Un día de marzo de 2021, Mishelle García Landa salió con una amiga al centro de Morelia; y cuando esa misma noche su madre reparó en su ausencia, nunca supuso que, a partir del día siguiente, tendría que buscarla sola porque las autoridades estatales jamás han hecho nada para encontrarla.

La señora Mayra Landa reveló a buzos que no cree en la eficiencia o en la ejecución real de los trabajos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Michoacán, porque la desaparición de su hija hace un año ha parecido la obra de un encantamiento mágico o “demoniaco”, ya que no dejó ningún rastro.

“Mishelle es una buena muchacha. Nunca se metió en drogas ni en pleitos, es tímida con las personas que no conoce, estaba por terminar la secundaria”. La tarde que desapareció, salió con Karen, una amiga de la primaria. Al ver que Mishelle no llegaba, llamó a Karen para preguntarle dónde estaban y ésta le mencionó que estaba en su casa y que Mishelle debió haber llegado desde horas antes.

Karen le contó que habían estado en el centro y que juntas esperaron una combi para regresar a sus hogares; que el vehículo que transportaría a Mishelle pasó antes y que, por eso, fue la primera en emprender su retorno a su casa.

La madre relata que en las cámaras de seguridad del centro de Morelia se percató que así fue. Levantó un reporte, pero le advirtieron que esperara más tiempo; pasaron las horas, acudió con otras autoridades; subieron aquél a la Alerta Alba y, días después, le notificaron que habían activado la Alerta Amber.

Todo esto, declaró, “se agradece, pero ¿de qué sirve si solo te dicen ‘hay que esperar’? Creo yo que ellos no saben lo que es que un hijo se te desaparezca; no saben lo mucho que se sufre al no escuchar por la puerta un ‘mami, ya regresé’”.

Las autoridades la enteraron también de que el celular de Mishelle fue apagado, por lo que se dificulta encontrar su ubicación, debido a que es un modelo básico y resulta complicado rastrearlo. “No sé en dónde está mi niña. ¿Se la robaron? ¿Está perdida? ¿Perdió el conocimiento?, ¿y si se accidentó y no sabe en dónde está? ¿Tendrá frío? ¿En qué condiciones estarán sus zapatos y su ropa? ¿Cómo enfrenta la lluvia y el calor?” son preguntas que no tienen respuesta.

“Son miles las preguntas que me invaden a diario, no me voy a cansar de buscarla. La voy a encontrar y le pido a las autoridades que hagan su trabajo y no se cuelguen la medalla de lo poco que dicen hacer. Me siento triste, molesta. Se dice que el gobierno trabaja, pero somos cientos los familiares con personas extraviadas sin respuestas y sin soluciones. No hay país ni un México mejor; no hay gobierno mejor, todo va de mal en peor”, exclamó con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, la señora Mayra aún tiene la esperanza de que las cosas cambien y que las autoridades efectivamente busquen a su hija, quien está por cumplir 16 años de edad.

2022: aumentan las desapariciones

La entidad ocupa la tercera posición nacional en el registro de desapariciones forzadas; y a pesar del programa Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán (BPEM), son cada vez más las mujeres y los niños desaparecidos no solo en Morelia sino en los municipios más grandes de la entidad. El mayor número de desapariciones se registra en la capital, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Sahuayo, Puruándiro, Zamora, Hidalgo, Jacona y Zacapu.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el grave problema de la desaparición de personas se debe a la conjunción de la violencia física generada por la delincuencia organizada y común; a las condiciones de desigualdad socioeconómica generalizada y la pobreza extrema; a la colusión de servidores públicos con los delincuentes y a la ausencia de coordinación interinstitucional entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas.

Si bien es cierto que, en los últimos dos años, el Estado mexicano ha establecido varias legislaciones para prevenir y sancionar el flagelo de la desaparición de personas –entre ellas la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas– su aplicación o materialización ha resultado nula o inútil frente a la realidad cotidiana.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) en Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, el número de personas desaparecidas en el estado podría alcanzar las 12 mil, ya que por cada persona reportada, hay más de tres que no se denuncian: “Se tiene el dato de que oficialmente existe un aproximado de tres mil desaparecidos, hay que multiplicar eso por cuatro, lo que nos resulta en aproximadamente unas 12 mil personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría como tal no está reportada”, reveló.

Tinoco Álvarez sugirió además que, como este problema no es privativo de Michoacán, sino una constante en el país, es necesario que los tres niveles de gobierno integren una estrategia común que pudiera resultar mucho más efectiva.

