En México, la impunidad sigue siendo la regla: apenas uno de cada diez delitos logra resolverse, mientras que el 93 por ciento ni siquiera se denuncia, de acuerdo con el más reciente estudio Radiografía de la Impunidad en México.

El informe, presentado por la organización México Evalúa, revela una profunda crisis en el sistema de justicia penal, marcada por la falta de denuncias, rezagos institucionales y una débil coordinación entre autoridades.

Según datos de la INEGI, la llamada “cifra negra” alcanza niveles alarmantes: 9 de cada 10 de los delitos no se reportan ante fiscalías. Incluso cuando se reportan a emergencias, el sistema no logra procesarlos eficazmente: de 8.8 millones de llamadas relacionadas con delitos, sólo 2.15 millones se convierten en denuncias formales.

El análisis muestra que, aunque el 93.8 por ciento de las denuncias inicia una carpeta de investigación, apenas el 6.28 por ciento llega a una imputación formal ante un juez. En la etapa final, el panorama es aún más crítico: de 627 mil causas penales registradas en 2024, sólo el 10.55 por ciento obtuvo una resolución efectiva.

El Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI) estima que el 89.42 por ciento de los casos no logra resolverse.

Además, el rezago continúa creciendo. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron, pasando de 1.3 a 2.6 millones, mientras que en tribunales aumentaron de 221 mil a 425 mil.

Uno de los principales hallazgos del estudio es la desconexión entre las instituciones de seguridad y las de justicia. Los reportes que reciben las policías no se traducen en investigaciones sólidas, lo que limita la capacidad del Estado para responder a las víctimas.

“Comprender cómo fluyen los casos desde el reporte hasta su resolución es clave para mejorar la capacidad institucional”, señaló Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

Por su parte, la directora del organismo, Mariana Campos, advirtió que, aunque el reto es enorme, reducir la impunidad es posible con diagnósticos rigurosos y voluntad política.

Por lo que el estudio plantea una serie de soluciones concretas para fortalecer el sistema de justicia penal:

• Facilitar la denuncia con trámites más simples y nuevos canales
• Fortalecer la investigación en fiscalías
• Reducir el rezago con metas claras de resolución
• Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos
• Mejorar la transparencia y el uso de datos

Como parte del proyecto, también se presentó Data Justicia, una plataforma digital que permite analizar el desempeño de policías, fiscalías y tribunales mediante datos abiertos.

El informe concluye que la impunidad en México no sólo es alta, sino estructural, y su reducción dependerá de una mejor coordinación entre instituciones, el uso de evidencia en políticas públicas y la colaboración entre gobierno, academia y sociedad civil.