Los campesinos de la Unión Europea (UE) hoy están en rebelión contra el autoritarismo capitalista de las compañías agroindustriales y la hipócrita sumisión de sus gobiernos al neoliberalismo “verde”, en el marco de una crisis global que no tardará en llegar a México.

En el campo europeo, paradigma mundial de producción agropecuaria de avanzada, agricultores y funcionarios ecologistas se hallan en pie de guerra; los primeros se endeudan con la compra de equipos modernos; y al final, las emisiones de dióxido de carbono aumentan y sus productos no obtienen buenos precios.

La producción de alimentos enfrenta un desafío multidimensional y agudiza la división entre el campo y la ciudad; ya que, de los más de ocho mil millones de habitantes del planeta, el 45 por ciento son campesinos y 25 por ciento de éstos hoy trabaja en Europa, que en 2050 podría ser el 30 por ciento.

Para entonces, el 70 por ciento de la población mundial se hacinará en ciudades; y el medio rural emigrará por la degradación ambiental y la desestructuración socioeconómica, según el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (IEDCI) del País Vasco.

Por ello destaca la movilización de los trabajadores agrícolas en gran parte de la UE, que se propaga rápidamente y visibiliza una crisis estructural en la producción agrícola de esta región, alerta Enric Bonet.

Campesinos de Polonia, Rumania, Italia, Grecia, España, Francia y Alemania son la vanguardia de la indignación acumulada contra la denominada “persecución” de sus países que, a su vez, los señala como “un sector contaminante”.

 

 

Reclamo antiguo

El malestar en las campiñas del viejo continente, aún el más rico del planeta, empezó en 2023 en Holanda, cuyas organizaciones campesinas anunciaron que no acatarían el “pacto verde” (green deal), impuesto por la UE.

El Movimiento Campesino holandés llamó a aglutinarse a los trabajadores rurales descontentos y desesperados, a organizar manifestaciones púbicas y bloqueos de carreteras durante varios meses.

Ese mismo sector lideró, en 2009, la crisis lechera en Holanda, Suiza, Francia y España; y con otros cuatro países vivieron la desaparición de cuotas por sobreproducción, con las que estos productores recibían 30 por ciento menos por cada litro respecto a 2008, explica el historiador agrícola Edouard Lynch.

A 14 años de aquel periodo, al sector lechero le va peor. En 2021 pagaron a los productores 0.26 dólares por litro de leche; y en 2022 bajó a 0.25 dólares. Pero en los supermercados, el litro de leche envasada ha subido de 0.57 a 0.89 dólares.

La agenda climático-ideológica de la UE en Bruselas adoptó el “pacto verde” con la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN). De ahí las restricciones medioambientales sobre los trabajadores del campo, que en su mayoría no logran cumplir.

Los trabajadores protestan contra la deficiente e inequitativa Política Agraria Comunitaria (PAC), que alienta la pérdida de rentabilidad. También denuncian su desventaja competitiva ante productos de otros países con normas ambientales menos estrictas. A bordo de sus tractores, los horticultores, fruticultores y forrajeros, así como ganaderos, denuncian que la burocracia inepta se incrementa y resuelve nada a su favor.

Un gran logro de los trabajadores de la tierra ha consistido en dividir y confrontar a los gobiernos de Francia, Italia y España. Emmanuel Macron responsabiliza a Madrid y Roma por no cumplir con las mismas restricciones que la UE exige a París, por lo que ofreció “tumbar” el acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, entre las clases dirigentes persiste el criterio neoliberal, como lo anunció en su discurso el novato premier francés, Gabriel Attal: “Vamos a hacer que rimen el clima con el crecimiento”.

Ataque al agro

Por largo tiempo, las cúpulas políticas europeas desdeñaron la creciente precariedad de los trabajadores agrícolas. Fue hasta el 31 de enero cuando miles de campesinos llegaron al Parlamento Europeo y los funcionarios lograron verlos. Hasta entonces se ocupaban más en reunir fondos para “ayudar” a Ucrania que a garantizar la subsistencia de quienes los alimentan.

Los agricultores europeos están perdiendo sus formas de vida ante la ola de importaciones que ya no hacen costeable su labor. Las granjas medianas y pequeñas son más proteccionistas ahora frente a la intensa competencia de los grandes productores. Todos saben que deben prepararse para responder al cambio climático, pero quieren hacerlo con dignidad.

Para contener la ira campesina en ascenso, la intransigente presidenta del Consejo Europeo (CE), Úrsula von der Leyen, suprimió la exigencia de los agricultores, que reduce en 50 por ciento el uso de pesticidas. El aplazamiento del new green deal (nuevo trato verde), como lo denominan irónicamente los agricultores, significó una batalla a su favor.

