en México están “diezmando” a los agricultores mientras expanden su industria agrícola y violan el Tratado de Aguas de 1944.

En la misma línea, Ted Cruz, senador por Texas, afirmó: “con el presidente Trump en el cargo y una nueva administración, conseguiremos el Agua. México Cumplirá. Ignorar el tratado ya no será una opción”.

En tanto, Sid Miller, comisionado de Agricultura de Texas, enfatizó que “pedirle a México amablemente durante 20 o 25 años no ha funcionado”, por lo que propuso la imposición de sanciones comerciales como una medida para presionar al gobierno mexicano. 

La cláusula de extracción

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su administración mantiene mesas de diálogo con funcionarios estadounidenses para abordar la problemática.

También aseguró que  “cumplirá el tratado poco a poco”, pero no dio detalles sobre las medidas que adoptará para lograr este objetivo, aunque probablemente el país se vea obligado a aplicar una cláusula agregada al tratado recientemente, la cual indica que la federación puede extraer agua adicional de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas para cumplir con la demanda del acuerdo. 

Con respecto a la última declaración de Trump sobre la imposición de tasas adicionales, Sheinbaum informó mediante una publicación en X (antes twitter) que envió al Departamento de Estado de EE. UU. una propuesta para atender el envío de agua.

“La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países”, agregó la mandataria.

También indicó que instruyó al secretario de “Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

Diferentes especialistas advirtieron que, si México no puede incrementar el flujo de agua para cumplir con lo establecido, es probable que la administración de Trump imponga nuevas represalias comerciales, pues las han utilizado como herramienta para abordar asuntos no económicos.

En caso de que México decida utilizar la cláusula de extracción, las entidades en las que se aplique verán afectadas sus actividades ganaderas y la producción de granos, según indicaron los expertos.