Según información del diario La Jornada, en las primeras dos semanas de este año fueron contabilizados al menos 100 homicidios en Michoacán, de los cuales 12 de las víctimas fueron mujeres. La CEDH de Michoacán, por su parte, publicó un informe en el que afirma que en la entidad desaparecen entre 12 y 17 personas por día en promedio.

A mediados de febrero de este año, por ejemplo, fue reportada la desaparición de nueve menores de edad en Morelia, Uruapan, Tepalcatepec, Zamora, Santa Clara del Cobre e Indaparapeo. Siete son mujeres adolescentes y dos varones, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 16 años. En Uruapan hay cuatro alertas para averiguar el paradero de menores no localizados.  

Otro motivo de preocupación especial advertido por el CEDH es el acoso contra defensores de los derechos humanos, parientes de las víctimas, testigos y abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, así como el incumplimiento de los tres niveles de gobierno para brindarles protección, como el que debe dar a personas vulnerables, como niños y discapacitados.

En febrero pasado, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGE de Michoacán, encabezada por José Luis Nájera, efectuó una visita de supervisión a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, donde se revisaron mil 697 expedientes para detectar si esta oficina ha “cumplido su tarea” y los fiscales no han incurrido en conductas constitutivas de delito.

En particular se buscó corroborar el cumplimiento cabal de los protocolos que deben seguirse en la emisión de las alertas Alba y Amber, ya que el análisis de los expedientes judiciales fue realizado por otras unidades administrativas de la FGE, así como por las fiscalías regionales de Uruapan, Jiquilpan, La Piedad, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), la Fiscalía Especializada en Combate de los Delitos contra el Ambiente y la Fauna y la Agencia de Inteligencia Criminal.

Sin embargo, no se han difundido los resultados de las revisiones y los familiares, abogados y organizaciones civiles que colaboran en la búsqueda de las víctimas desconocen si hubo incumplimiento o fallas en los expedientes. Alejandra Álvarez, esposa de Sebastián Tinoco, desaparecido al inicio de este año, narró a este semanario cómo ha vivido estos meses de confusión.

“Sebastián trabajaba con unos aguacateros en Uruapan; él se iba para allá cada determinado tiempo a cosechar lo que sus patrones le decían y estaba todo normal; hasta que un día, él y otro de sus compañeros no regresaron. Al ver que no llegaba, fuimos a la Fiscalía a que nos ayudaran, las alertas están emitidas en Uruapan, Morelia y otros municipios, pero se me vino el mundo abajo cuando hace unos días descubrieron unas fosas clandestinas en Comanja y me dieron una descripción muy parecida a la de Sebastián. Fui a reconocer los restos y afortunadamente no era él; pero entonces, ¿será que darán con los familiares del desaparecido o hasta ahí habrá llegado el trabajo de las autoridades?”.

“Tenemos dos hijos, Kevin y Matías; diario preguntan por su papá, saben que se perdió, pero no sé hasta dónde explicarles que podría ser peor. No tengo sentimientos para decirles lo podrido que está el mundo; no sé qué hacer para encontrarlo, he gastado mucho dinero. Estoy en grupos de búsqueda en Faceboook, en WhatsApp; son como siete los grupos que tengo de lo mismo. Estoy desesperada; le pido a las autoridades su apoyo y ayuda para encontrar a mi esposo y a su amigo. Estoy deshecha y debo poner una cara tranquila con mis hijos, es muy complicado”, lamentó.

No hay atención integral: CEDH

Durante el taller Análisis Contextual para la Defensa de los Derechos Humanos en los Casos de Desaparición de Personas, la CEDH de Michoacán aseguró, el pasado 17 de febrero, que el problema de las desapariciones forzadas demanda la atención inmediata de las autoridades competentes y que debe ser incluido en la agenda pública nacional.

En Michoacán sobran las historias de personas desaparecidas y de sus familiares que llevan mucho tiempo buscándolas. A pesar de la resonancia del caso de Jessica González Villaseñor, cuyo cuerpo fue encontrado con al menos 30 golpes en la cabeza y huellas de violación, a la fecha, el feminicidio sigue impune.

Su madre Verónica Villaseñor y su hermano Cristo González describieron a buzos el martirio por el que están pasando y demandaron a las autoridades que realicen su trabajo como debe ser para que se les haga justicia:

“Es una historia muy sonada y que todos conocen, Jessica salió de la casa en Morelia alrededor de las cinco de la tarde el 21 de septiembre de 2020 y no volvió, por lo que se reportó su desaparición ante las autoridades que iniciaron su búsqueda. Pero cinco días después su cuerpo fue encontrado en el altozano de una zona boscosa.

