De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el sacerdote fue asesinado en su camioneta antes de oficiar una misa.
Nacional
Iglesia llama a comunidad internacional a visibilizar Estado fallido en Chiapas
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció la falta de acción y el silencio de las autoridades del estado de Chiapas, ante el incremento de la violencia en la entidad.
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció este domingo la falta de acción y el silencio de las autoridades del estado de Chiapas, ante la violencia generalizada en el estado, y que se ha incrementado al grado de que los grupos delincuenciales han puesto en estado de sitio a la entidad, bajo psicosis social con narco bloqueos.
A través de un comunicado, el organismo social señaló a las autoridades municipales y regionales, a los presidentes municipales, a los gobiernos estatal y federal, de estar rebasados, incluso coludidos, con los grupos delincuenciales.
Lo anterior, debido al silencio y la falta de respuesta de los encargados de dar paz y seguridad a la sociedad, a los pueblos que han denunciado en todo momento la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
En el documento dirigido a los tres niveles de gobierno, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación y sociedad en general, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas hizo un llamado a la comunidad internacional a dar a conocer la situación de violencia en que los chiapanecos viven cada día, sin que a las autoridades correspondientes hagan algo al respecto.
Entre otras, los denunciantes acusan amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil, la presión y control social, político y psicológico de los grupos criminales para que los ciudadanos tomen partido por algún grupo criminal; y el despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y trabajo.
Además del ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos de Chiapas; y el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y extorsión, violentando los derechos humanos y comunitarios.
Por ello, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por ser responsables del estado tan violento en el que viven los ciudadanos, a atender la situación y actuar atendiendo las denuncias de la sociedad civil, y aprehendiendo a los líderes de los grupos delincuenciales, así como establecer el orden social y hacer valer el estado de derecho de los pueblos.
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