Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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Este 7 de noviembre, más de 500 migrantes salieron de Tapachula, Chiapas, en busca del contingente que integra a unas cinco mil personas que desde el miércoles pasado se encuentra a 45 kilómetros, en Huixtla, en espera de documentos que les permitan el tránsito por el territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos.
La organización Pueblo Sin Fronteras (PSF) señaló que la frontera sur sigue siendo el calvario para los migrantes, quienes no quieren volver a sus países; pero tampoco se les permite ir a otras zonas de México para continuar con sus trámites migratorios o buscar trabajo.
Por otro lado, la PSF estimó que por lo menos el 50 por ciento de las personas que conforman las caravanas son mujeres y niños, quienes presentan diversas enfermedades y desnutrición; sin embargo, deciden seguir caminando porque se han quedado sin opciones.
Por su parte, el director de Atención Migrante de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, reportó que el 35 por ciento de las personas en movilidad que logran llegar a Tijuana son niños, niñas y adolescentes (NNA), lo que representan entre mil 500 y dos mil menores de edad, quienes permanecen en los albergues.
Además de los problemas a la salud, los niños migrantes están expuestos a situaciones que pueden violentar sus derechos como ser detenidos, violencia, discriminación, hambre y frío; así como caer en las manos del crimen organizado o al tráfico de personas durante su trayecto; asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Para UNICEF es inaceptable el sufrimiento y la exclusión de los menores migrantes y desplazados: “Los niños, ante todo, son niños, sin importar por qué abandonaron su hogar, cuál es su lugar de origen, dónde se encuentran o cómo llegaron hasta allí. Cada niño merece protección, atención y toda la ayuda y los servicios necesarios para salir adelante”.
El organismo refiere que cada país debe generar políticas públicas que garanticen los derechos de los infantes en movilidad, ya que “todos los niños del mundo deben recibir el mismo trato, sea cual sea su origen o la razón que los obligó a dejar sus hogares”.
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
Personas alojadas en el centro migratorio aseguran que les exigen hasta 300 dólares para obtener su liberación; el INM informó que dos migrantes fueron remitidos a las autoridades tras una protesta ocurrida el domingo.
Según el organismo, 3 de cada 10 personas se emplean en la economía informal.
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Escrito por Redacción