El Gobierno Federal destinará 12 mil 234 pesos por habitante para cubrir el costo del endeudamiento.
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En México, la impunidad sigue siendo la regla: apenas uno de cada diez delitos logra resolverse, mientras que el 93 por ciento ni siquiera se denuncia, de acuerdo con el más reciente estudio Radiografía de la Impunidad en México.
El informe, presentado por la organización México Evalúa, revela una profunda crisis en el sistema de justicia penal, marcada por la falta de denuncias, rezagos institucionales y una débil coordinación entre autoridades.
Según datos de la INEGI, la llamada “cifra negra” alcanza niveles alarmantes: 9 de cada 10 de los delitos no se reportan ante fiscalías. Incluso cuando se reportan a emergencias, el sistema no logra procesarlos eficazmente: de 8.8 millones de llamadas relacionadas con delitos, sólo 2.15 millones se convierten en denuncias formales.
El análisis muestra que, aunque el 93.8 por ciento de las denuncias inicia una carpeta de investigación, apenas el 6.28 por ciento llega a una imputación formal ante un juez. En la etapa final, el panorama es aún más crítico: de 627 mil causas penales registradas en 2024, sólo el 10.55 por ciento obtuvo una resolución efectiva.
El Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI) estima que el 89.42 por ciento de los casos no logra resolverse.
Además, el rezago continúa creciendo. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron, pasando de 1.3 a 2.6 millones, mientras que en tribunales aumentaron de 221 mil a 425 mil.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la desconexión entre las instituciones de seguridad y las de justicia. Los reportes que reciben las policías no se traducen en investigaciones sólidas, lo que limita la capacidad del Estado para responder a las víctimas.
“Comprender cómo fluyen los casos desde el reporte hasta su resolución es clave para mejorar la capacidad institucional”, señaló Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
Por su parte, la directora del organismo, Mariana Campos, advirtió que, aunque el reto es enorme, reducir la impunidad es posible con diagnósticos rigurosos y voluntad política.
Por lo que el estudio plantea una serie de soluciones concretas para fortalecer el sistema de justicia penal:
Como parte del proyecto, también se presentó Data Justicia, una plataforma digital que permite analizar el desempeño de policías, fiscalías y tribunales mediante datos abiertos.
El informe concluye que la impunidad en México no sólo es alta, sino estructural, y su reducción dependerá de una mejor coordinación entre instituciones, el uso de evidencia en políticas públicas y la colaboración entre gobierno, academia y sociedad civil.
El Gobierno Federal destinará 12 mil 234 pesos por habitante para cubrir el costo del endeudamiento.
La inversión física apenas representará el 9.8 por ciento del gasto público total.
La CONCANACO SERVYTUR alertó sobre la incidencia de este delito y llamó a fortalecer la cultura de la denuncia entre ciudadanos y empresarios.
42 municipios concentran la mitad de las víctimas; 97.5 por ciento de los casos registrados en 2025 quedó sin denuncia o investigación.
El adeudo de impuestos a nivel general ascendió a más de tres billones de pesos.
Piden intervención inmediata del Gobierno estatal
El Estado de México, Baja California Sur y Baja California concentran el 34% de los casos.
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Entre enero y julio de 2026 se registraron tres mil 765 casos.
El delito acumula dos años consecutivos de incrementos durante julio.
Durante la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han levantado 31 mil 191 denuncias contra servidores públicos por conductas ilícitas.
El organismo cuestiona que Hacienda proyecte ingresos tributarios históricos mientras la recaudación se desacelera; alerta que la deuda pública llegará a 55 por ciento del PIB en 2027 y podría cerrar el sexenio en 56.4 por ciento.
El Consejo Ciudadano ha atendido más de cuatro mil 600 reportes relacionados con la CEDA desde el año 2020.
Familias, comercios y gobierno pierden seguridad y oportunidades al evitar la banca digital.
El organismo pide que las nuevas reglas garanticen los derechos de las audiencias sin ampliar la intervención de la autoridad en los contenidos periodísticos y editoriales.
Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.