Otro punto polémico consiste en la cuestión del barbecho: la UE ha dispuesto que los campesinos dejen al menos el cuatro por ciento de sus terrenos sin cultivar para que la tierra se regenere; pero para ellos, porque dejar sin trabajar una parte sustantiva de sus tierras significa menos ingresos.

Además, en Europa cada año disminuye la extensión de tierras para uso agrícola debido al aumento de los cultivos industriales y la acelerada urbanización. Para los trabajadores del campo, dejar sin producir un metro de sus áreas de cultivo equivale a ponerles un pie en su cuello, ¡por eso han tomado las calles!

La presión de la tractorada, impulsada por miles de agricultores en varios países, obligó al CE a retroceder en su plan de barbecho “sólo por lo que resta de 2024”. Pero a cambio dejó vigente la obligación de destinar el cuatro por ciento de cada cultivo que fija nitrógeno (lentejas, guisantes, habas o similares).

Para muchos especialistas, esta “concesión” de la élite en Bruselas tiene un tufo electoral; ya que, entre el seis y el nueve de junio, el CE elegirá a los 720 diputados del Parlamento Europeo. Estos eurodiputados representan los intereses de los 450 millones de europeos en los 27 países integrantes de la UE, entre ellos su futuro agrícola.

La ira en tractores

En junio, por tanto, también se debatirá el destino de millones de agricultores y criadores de ganado, sectores sociales que están conscientes del peligro de desaparecer, y en cuya desesperación han debido salir para bloquear con tractores las entradas y salidas de las principales ciudades europeas.

En sus multitudinarias manifestaciones, los campesinos acusan a los funcionarios de la UE de arruinar sus condiciones de vida, favorecer la competencia desleal con importaciones agrícolas y exigen el fin de la liberalización del mercado que únicamente beneficia a corporaciones agroindustriales y distribuidores masivos.

Esta cuestión resulta fundamental porque los márgenes de ganancia de las corporaciones agroindustriales han escalado 64 por ciento en promedio, y los de los grandes distribuidores 188 por ciento. En sus bloqueos, los trabajadores del campo denuncian esa incongruencia, confirma la Fundación para la Naturaleza y el Hombre (FNH).

Las demandas campesinas también se deben a la inequidad en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en la UE. Se trata de un fondo de 44 mil 200 millones de dólares (mdd) que no se distribuyen igual entre propietarios de explotaciones agrícolas ricas y pobres, como lo revelan las estadísticas francesas y españolas.

Sólo en 2020, 16.5 por ciento de los fondos de la PAC fue al 0.5 por ciento de las grandes explotaciones agrícolas con ayudas individuales que superaban los 100 mil euros. En contraste, el 75 por ciento de los pequeños y medianos productores recibió 15 por ciento de esos fondos, con montos menores a los cinco mil euros cada uno.

Estos montos son insuficientes, reclaman los pequeños agricultores, que además se ven presionados a producir bajo muy estrictas normas de protección ambiental para avanzar a la “transición verde” impuesta por la UE. De ahí que sus protestas sean cada vez más airadas ante el silencio de sus gobiernos.

Estos agricultores, especializados en la producción de frutas, forrajes, cereales y otros alimentos, son muy perjudicados por las importaciones de bienes similares provenientes de otros países con Acuerdos de Libre Comercio (ALC) ante la UE. Este aspecto –muy poco conocido en México y otros países– ya resulta crítico; pues desde el 2022 la UE le concedió a Ucrania liberación total del comercio para apoyarla en su guerra contra Rusia.

Hoy, el pollo ucraniano, criado sin las restricciones sanitarias y ecológicas impuestas por Bruselas a sus avicultores, se vende masivamente en los supermercados del continente a precios muy bajos. Esta competencia ha dañado a los productores occidentales.

 

 

India: renace el descontento

En febrero renacieron las protestas campesinas en India, a dos meses de las elecciones generales de abril y mayo. La agitación de miles de agricultores en el Punjab, el mayor estado agrícola y en todo país, se debe al incumplimiento de los acuerdos de 2021 y otros problemas no resueltos que arriesgan el futuro la población rural del subcontinente. 

En enero de 2021, la revuelta convocó a 250 millones de agricultores, se prolongó durante 15 meses (de enero a septiembre) y concluyó con un rotundo ¡No! a las multinacionales, beneficiarias de la reforma propuesta por el primer ministro de India, Narendra Modi.

