Por medio de consultas determinarán la continuidad del acuerdo, a pesar de que cuenta con una vigencia establecida de 16 años.
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La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció este domingo la falta de acción y el silencio de las autoridades del estado de Chiapas, ante la violencia generalizada en el estado, y que se ha incrementado al grado de que los grupos delincuenciales han puesto en estado de sitio a la entidad, bajo psicosis social con narco bloqueos.
A través de un comunicado, el organismo social señaló a las autoridades municipales y regionales, a los presidentes municipales, a los gobiernos estatal y federal, de estar rebasados, incluso coludidos, con los grupos delincuenciales.
Lo anterior, debido al silencio y la falta de respuesta de los encargados de dar paz y seguridad a la sociedad, a los pueblos que han denunciado en todo momento la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
En el documento dirigido a los tres niveles de gobierno, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación y sociedad en general, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas hizo un llamado a la comunidad internacional a dar a conocer la situación de violencia en que los chiapanecos viven cada día, sin que a las autoridades correspondientes hagan algo al respecto.
Entre otras, los denunciantes acusan amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil, la presión y control social, político y psicológico de los grupos criminales para que los ciudadanos tomen partido por algún grupo criminal; y el despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y trabajo.
Además del ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos de Chiapas; y el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y extorsión, violentando los derechos humanos y comunitarios.
Por ello, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por ser responsables del estado tan violento en el que viven los ciudadanos, a atender la situación y actuar atendiendo las denuncias de la sociedad civil, y aprehendiendo a los líderes de los grupos delincuenciales, así como establecer el orden social y hacer valer el estado de derecho de los pueblos.
Por medio de consultas determinarán la continuidad del acuerdo, a pesar de que cuenta con una vigencia establecida de 16 años.
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Escrito por Redacción