La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada”.
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Suman cerca de 120 arrestos, más de 30 automóviles incendiados y por lo menos 14 personas hospitalizadas, así transcurre el tercer día de movilizaciones contra las redadas migratorias en Los Ángeles, California, en Estados Unidos (EE. UU.), ordenadas por el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Donald Trump.
Las protestas comenzaron desde el pasado viernes 6 de junio, en Paramount y Compton, al sur del condado de Los Ángeles, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieran en múltiples vecindarios con operativos sorpresa. Asimismo, los uniformados han increpado a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.
El presidente Donald Trump ordenó el envío de dos mil soldados de la Guardia Nacional tras asegurar que la ciudad había sido “invadida por extranjeros ilegales y criminales”, y calificó las manifestaciones como “acciones terroristas de la izquierda radical”.
Por su parte, la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom rechazaron la narrativa del mandatario y lo acusaron de alimentar el conflicto con un discurso incendiario.
Organizaciones de derechos humanos y grupos migrantes advirtieron sobre un uso excesivo de la fuerza y denunciaron detenciones arbitrarias, especialmente en vecindarios latinos. “Esta no es una operación de seguridad. Es una cacería”, declaró Marisol Díaz, abogada del Centro de Justicia para Migrantes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada”.
La iniciativa contempla un cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de “realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto”.
“Cada día tiramos la basura suficiente para preparar mil millones de comidas, mientras que el 9% de la humanidad pasa hambre”, Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
El Ejecutivo español también negó el uso de las bases militares de Rota, en Cádiz; así como, Morón de la Frontera, en Sevilla.
“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que haya llegado”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el ataque como “un crimen flagrante que viola todas las normas y acuerdos que protegen a los periodistas”.
Desde el comienzo de los bombardeos, al menos 289 instalaciones médicas y cerca de 600 escuelas y centros educativos han resultado afectados.
Estadounidenses residentes en México, ciudadanos con doble nacionalidad y mexicanos deportados desde EE.UU. se han organizado para sumarse a la jornada de protestas.
Nueve tripulantes viajaban a bordo, entre ellos un menor de edad.
El fallo a favor de la joven, se suma a otras decisiones judiciales. En Nuevo México, un jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por no proteger a menores.
La pareja presidencial venezolana lleva 83 días detenida desde su secuestro, el 3 de enero pasado, la defensa sostiene que el proceso es ilegal y de carácter político.
“Castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región”: Bruno Rodríguez, canciller cubano.
México, Croacia, Hungría fijan precios máximos a gasolinas, mientras España, Portugal, Suecia y Japón aplican subsidios.
El Gobierno de Irán calificó la propuesta estadounidense como un “engaño”.
El exfuncionario, John Brennan, sostuvo que Trump está quedándose sin ideas e intenta encontrar una salida “al embrollo que él mismo ha creado”.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.