Este año, los agricultores indios sorprendieron al mundo con una huelga nacional que exigió garantizar precios mínimos de venta sobre la producción (MSP) en sus cosechas, asunto pendiente en las leyes desde entonces. El MSP es el precio que, a principio de la temporada de siembra, sugiere el gobierno para pagar a los productores sobre un cultivo determinado, más allá de la incertidumbre en los mercados.

Los manifestantes piden que se extienda a todos los cultivos y no se limite únicamente a 20 productos definidos por el gobierno. La inclusión de todas las cosechas requeriría 72 mil mdd.

El presidente del diario Swaraj India, Yogendra Yadav, difundió que casi la mitad de la población activa en India (58 por ciento de hogares rurales) trabaja en la agricultura, que no es viable pues las parcelas son muy pequeñas (menos de una hectárea, según el Censo Agrario).

El ingreso mensual de los jornaleros es menor a 97.7 dólares; y su consumo mensual se incrementa por lo que se endeuda. Por eso, Yadav propone que se acuerde un nuevo pacto para este sector, con 10 por ciento del presupuesto. “La india rural no puede ir al basurero de la historia”, sentencia el estudioso social.

Esa liberación comercial ha impactado específicamente a los campesinos de Rumania y Polonia, vecinos de la exrepública Soviética, que deploran tal inequidad. Lo mismo sucede con la importación de lenteja canadiense, más barata, contra los aranceles y enormes restricciones de la UE a los productores locales.

La respuesta de los gobiernos de la UE a la presión campesina ha sido calmar los ánimos, prometer revisiones de los programas de ayudas, subvenciones y exenciones, confiados que con el tiempo se desgastará el movimiento.

Pero ése no parece ser el caso. En España, desde el siete de febrero, miles de agricultores paralizaron puntos estratégicos de ciudades y comunidades para exigir a su gobierno que resuelva la crisis del sector, golpeado por la sequía y precios bajísimos. Atribuyen sus dificultades al incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La “marea de los tractores” se dispersó en las cinco regiones italianas, liderada por el colectivo Rescate Agrario, decidido a mantener la protesta hasta lograr sus metas. Los griegos esperan que el primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis cumpla su oferta de elevar las ayudas por productor de dos mil 150 dólares a un máximo de 10 mil 765 dólares, cifra que para muchos no es suficiente.

La población de Bruselas ha dejado de usar sus automóviles por sugerencia del Centro Nacional de Crisis, que invitó a los eurodiputados a optar por el teletrabajo. En Portugal, los agricultores desconfiaron de la oferta estatal de 500 mdp, decidieron mantener su presión; y a ellos se unieron transportistas de la red Resistencia en la Agricultura. Todos cerraron el paso de Portugal hacia España vía Badajoz.

Irlanda, líder mundial en producción de carne vacuna, brindó apoyo simbólico a los productores europeos de pastos y forraje. En ese país, el gobierno ha reducido la producción de ganado para bajar las emisiones de CO²; y para calmar los ánimos de los ganaderos les concedió un leve aumento en el precio de la leche.

Ecología o subsistencia

La problemática rural de hoy se relaciona directamente con la crisis ecológica, económica y social. La UE ha impuesto a sus miembros un modelo agrícola sustentado en las incongruentes premisas de la ambiciosa “transición verde”.

Sin embargo, la comida biológica es muy cara y la inflación redujo la demanda. Sólo en Estados Unidos (EE. UU.) este mercado cayó seis por ciento. En 2022, Francia aprobó una ley que establece el 20 por ciento mínimo de comida biológica sobre escuelas, hospitales e instituciones públicas, pero no cumple ese objetivo.

Expertos denuncian que las concesiones otorgadas a los dos principales sindicatos agropecuarios del país han sacrificado a quienes practican la agricultura ecológica. El sector primario francés es responsable del 20 por ciento de las emisiones de CO²; pero España lidera la lista de los países de la UE que más recurren a los pesticidas que prácticamente arruinan la biodiversidad.

El historiador Edouard Lynch sostiene que los Estados no han asumido que esa transformación ecológica implica invertir más dinero público, como en los años 60 del siglo pasado cuando la modernización agrícola se hizo con grandes inversiones nacionales y europeas.

Hoy no es así: la agricultura y la ganadería en Francia son profesiones precarizadas y desiguales; el ingreso medio campesino es inferior al salario mínimo y el 18 por ciento de la población rural vive por debajo del umbral de pobreza.

Sólo un puñado de grandes viticultores y cerealeros vive bien, y el resto de estos productores no cubren sus gastos del mes. Por ello, los paros y bloqueos en Agen, en el suroeste francés empezaron el pasado 22 de enero, revela el experto en comercio, Maxime Combes.