“El informe de la Fiscalía (FGE) estipuló que el cuerpo de Jessi tenía laceraciones en diferentes partes del cuerpo y que la causa de su muerte fue ‘hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico en persona policontundida’. Es decir, murió por los diferentes golpes que recibió en la cabeza por su asesino, Diego”, puntualizó Cristo González Villaseñor.

El asesinato de Jessica llevó al hartazgo a los michoacanos debido al mal trabajo que las autoridades judiciales estatales hacen para atender feminicidios y desapariciones forzadas; y se organizaron marchas de protesta, en las que participaron cientos de mujeres para exigir justicia y reforzar la lucha que los familiares de las víctimas realizan.

“El apoyo de las y los ciudadanos michoacanos hartos del mal manejo y pésimo trabajo de los servidores públicos para realizar su trabajo en cuanto a búsqueda de personas desaparecidas nos ha dado la fuerza a sus amigos y a mi familia para seguir exigiendo justicia y poder salir adelante al mismo tiempo”.

El presunto feminicida de Jessica fue identificado como Diego Urik N; fue detenido el 30 de septiembre de 2020 y vinculado a proceso por los delitos de desaparición y asesinato; pero hasta el momento no ha habido un avance en materia legal sobre el caso, porque éste se encuentra en investigación complementaria.

Verónica Villaseñor, madre de la víctima, comentó que ya se cumplió un año y cinco meses de que Jessica González Villaseñor fuera violada, asesinada y sus restos fueran tirados en un páramo de bosque.

“Para mí es doloroso, incómodo, molesto y triste tener qué hacer esto. Me gustaría tener una vida normal, como antes, pero cuando te lastiman de esta forma; cuando asesinan a tu hija de una forma tan cruel; cuando te enfrentas a un sistema de justicia tan poco justo, tan corrompido y tan poco humano y violento, el quedarte callada no es una opción. Por eso pierdo la incomodidad y la vergüenza de reclamar y resaltar todo lo podrido que está este sistema de justicia, en donde mis derechos como víctima indirecta son olvidados en un cajón; son silenciados cuando cierran la carpeta de mi hija e ignoran que cada día que pasa yo no encuentro consuelo en mi corazón. Para mí el consuelo que quiero es por lo menos justicia por lo que le hicieron a mi hija.

“Hoy me manifiesto para exigir que las personas que deberían de velar y cuidar mis derechos primordiales como el acceso a la justicia, hagan su trabajo, porque para ellos es solo una carpeta más, un día más, un mes más o un caso más; pero ellos no saben que entre más se tarden más me lastiman, más me violentan y más me revictimizan, porque ya no sé qué hacer.

“En diciembre, el caso de mi hija continuó después de durar nueve meses detenido, porque la ley le permite y cuida más los derechos del acusado, Diego N., que los míos, porque su poder monetario le permite pisotearme y violentarme, y el sistema de justicia penal y sus trabajadores se corrompieron y dejaron pasar más de tres meses para una notificación, un simple documento; son más de tres meses y tengo que poner mi cara y pedir que de favor hagan su trabajo, porque son tres meses los que han pasado y no han podido enviar un documento de un edificio al otro; por su ineficiencia, por su poca empatía y por su corrupción. ¡Porque les ganó la mordida de dinero!

“No tendré recursos económicos para corromper el sistema o darles una mordida, pero sí tengo voz para exigir que hagan su trabajo conforme a la ley y como se debe de hacer, porque no hay ciudadanos de primera ni de segunda; vengo a exigir que se respete mi derecho de libre manifestación y el del Artículo 17°: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

“Estoy cansada de tener que luchar contra un sistema de justicia corrompido que en lugar de protegerme, entenderme y empatizar, ¡me violenta!; de tener diputados que en lugar de tratar de reformar para protegernos a todos, solo buscan su beneficio particular y político; de tener una Fiscalía de Feminicidio Especializada para investigar y saber la verdad, pero que solo buscan como ser corruptos; de tener un gobernador que se dice empático y que jamás ha buscado la oportunidad de conversar, de escucharnos. Estoy cansada de saber que a mi hija la mataron; y desde ese día que desapareció, no he podido dejar de pensar que su feminicida pueda salir libre, premiándolo con la libertad que no merece”, expresó Verónica Villaseñor.

Es prioritario para el Estado mexicano que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas y los registros correspondientes de los estados cuenten con una metodología eficiente que permita distinguir las desapariciones forzadas de las atribuidas a los miembros de la delincuencia organizada, así como las de las personas que se desconoce su paradero y no fueron víctimas de la delincuencia común u organizada.

Además de contar con herramientas adicionales que permitan el cotejo continuo de información orientada a la localización de personas desaparecidas, es necesario fortalecer el Registro Administrativo de Detenciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.